Eduardo Bleier tenía 47 años. Era odontólogo. Tenía cuatro hijos. Pertenecía al Partido Comunista del Uruguay (PCU), como tantos otros, como muchos otros que ya no están. A Eduardo Bleier lo detuvieron el 29 de octubre de 1975. Los últimos testimonios dan cuenta de que se lo vio por última vez en febrero de 1976 en el centro clandestino conocido como 300 Carlos o Infierno Grande.
“Estaba en un foso, con unos tablones por arriba, no sé si en estado de inconsciencia, pero no hablaba, y nos obligaban a pasar por arriba de los tablones para ir al baño. Nosotros pisábamos ese cuerpo probablemente. Yo vi que lo sacaban del Blindados 13 el 12 de diciembre de 1975, con una máscara de oxígeno, lo que da la idea de las condiciones en que se encontraba”, contó Rita Ibarburu ante la Comisión Investigadora Parlamentaria en 1985.
Bleier fue internado en el Hospital Militar y luego devuelto al 300 Carlos. Tenía que usar una máscara de oxígeno de forma permanente por el deterioro físico. Probablemente, como todos los detenidos desaparecidos, perdió su identidad, su nombre propio, y se le adjudicó un número en el cuello para llamarlo a las sesiones de tortura y tareas en el cuartel. Según el informe de la Comisión para la Paz, Eduardo Bleier murió entre el 1° y el 5 de julio de 1976 a causa de las torturas recibidas en el 300 Carlos.
En 2005 un informe de las Fuerzas Armadas le llegó al Presidente de la República: se aseguraba que los restos de Bleier habían sido enterrados en el Batallón 13, luego exhumados, más tarde trasladados al Batallón 14, cremados y, sus cenizas, esparcidas en el predio.
Sin embargo, el 27 de agosto sus restos fueron encontrados en el ex Batallón de Infantería Nº 13. El Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) retomó la búsqueda en el predio en 2013 y desde ese momento han trabajado hasta el día de hoy. Alicia Lusiardo, antropóloga y coordinadora del GIAF, contó a Sala de Redacción que el 31 de diciembre se vencen sus contratos pero, antes de que suceda, pretenden excavar la totalidad del área. Hasta el momento excavaron un 85 por ciento de los terrenos. La búsqueda, luego de encontrados los restos, continúa con dos máquinas retroexcavadoras: una en la misma zona donde fue encontrado el cuerpo y otra en una zona cercana pero no exactamente contigua, para que las máquinas puedan tener la distancia necesaria para trabajar.
El equipo del GIAF está conformado por 11 personas que, según Lusiardo, pueden excavar en más de un sitio a la vez. Dentro de lo que es la investigación preliminar tienen como objetivo el Batallón de Infantería Nº 14 y otros tantos, pero el comienzo de la búsqueda dependerá de que la Justicia y Presidencia den lugar a los pedidos del GIAF durante el tiempo que queda de los contratos.
Ricardo Perciballe, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, dijo a Sala de Redacción que la idea es continuar la búsqueda en el Batallón Nº 14, a partir de informaciones testimoniales que llegaron de periodistas y a partir de la denuncia sobre enterramientos que recibió el ministro de Defensa José Bayardi.
El análisis de los restos se viene realizando entre el GIAF y tres médicos del Instituto Técnico Forense. A su vez, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se encargó del análisis genético. Recibieron las muestras el martes 16 de setiembre y las compararon con las que posee el banco de datos de familiares de detenidos desaparecidos uruguayos. El porcentaje de la identidad es de 99,9 por ciento.
Saber que los restos pertenecen a Eduardo Bleier, a nivel judicial, no altera las investigaciones en marcha, dice Perciballe. Sin embargo, al encontrarse los restos y conocer su identidad, se puede imputar al culpable o a los culpables por homicidio muy especialmente agravado y no por desaparición forzada.
Pasaron 46 años desde el inicio del terrorismo de Estado. Pasaron 34 años desde la vuelta a la democracia. Según datos del Observatorio Luz Ibarburu, desde el año 2002 a julio de este año, son 30 los represores condenados y procesados, nueve de ellos ya fallecidos. Son 60 los indagados con pedidos de procesamiento -siete procesados o condenados por otras causas- y cinco los indagados que murieron antes de ser procesados. Mientras tanto, son más de 200 los detenidos desaparecidos, y sólo cinco son los cuerpos encontrados: Julio Castro, Ricardo Blanco, Ubagésner Chaves Sosa, Fernando Miranda y Eduardo Bleier.
