El gremio de trabajadores de Conaprole está envuelto en un conflicto que comenzó en abril y recién parece acercarse a un final. En las últimas horas, a través de un comunicado, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) confirmó que llevará adelante una denuncia penal contra el senador nacionalista Sebastián Da Silva y el intendente de Maldonado, Enrique Antía. La presentarán este martes 13, a las 16.00, en la Fiscalía de Maldonado por considerar que “hay méritos para que sean citados a declarar por sus dichos con la intención de que se retracten”.
Desde que se adquirió una nueva envasadora en la fábrica de Rodríguez, en el departamento de San José, los empleados adoptaron medidas gremiales que con el tiempo se propagaron por todo el país y afectaron tanto la producción como la distribución de leche y sus derivados. La máquina ocupa el lugar de las dos anteriores por su capacidad de envasar 15.000 litros de leche por hora —mientras que sus antecesoras, solo podrían envasar 6.000 cada una—, e implicó una reasignación de turnos y horarios en los esquemas normales de trabajo con menos personas por jornada. Miembros del sindicato evaluaron estas modificaciones como perjudiciales puesto que el sobrante en la mano de obra en muchos casos fue derivado de funciones especializadas a tareas generales.
En la actualidad, sin embargo, el conflicto se canalizó en un ámbito tripartito entre el sindicato, la empresa y autoridades del gobierno que se generó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En este sentido, se está negociando, en un plazo de 30 días, el padrón, la forma de trabajo, las condiciones laborales y posibles mejoras económicas y tecnológicas. Desde el 25 de mayo no rige ninguna medida y el trabajo se ha normalizado. Luis Goichea, dirigente de AOEC, dijo a Sala de Redacción que el 30 de mayo se empezó a producir “con normalidad” y explicó que, luego de la cuarentena correspondiente que debe cumplir cada producto, lo elaborado será liberado normalmente en los próximos días.
Declaraciones de guerra
A raíz de lo anterior, el senador Da Silva, en un encuentro de agrupaciones del Partido Nacional celebrado en Rocha, y también vía Twitter, condenó el paro y dijo que hay que declararle “la guerra” a “sindicalistas de panza llena que ganan sueldos de seis cifras” por “parar una empresa solo porque un funcionario en lugar de estar trabajando en un mostrador tiene que trabajar en otro”.
Goichea argumentó que “no es verdad” que tengan salarios de seis cifras y aclaró que presentaron documentación que da prueba de los ingresos. Lamentó este llamado a “la guerra moral y social” y señaló que es una “incitación al odio y a la violencia”. Además, calificó como un error que Da Silva catalogara el conflicto como “grave y desmedido”, cuando en realidad solo tuvieron “15 días de medidas, entre el 9 y el 24 de mayo”, que implicaron trabajo a reglamento, dos horas de paro para participar en asambleas de planta y tres horas para participar de una asamblea general el 18 de mayo.
Sobre los traslados “de un mostrador a otro”, que planteaba Da Silva, Goichea respondió que en el fondo del asunto están las formas de trabajo: “en ese sector habían 32 trabajadores y la propuesta inicial del sindicato fue de mantener las mismas horas y emplear 23 trabajadores”; luego, en línea con la voluntad de Conaprole de aumentar las horas de producción de 12 a 18, propusieron un padrón “de 27 personas”. El referente sindical puntualizó que lo que rechazan son las nociones de “polivalencia” o “polifuncionalidad” que emplea la empresa en la negociación porque las nuevas tareas “alivianan lo físico pero complejizan lo mental”, generando estrés.
Antía también será denunciado por AOEC por sus dichos en relación a un conflicto de “hace algunos años”. El intendente dijo que “encontraron a un funcionario robando leche, el directorio [de Conaprole] lo destituyó y obligaron a retomarlo en un gobierno del Frente Amplio”. Según Goichea la afirmación es errónea porque “esa persona fue despedida, se le hizo una investigación y nunca trabajó en Conaprole, ni en ese período ni posteriormente”. Además, Antía señaló que desde aquel episodio, el sindicato “se fue a las cuchillas”, pero para Goichea, las medidas que se tomaron en aquel momento no eran únicamente por la situación puntual sino que “exigían garantías para un procedimiento en el que uno pruebe si es inocente o no” y estaban enmarcadas en un proyecto de “procedimiento disciplinario” que se terminó firmando en 2013.
Tras enterarse de que AOEC lo denunciaría, Da Silva reaccionó vía Twitter. “Si estos sindicalistas piensan que judicializando mis opiniones me van a callar, leyeron poco de la historia del Partido Nacional. A entera disposición de la justicia, cuando entienda pertinente. Estamos del lado de la cultura del trabajo y del esfuerzo, no del sindicalismo del FAPIT”, replicó este viernes.
