“El proyecto no es nuevo, sino que es un proyecto que fue archivado en el año 2016”, explicó a Sala de Redacción Bettiana Díaz Rey, diputada por el Movimiento de Participación Popular (MPP). Sin embargo, es desde el año 2007 que rondan en la órbita del Parlamento proyectos de ley que pretenden regularizar el tamaño y la disponibilidad de la tallería exhibida en las tiendas de indumentaria uruguayas. Si bien se retoma el texto del proyecto anterior, en esta presentación se realizaron modificaciones que expresan una clara perspectiva de derechos en relación con los cambios sociales actuales.

La Sala Acuña de Figueroa estaba llena. A pesar de que el clima invernal no acompañaba, alrededor de 100 personas se hicieron presentes para acompañar la instancia de presentación y discusión propuesta por el equipo que impulsa la Ley de Talles UY, que se llevó a cabo en el Anexo del Palacio Legislativo, edificio José Artigas. La convocatoria que se generó responde a la necesidad que tiene la población uruguaya de contar con medidas acordes a las diversas corporalidades que existen en el país.

El evento contó con la participación de un amplio panel conformado por diversos actores entendidos en la materia: diseñadores de indumentaria, legisladores de todas las orientaciones políticas, activistas por la diversidad corporal y la salud mental y representantes de la Cámara de Diseño de Uruguay, el Sindicato Único de la Aguja y el PIT-CNT.

El movimiento social “body positive” ha cobrado gran relevancia en los últimos años. Promueve concientizar acerca del impacto negativo en la salud mental y física que generan los estándares de belleza impuestos por la sociedad basados en la cultura de la delgadez. En este marco es que se busca legislar para que se garantice el derecho universal de acceder a cualquier tipo de vestimenta, incluyendo ropa interior y calzado, sin importar la talla, ya sea pequeña o grande.

Aún queda mucho camino por recorrer, pero la cantante Victoria Ripa afirmó en la presentación que “traer esta conversación al Parlamento es un paso para seguir construyendo y un paso para seguir desmantelando creencias respecto a las corporalidades que no hacen otra cosa que afectar nuestra salud mental, emocional y física”.

¿Qué propone la ley?

En sus artículos, el proyecto parte de la premisa de la coherencia en dos sentidos: entre los talles exhibidos en las tiendas y entre estos y los cuerpos de la población uruguaya. Actualmente la variedad de talles que se ofrece en el mercado local se limita a cuatro parámetros que no son representativos y mucha gente queda al margen en cuanto a las tendencias o estilos porque no hay variedad, de modo que se ven privados de elegir cómo vestir. Tampoco existe un consenso entre los comerciantes en cuanto a las medidas de un mismo talle, por lo que usualmente el talle varía según la tienda.

En busca de regularizar esta situación, la ley plantea como herramienta la realización de un estudio antropométrico de la población para conocer las medidas corporales de las y los uruguayos, y propone actualizar la tabla de talles cada diez años. Este estudio jamás se ha concretado en el país por lo que se desconocen estas características físicas que, entre otras cosas, dificulta a la industria nacional a la hora de confeccionar sus prendas. 

La secretaria de la Cámara de Diseño de Uruguay, Guillermina Castro, manifestó que es importante ver a este proyecto como una una oportunidad de desarrollo “y no como una amenaza”, ya que es necesario construir una base de datos antropométricas y contemplar las distintas miradas de los actores involucrados. Romina Díaz Cibils, diseñadora uruguaya e integrante del equipo de Ley de talles UY, planteó la necesidad que tienen los diseñadores locales de tener información sobre sus consumidores y lograr adaptarse a las necesidades básicas de cada cuerpo, ya que “actualmente el desarrollo de moldería está basado en una estimación”. Además, mucha ropa se importa desde el exterior, mayormente en China, donde las prendas están confeccionadas para las corporalidades asiáticas, que se diferencian ampliamente de las corporalidades latinas.

La ley también plantea que es necesario reconocer que vestirse de forma adecuada, es decir según las necesidades y preferencias del individuo, es un derecho fundamental del ser humano. Es a través de la vestimenta que la persona se identifica, se expresa y se siente representada. Cuando no puede acceder a esto, es oprimida y reprimida en su libertad de expresión y elección, lo que impacta negativamente en la salud mental, emocional y física.  