Infierno grande
300 Carlos o Infierno Grande, así le decían a uno de los mayores centros de tortura y reclusión que operó durante la dictadura cívico-militar entre los años 1975 y 1977. Se estima que son más de 500 las personas detenidas que pasaron -y otras quedaron- por el centro. A Bleier lo encontraron en el Batallón de Infantería Nº 13, pero en 1975 lo desembarcaron en el Servicio Material de Armamento (SMA), en el galpón número 4, el 300 Carlos.
Durante esos dos años de funcionamiento, el complejo militar se dividía en tres unidades: el Batallón de Infantería Nº 13, el SMA y el Batallón de Comunicaciones 5 (o Ingeniería 5). Esas unidades permanecían separadas por tejidos de dos metros de alto y garitas, que vigilaban los ingresos y las salidas de un predio a otro. Los ingresos no estaban permitidos a cualquiera. Se suponían unidades independientes, aunque alguna relación denota el ingreso de los detenidos al SMA por un lado y los restos en el Batallón 13 por el otro -como en el caso de Eduardo Bleier y Fernando Miranda-, y también que las tres unidades dependieran del Comando General del Ejército.
“Que todas esas unidades respondieran al Comando General del Ejército significa que esas estaban conectadas”, dijo a Sala de Redacción Nilo Patiño, integrante del proyecto Cruzar e integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. “Nada de lo que pasaba ahí adentro estaba por fuera de las decisiones del Comando General del Ejército ni del Comandante del Ejército”. En ese período, el comandante en jefe del Ejército era Julio César Vadora, el comandante del Batallón 13 era el teniente Coronel Mario Aguerrondo y el segundo comandante era el mayor Alfredo Lami.
“El comando de División siente la satisfacción de destacar la fecunda y silenciosa labor de los Señores Jefes, Oficiales y Personal Subalterno que en el desarrollo de recientes operaciones antisubversivas, han logrado un éxito tan rotundo…”, escribía el general Esteban Cristi, jefe de la División de Ejército I, el 12 de febrero de 1976. La felicitación era por la Operación Morgan y estaba dirigida a los oficiales del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), entre ellos el teniente primero Jorge “Pajarito” Silveira.
Como se plantea en la investigación “Un modelo de guerra sucio: El rol operativo del OCOA en la represión” de Cruzar, el OCOA fue creado en 1971 específicamente para combatir a las organizaciones que llamaban sediciosas u opositoras. El territorio de acción de OCOA 1 –la más importante en cuanto a acciones represivas– abarcaba los departamentos de Canelones y Montevideo. De 1975 a 1976 fue cuando operó a mayor escala: “secuestros encubiertos, utilización de centros clandestinos de detención para interrogatorios y torturas prolongados, asesinatos, desapariciones forzadas”, se lee en la investigación. Todo estaba calculado. A través del Comando General del Ejército, el OCOA planificaba las operaciones y decidía qué personal de cuál unidad iba a participar.
La Operación Morgan, en jerga militar, fue la que prosperó en ese entonces. A cargo del OCOA y con la disposición de uno de los equipos del Servicio de Información de Defensa (SID), dependiente de la Junta de Comandantes en Jefe, la fuerza militar realizó una fuerte persecución y detención a integrantes del PCU y de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Antes de llegar a finales del ’75 y que la Operación se trasladara al OCOA y al equipo del SID, el organismo que intervenía en la represión al PCU y la UJC desde 1973 fue la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).
Desde 1975 el OCOA operó en la “casa de Punta Gorda”, conocida como “300 Carlos R”, y en el Servicio de Materiales y Armamento, conocido como “300 Carlos”. En 1977 se trasladó a La Tablada (Camino Melilla) o “Base Roberto”. La Compañía de Contra Información del Ejército, dependiente del organismo asesor del Comandante en Jefe, utilizaba el Batallón 13 de Infantería para el interrogatorio y “depósito” de los detenidos, plantea la investigación de Cruzar. Esta aclara que en los centros clandestinos “se aplicó todo el repertorio de métodos, físicos y sicológicos, desde el simple plantón hasta la tortura de una persona en presencia de su cónyuge, o la violación de hombres y mujeres”.
Documento proporcionado desde Cruzar; Sistema de Información de Archivos del pasado reciente. 
Documento proporcionado desde Cruzar; Sistema de Información de Archivos del pasado reciente.
El mayor José Nino Gavazzo era jefe del Departamento III del SID hasta 1975, cuando se incorporó al OCOA para participar de la Operación Morgan junto a todo un equipo del SID, cuyo jefe era Amauri Prantl. A partir de ese momento, quedaron a las órdenes del jefe de OCOA, Julio César González Arrondo.
Gilberto Vázquez, en su momento capitán, también participó de las operaciones: “interroga a los elementos capturados, trabajando intensa y prolongadamente logrando determinar fehacientemente las responsabilidades de personas que con su accionar antinacional constituyen una amenaza”, se lee en uno de los documentos analizados por Cruzar.
