Observado

Las contrataciones realizadas por el ex y actual intendente de Maldonado, Enrique Antía, durante su último período -la mayoría de ellas hechas en forma directa y a través del mecanismo de excepción- motivaron varias observaciones del Tribunal de Cuentas (TC) y denuncias públicas por parte de la oposición. Sin embargo, los cuestionamientos no parecen haber surtido efecto en la población de Maldonado, que reeligió a Antía. 

Según un relevamiento hecho por el edil frenteamplista Joaquín Garlo, al que accedió Sala de Redacción, entre 2015 y 2019 la Intendencia de Maldonado (IDM) hizo 28 contrataciones por excepción; 13 de ellas fueron observadas al menos una vez por el TC.

El artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) previo a la modificación efectuada a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC), determina los mecanismos mediante los cuales los entes públicos pueden contratar servicios y el literal C explica bajo qué parámetros puede hacerse una contratación directa por excepción. Los argumentos esgrimidos por la IDM se amparan en el artículo 33 literal C del TOCAF, en los numerales 4 y 9 según sea el caso. 

El edil Garlo explicó a Sala de Redacción que “se registraron más de 1.000.000.000 pesos en contrataciones directas ilícitas observados reiteradamente por el TC” y que eso “da cuenta del mal manejo de los dineros públicos, lo que lleva a que hoy la IDM tenga un déficit acumulado que supera los 120 millones de dólares”.  Consultado sobre los cargos de confianza contratados por Antía respondió que “sólo por los cargos de confianza la IDM gasta por año 2.000.0000 de dólares” pero además mencionó que los contratos por arrendamientos de servicios le significan otro gasto a la IDM que, aunque no son cargos de confianza propiamente dichos, algunos están vinculados a las filas del Partido Nacional (PN). 

Si bien son varias contrataciones, vale la pena detenerse en tres de ellas, que han significado un gasto muy elevado para la comuna y la ciudadanía de Maldonado: Elbit Systems LTD, fundación A Ganar y el proyecto Pueblo Gaucho. Los contextos en que estas empresas llegaron a hacer negocios con la IDM, también es polémico.

Elbit Systems

La última gestión de Enrique Antía y el Partido Nacional en Maldonado, dio lugar a varias polémicas en cuanto al manejo de los dineros públicos. Una de las compras con mayor repercusión fue la del sistema de videovigilancia (de 1.200 cámaras) en 2016 a la empresa israelí Elbit Systems por una suma de 20.000.000 dólares. Esta compra fue realizada en forma directa y se mantuvo en secreto porque se entendía que el contrato contenía información confidencial.

Si bien la compra fue efectuada en 2016, desde 2014 la idea merodeaba en Maldonado. Ese año, la Cámara Empresarial de Maldonado y la Comunidad Israelita de Punta del Este (CIPEMU) crearon el proyecto “Maldonado Ciudad Inteligente”. Según información proporcionada a Sala de Redacción por la periodista de Brecha Mónica Robaina, este proyecto había sido presentado a todos los partidos políticos en la campaña electoral de 2015 por parte de Rolando Rozemblum presidente de CIPEMU y José Pereyra de Brum, presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado. Quien lo tomó fue el ahora reelecto intendente, Enrique Antía. 

Rozemblum, además de presidente de CIPEMU, era dueño en 2014 de Damertir S.A, más conocida entre los habitantes de Maldonado como Casa Valor, que en la campaña de las elecciones departamentales de 2015, le había donado a Antía 106.000 pesos, según datos extraídos de la página web de la Corte Electoral. 

El juez brasilero Sergio Moro había condenado a Rolando e Isidoro Rozemblum en 2006 por corrupción activa; según la revista brasileña Veja, ambos estaban en el complejo médico penal de Curitiba pero por complicaciones de salud fueron trasladados a la localidad de Santa Cruz, donde según Veja, de forma “misteriosa” lograron fugarse a Uruguay en donde tendrían 300 millones de reales para volver a reinsertarse en el mercado empresarial. 

En este contexto, llega el proyecto impulsado por CIPEMU y la Cámara Empresarial, que también fueron respaldados por NOA Security, empresa que diseñó el proyecto primario para la campaña 2015. 

Una vez electo intendente Antía firmó el convenio -el cual según informó Robaina a Sala de Redacción– se firmó en el marco de un acuerdo con el Departamento de Cooperación Internacional de Defensa de Israel (Sibat), y quien eligió a la empresa que llevaría adelante la negociación fue Avi Staroselsky, presidente de NOA Security.

La IDM fue quien dispuso suscribir un convenio con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional, según la resolución N° 2379/16 del Tribunal de Cuentas (TC), “para la instalación e implementación de un sistema de cámaras de videovigilancia en el departamento de Maldonado, así como todos aquellos acuerdos complementarios que resulten necesarios para viabilizar el cumplimiento de dicho objetivo”.

El 3 de junio de 2016 Antía resolvió contratar a la empresa israelí Elbit Systems LTD, para que instalara y pusiera en funcionamiento el sistema de cámaras de videovigilancia pública que esta empresa le proporcionaba a la IM, bajo el amparo del artículo 33, literal C, numeral 8 del TOCAF. Este artículo disponía que la adquisición podía hacerse por contratación directa por excepción y en forma secreta por el monto de 18.000.000 dólares con un adicional de 500.000 dólares por impuestos, según un documento disponible en la web del TC. 

El Tribunal entendió que debía observar el gasto por no haber créditos disponibles para asumirlo y se amparó en el artículo 15 del TOCAF (2012) que estipula que “no podrán comprometerse gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible”. La primera observación del TC se dio el 6 de julio de 2016.

