Tras instancias aplazadas, negaciones e incertidumbre, la mujer que había sido despedida de la empresa Aseo hace poco más de un mes fue finalmente reintegrada a la empresa. El despido ocurrió después de notificar que iría a trabajar con custodia policial por sufrir violencia de género. Con un contrato a prueba por el plazo de 90 días, este mismo lunes retomará su jornada laboral.
La instancia de negociación tuvo lugar en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se presentaron, por un lado, la gerenta de Recursos Humanos de la empresa y su abogado, y por el otro, representantes de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS), así como de la ONG El Paso, la víctima y su abogada.
Dentro de un mes se tendrá una tercera instancia para evaluar el transcurso del relacionamiento laboral. Según Richard Mateo, secretario de género de FUECYS, en ese nuevo encuentro también se volverá a plantear “una de las cosas que requeríamos y para la que no obtuvimos respuesta”, es decir, “una capacitación a las empleadas de la empresa sobre la ley integral de violencia basada en género, la cual nosotros mismos, junto a El Paso, estamos dispuestos a dar”.
En la primera instancia, generada por El Paso, FUECYS y el apoyo de organizaciones feministas, se subrayó la necesidad de que reintegraran a la mujer o que, al menos, le brindaran un resarcimiento. En esa primera reunión, cuenta Mateo, no asistieron los abogados de la empresa porque estaban fuera del país, por lo que “la gerenta de Recursos Humanos fue sola, y entendía que no podía dar respuesta hasta que no volvieran los abogados”. En consecuencia, se realizó esta segunda instancia con el mismo planteo, en la que Aseo Plus volvió a negar que el despido hubiera sido causado por la presencia de la custodia.
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En marzo había comenzado a trabajar en la empresa. Una noche, su pareja la esperó a la salida del trabajo y desató en la vía pública lo que hacía tiempo venía pasando entre paredes. Esta vez la víctima llamó al 911. Al otro día, hizo la denuncia correspondiente. Su vida estaba bajo extrema amenaza, por lo que debía disponérsele el uso de una tobillera electronica al agresor, una de las medidas más efectivas ante las situaciones de violencia doméstica de mayor gravedad. Pero como ha sucedido en reiteradas ocasiones, no había tobillera disponible, por ende, le brindaron una custodia policial a la víctima.
Ese día, la mujer llamó a Aseo, primero para comunicarles que no podía asistir al trabajo por dicha situación y, luego de conocer la resolución de la Justicia, para notificar que al otro día se reintegraría y lo haría con custodia policial. La respuesta fue que no asistiera, que directamente se dirigiera a Recursos Humanos. Al ir, le informaron que estaba despedida por bajo rendimiento. Por medio de una llamada desde Recursos Humanos, que la empresa niega pero las organizaciones y ella confirman, se le comentó que no quedaba bien que llegara a un lugar público con custodia policial.
La mujer, con dos hijas a cargo, brindaba servicios de limpieza en un supermercado. Aún no habían pasado tres meses de trabajo por lo que estaba en “período de prueba”, que implica no tener derecho a despido remunerado y, por ende, lo único que se le dio fue la liquidación. Sin embargo, el artículo 40 de la ley integral de violencia basada en género establece que no se puede despedir a la mujer que sufre violencia durante los primeros seis meses de aplicada la medida cautelar. Y si lo hicieran, “el empleador deberá abonarles un importe equivalente a seis meses de sueldo más la indemnización legal que corresponda”.
Ante esto, Andrea Tuana, directora de El Paso, interpretó que el hecho de haber estado dentro del período de prueba hizo que el artículo quedara sin efecto, pero aún así, consideró que debía brindársele un resarcimiento o reintegrarla. Mateo, por su parte, consideró que la ley no menciona al período de prueba, y por tanto, planteó que el artículo debería aplicarse, ya que “no alcanza con que las leyes existan, sino que después que existen hay que hacerlas valer y respetar”.
Pero Aseo nunca aceptó que el despido fuera por la presencia de la custodia policial, por el contrario, Mateo manifestó que en el primer encuentro, la empresa aseguraba que han tenido muchos casos similares y que nunca desvincularon por esa razón a una trabajadora, y si bien dijeron tener pruebas de ello, nunca las mostraron.Además, “si fuera por bajo rendimiento, tuvo que haber un llamado de atención previo al despido y un mail por parte de las encargadas. Pero no existió ese mail ni tampoco le explicaron nada. La situación está clarísima”, sostuvo el secretario de género de FUECYS. Tuana agregó que en caso de que efectivamente no haya sido esa la razón, “el perjuicio que le causó a esta trabajadora igual está; la incertidumbre de estar sin trabajo, con dos hijas a cargo que no sabía con qué darles de comer y con la vida bajo amenaza… es una situación tremenda de alta sensibilidad social que la empresa no contemplaba”.
Por esta misma razón, también se le solicita a la empresa que brinde talleres de sensibilización respecto a la ley integral de violencia basada en género: “La ley es bastante nueva y muchas mujeres no conocen sus derechos, además, tampoco les dicen que las echan por esa razón, y si vos no tenes un respaldo fuerte, es muy difícil que vayas a patalear”, consideró Tuana.
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No es un caso aislado. En el último tiempo, a Andrea Tuana le han llegado tres situaciones laborales similares, y no duda de que hayan muchas más. Tampoco es esta, además, la única empresa que no brinda capacitación sobre el tema. No es un caso aislado. Durante el 2018, hubo más de 40 mil denuncias por violencia de género. El Ministerio del Interior compró 200 tobilleras para casos de violencia doméstica y 500 para prisión domiciliaria, pero sigue faltando disponibilidad. No es un caso aislado. No hay datos sobre cuántas mujeres necesitaron apelar al sistema de tobillera y no han accedido, como tampoco hay registro de cuántas de esas 40 mil denuncias corresponden a una misma víctima.
Las denuncias por violencia de género, que han ido aumentando exponencialmente con el correr de los años, “son resultado de un cúmulo de factores”, afirmó Soledad González, integrante del colectivo Cotidiano Mujer. Entre ellos, que “hay más visibilidad, hay más conciencia de que la situación que viven es de violencia, pero a su vez, hay una reacción por parte de los hombres más profundamente machista ante este avance liberador de las mujeres”. Es por esto que “hay una gran cantidad de femicidios que son cometidos por ex parejas, cuando la mujer ya cortó con esa relación”.
González no duda de que la situación sería notoriamente mejor si la ley contara con presupuesto. “Lo que necesitamos es inversión, y ese es el reclamo que hacemos desde las organizaciones sociales”, explicó Tuana, a paso firme, el mismo paso que logró esta nueva conquista social.