En el marco de la Operación Morgan, fueron 16 los detenidos del PCU que fallecieron durante su reclusión, según indicó Presidencia, y nueve los detenidos desaparecidos: Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Fernando Miranda Pérez, Carlos Pablo Arévalo Arispe, Julio Gerardo Correa Rodríguez, Otermin Laureano Montes de Oca Domenech, Horacio Gelós Bonilla, Ubagesner Chaves Sosa y Julio Lorenzo Escudero Mattos. Sólo dos de ellos fueron encontrados.
El 27 de octubre de 2011 varios militantes de Crysol se organizaron y expusieron sus testimonios como sobrevivientes de la tortura en el 300 Carlos y en el Batallón 13. Ocho fueron los pedidos de procesamiento por esa causa: José Nino Gavazzo, Jorge “Pajarito” Silveira, Mario Aguerrondo, Rudyard Scioscia, Mario Frachelle, Mario Manuel Cola, Homero González y Ernesto Ramas. Según el abogado del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, no ha habido más procesamientos ni condenas por crímenes cometidos en los predios militares del Batallón 13 y el SMA más allá de la condena de Juan Carlos Blanco por la desaparición de Elena Quinteros y de Juan María Bordaberry por un delito de atentado contra la Constitución en reiteración real, nueve crímenes de desaparición forzada y dos crímenes de homicidio político, los de Ubagesner Chaves y Fernando Miranda.
Modus Operandi
Los restos de los cinco detenidos desaparecidos encontrados hasta el momento mantienen un patrón similar: es un enterramiento primario -es decir que, una vez enterrados, nunca más se los movió-, a una profundidad de 80 centímetros y un metro y en fosas individuales. Los cinco hallazgos tienen otro factor en común: estaban recubiertos con cal.
“La cal lo que hace es destruir muy rápidamente el tejido blando, entonces a un cadáver que se le pone cal por encima se lo desfigura y se le destruye toda posibilidad de reconocimiento”, explica Lusiardo. En la época dictatorial no había uso de la genética, por ende “se creía que la única posibilidad de identificar a alguien era por reconocimiento facial o por huellas dactilares”, cuenta.
Algunas fosas fueron excavadas en la piedra y otras en sedimento. Pero ninguna de ellas son comunes. Para Lusiardo, que sean enterramientos únicos significa que las muertes se produjeron en distintos momentos pero también que están buscando “agujas en un pajar”. No hay evidencias de la Operación Zanahoria ni de cualquier otra operación de ocultamiento posterior a la democracia.
Antes de 2013 la búsqueda estaba orientada a partir de la poca información que había, relacionada con desenterramientos de cuerpos y reenterramientos. En 2014, con el alejamiento de José López Mazz como coordinador del GIAF y la reestructuración del equipo, se realizó una evaluación de la metodología de las excavaciones que se venían haciendo desde 2005 y se decidió ampliar la zona cautelar enfocándose en enterramientos primarios. Dentro de esta nueva zona es que se encontraron los restos de Bleier.
“Sabemos que no podemos dejar de excavar ni un metro porque ahí puede haber un cuerpo”, dice Lusiardo. López Mazz dijo recientemente a diversos medios que hay galpones en el límite del Batallón 13 y el SMA, frente al centro clandestino 300 Carlos, en los que varios militares indicaron que hay restos. Sin embargo, según lo plantea la actual coordinadora, con un georradar comprobaron en tres de los galpones que los pisos están intactos.
Durante los casi 15 años de excavaciones en los diversos batallones, las presiones y amenazas han sido una constante para los equipos de antropólogos y abogados. En 2016 ingresaron personas no autorizadas al laboratorio de Arqueología Forense y robaron material de archivo sobre los trabajos de búsqueda de detenidos desaparecidos. A su vez ubicaron en un mapa la dirección de cada uno de los integrantes del GIAF. En el Batallón 13 también han ingresado personas no autorizadas y drones. Luisardo cuenta que les han robado materiales dentro de los predios militares y que, cuando en 2013 se retomó la búsqueda en el 13, hubo una munición encontrada que detuvo la búsqueda hasta la elaboración de un protocolo que los ayudara a dar cuenta de las situaciones que pudieran poner en riesgo al equipo. “Es parte del trabajo, lo importante es buscar soluciones para que no se detengan las tareas, independientemente del tipo de suceso que te toca vivir en el transcurso”, afirma.
“Le estamos ganando al miedo, a las amenazas, a esas cosas tan oscuras”, cuenta Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos a Sala de Redacción, y concluye: “Cada compañero que se encuentra es una fuerza inmensa que dan ganas de seguir”.