Elbit, el 11 de agosto, a efectos de cumplir las obligaciones del contrato firmado el 3 de junio, eligió a la empresa Sureste Construcciones para instalar el centro de monitoreo. El 19 de setiembre de 2016, la IDM aceptó esta contratación y tuvo que abonar por este servicio 23.068.140 pesos, 7.307.888 (35%) al inicio, el 20 de setiembre, mientras que el saldo restante lo pagaría en forma mensual. Mediante la resolución N° 3637/16, el TC observó el gasto por dos motivos: derivaba de un gasto observado -es decir el referente a la adquisición del sistema- y, en segundo lugar, la IDM no contaba con el crédito necesario para efectuar dicho gasto. 

El 17 de octubre de 2016 la IDM y la empresa israelí acordaron agregar al contrato, mediante una adenda, productos y servicios que se encontraban por fuera del contrato pero intervenían directamente en la instalación del sistema. El Tribunal volvió a observar el gasto porque la adenda provenía de un contrato ya observado, es decir el contrato primario en el que se acuerda la adquisición de las cámaras y que no tenía saldo presupuestal que lo respaldara. 

El 1 de febrero de 2017 la IDM imputó la suma de 381.420.000 pesos para solventar el monto acordado en la contratación del sistema de videovigilancia. El TC decidió observar la imputación en su sesión del 08/03/17 porque derivaba de la observación realizada por el Tribunal el 6 de julio y porque, además, no contaba con disponibilidad presupuestal para solventar el gasto.

El 9 de noviembre de 2018 Antía dispuso poner en marcha lo dispuesto en el numeral 1.5 Anexo A del contrato, relativo al mantenimiento del sistema, por un precio de 800.000 dólares, los cuales se pagarían según lo dispuesto en el contrato en cuatro cuotas de 200.000 dólares, a pagar de forma semestral entre el 31 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020. El Tribunal decidió observar el gasto, ya que una vez más no había disponibilidad suficiente de dinero para hacer frente a dicho pago.

Tras ganar las elecciones del 27 de setiembre, en diálogo con Sala de Redacción, Antía había confirmado lo que durante su campaña llevó como propuesta: adquirir 300 cámaras más por intermedio de la empresa Elbit Systems: “hay un convenio que ha sido muy exitoso, y que está pendiente, además el sistema ya instalado soporta varios miles de cámaras más y vamos a aprovechar la misma tecnología” había dicho. 

En total, el TC se expidió en seis oportunidades sobre los gastos en la adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del sistema de videovigilancia pública suministrado por la empresa Elbit Systems; observó en cuatro oportunidades los gastos mencionados y mantuvo las observaciones en otras dos ocasiones.

Garlo contó a Sala de Redacción que “la bancada del FA en Maldonado, mediante una demanda de acceso a la información pública, logró acceder al contrato y sus adendas, cosa que logramos luego de la decisión del Tribunal de Apelaciones de lo Civil de Sexto Turno” y agregó que “el proceso fue largo pero fructífero” pero que se logró “constatar que hubo vicios en cuanto a su celebración y a los mecanismos elegidos, a los actores involucrados y ese es el caso paradigmático, estamos hablando de más 21 millones de dólares”.

Además, el edil puntualizó que “no eran 18.500.000 dólares como se decía en un principio, sino que sumamos 21 millones y hoy podemos decir que son más de 27 millones de dólares que se han abonado por el sistema de videovigilancia, contando también el mantenimiento y el pago de los funcionarios que trabajan en el centro de monitoreo” y aseveró que “estamos hablando de tres veces más de lo que gasto el Ministerio del Interior en su momento, cuando el Ministerio además adquirió más cámaras que la Intendencia”. “Esto lo denunciamos en la interpelación que le hicimos al intendente Antia, que da cuenta al menos de una situación irregular o llamativa que seguimos con atención hasta el día de hoy”, agregó.

Fundación A Ganar

La fundación A Ganar es una organización sin fines de lucro fundada en 2005 con el objetivo de promover la reinserción de personas al mercado laboral a través de capacitaciones.

Pero otros de los gastos significativos para la comuna que detalló Garlo fueron “las contrataciones a través de la fundación A ganar, presidida por la esposa del ex ministro de Economía y Finanzas del PN Ignacio de Posadas. La fundación ha sido una especie de puente para el ingreso al trabajo a la intendencia, pero no a través de la intendencia propiamente dicha sino a través de la fundación” cuestionó Garlo. 

El TC observó en 14 oportunidades documentos que se firmaron entre la fundación y la Intendencia, tanto por el procedimiento como por falta de rubros determinados por la Intendencia. La suma que percibió la fundación durante 2017 fue de 144.370.600 pesos.

Pueblo Gaucho

Pueblo Gaucho es un parque temático inaugurado el 1 de febrero de 2020; está ubicado en la ciudad de Maldonado, tiene una extensión de tres hectáreas y según información de la página web de la IDM, el proyecto costó alrededor de 1.300.000 dólares. 

Garlo explicó que la empresa COINLAR S.A. “fue contratada por el 1.5% más IVA de los fondos que administró para la realización del parque temático”, el cual “fue una obra totalmente innecesaria, un capricho del intendente Jesús Bentancur, que sumó al déficit de la Intendencia que hoy asciende a más de 120 millones de dólares”, enfatizó.

Esta compra fue observada en cinco ocasiones y en otras tres se mantuvieron las observaciones por reiteraciones de gastos que ya se habían observado anteriormente. Esto deja entrever que la IDM le ha hecho caso omiso a las observaciones del TC, accionar que se repite en las contrataciones mencionadas y desarrolladas anteriormente.