En esta línea, se busca prohibir el “talle único” que, según la licenciada en Psicología Victoria Marichal, “valida la idea de que existe un solo modelo corporal, lo que genera sentimientos de angustia y frustración a quien no consigue que le quede bien esa prenda que supuestamente se adapta a todos los cuerpos”.

Si se aprueba la ley, los establecimientos comerciales dedicados al rubro vestimenta tendrán un plazo de dos años para adecuar su mercadería a la tabla de talles realizada a partir del estudio antropométrico. Quedan eximidas las tiendas que realizan prendas a medida, las casas de segunda mano, las liquidaciones por cierre y los saldos, en este último, el volumen de las prendas ofrecidas bajo esta modalidad deberá ser menor que las prendas destinadas para la venta regular.

Asimismo, el proyecto establece que las tiendas deberán garantizar un trato digno y equitativo hacia los consumidores. Para muchas personas es una experiencia traumática comprar ropa: soportar comentarios y miradas sobre sus cuerpos, pagar un sobreprecio por el aumento de talla o ser enviados a la sección de niños. A través de la ley se pretende enviar un mensaje de empatía y aceptación; cada cuerpo es diferente, pero todos son válidos y el derecho a elegir cómo vestir debe ser igual para todos.

¿En qué está la ley?

Este proyecto ingresó hace un año a la Comisión Especial de Equidad y Género del Parlamento. El texto original fue modificado en conjunto con el equipo Ley de Talles UY y aportes de la Cámara Industrial de la Vestimenta, el Sindicato Único de la Aguja y la Cámara de Diseño de Uruguay, organizaciones que ven con preocupación la ausencia de adaptación al cuerpo uruguayo a nivel ergonómico y antropométrico. 

Actualmente la comisión no se ha reunido, pero la ley está en discusión y busca la votación favorable para luego pasar al plenario. Esperan recibir la media sanción en la Cámara de Diputados y lograr recibir la media sanción en la Cámara de Senadores, algo que sus antecesores no alcanzaron. Díaz Rey, quien además fue moderadora del conversatorio, afirmó que es necesario “visibilizar la importancia del reclamo de las personas”.

Respecto a los proyectos anteriores, la diputada del MPP aseguró que “no estaban dadas las condiciones para aprobarlos” pero hoy el panorama parece favorable para que esta discusión avance en el Parlamento gracias a que existe una mayor conciencia social, así como visibilidad y repercusión sobre el tema.

Los antecedentes  

Las discusiones sociales se estiran a nivel general en América Latina. En países como Chile y Argentina, el debate sobre la democratización a la hora de vestir está encima de la mesa. En la vecina orilla se presentaron 14 proyectos de ley talles al Congreso. A mitad de 2021 se aprobó una ley que establece la aplicación del Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria, que se encarga de regular la producción destinada a los argentinos mayores de 12 años.

A nivel nacional, el debate acerca de implementar una regulación en el etiquetado de talles data de largo tiempo, concretamente desde el año 2000. En esa oportunidad fue presentado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley denominado “Vestimenta Femenina y Masculina. Normas para su fabricación e importación”. Sin embargo, el espíritu de esta ley dista mucho de los objetivos que se persiguen actualmente. Dicho proyecto fue archivado en 2004. 

En el año 2007, Carlos Enciso, quien entonces era diputado por el Partido Nacional, presentó el proyecto de ley “Comercialización de prendas de vestir”, que establece la obligatoriedad de disponer de todos los talles que respondan a las características antropométricas de nuestra población en los diferentes establecimientos donde elaboran y distribuyen prendas de vestir. Aunque el proyecto recibió media sanción en la Cámara de Diputados, no se logró un acuerdo en la Cámara de Senadores, por lo que en 2010 se archivó.

En 2016 se retomó el proyecto presentado por Enciso a través de la diputada nacionalista Pía Biestro, pero sufrió el mismo destino y fue archivado al final de la legislatura. Esta vez, un grupo de cinco mujeres, ninguna de ellas legisladoras, impulsan un proyecto que se basa en el texto del año 2016, pero fue adecuado a las necesidades sociales actuales. De esta forma, queda en evidencia que no es meramente una necesidad estética, sino una realidad que atraviesa a la salud en todos sus aspectos. Es una cuenta pendiente que tiene el Parlamento y, quizás, la tercera sea la vencida.

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