Juan Raúl Williman es abogado desde hace casi dos décadas y hace cinco años es responsable del Consultorio Jurídico Descentralizado de Asistencia a las víctimas del delito de la Udelar. Es una figura públicamente conocida y ha estado involucrado en la defensa de las víctimas en casos mediáticamente difundidos como “Operación Océano” y la “Violación del Cordón”. 

Año tras año aumenta el número de denuncias por este tipo de delitos, lo que, según Williman, responde a que “hay mejores condiciones para denunciar, ya que también hay toda una movida social que protege a la víctima y la hace sentir más segura”. Puntualizó además que los delitos de índole sexual tienen una complejidad extra: usualmente la sociedad cuestiona a la víctima y los medios de comunicación tienden a calificarla de “presunta”, pero el abogado afirmó que se trata de un error técnico, “la víctima no es presunta, es víctima”.

En diálogo con Sala de Redacción, el abogado habló acerca de su experiencia con los casos de delitos sexuales y género que recibe tanto en su ejercicio privado como en el Consultorio Jurídico que dirige.

¿Cómo se definen los delitos sexuales?

—Habría que distinguir entre antes y después de la ley de violencia de género, ya que cambió radicalmente. Originalmente había dos figuras delictivas: el atentado violento al pudor y la violación. La conjunción carnal se consideraba como la penetración de un pene en una vagina y todo lo demás era atentado violento al pudor, que tiene una pena mucho menor que la violación. Esto evolucionó en 2017 cuando se sancionó la ley Nº19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género, en la que se crearon otras figuras más amplias. A partir de ahí existe el abuso sexual y el abuso sexual especialmente agravado; también hay otras figuras que son delitos sexuales, pero estas dos suplantan de alguna manera al atentado violento al pudor y a la violación. No es que uno sustituya al otro, sino que regulan momentos históricos distintos. Existen casos de personas que sufrieron un abuso crónico, que se prolongan durante mucho tiempo, en los que se tipifican las figuras anteriores y las actuales.

¿Qué es el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República?

—El consultorio está conformado por estudiantes, es una materia práctica obligatoria del quinto año de la carrera en la que los alumnos se vinculan al ejercicio profesional a través de esta actividad de extensión. Son los estudiantes quienes están en contacto con las víctimas, quienes hacen los informes y los escritos, mientras que los docentes supervisamos. En realidad, el cnsultorio funciona hace más de 80 años para ramas como derecho civil, familiar, administrativo; sin embargo, no existía para derecho penal, y eso ocurrió en 2017 con el nuevo Código del Proceso Penal, aunque también por la necesidad de las víctimas; es un logro de la sociedad civil porque fue la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide) la que comenzó a golpear puertas, se contactó con el Ministerio del Interior y con la Facultad de Derecho de Udelar, y a partir de ahí se armó el convenio que en definitiva es lo que permite que el consultorio funcione. 

¿Qué tipo de casos llegan al consultorio?

—En principio llegaban denuncias de rapiñas y homicidios. Los fundadores de Asfavide son padres que perdieron a sus hijos en estos hechos delictivos, por lo que se empezó a trabajar con casos de este estilo. Estos últimos años la cantidad de denuncias por delitos sexuales y de género han ido en aumento, la tendencia es marcada y sigue en subida. Cuando pasemos raya el 31 de diciembre podremos saberlo con certeza, pero las estadísticas dan cuenta de datos similares a los de 2020 y 2021, alrededor de 2.500 denuncias por año.

¿Por qué ha habido un aumento de denuncias?

—No sabemos a qué responde, vienen en aumento en el Consultorio Jurídico, vienen en aumento en la Fiscalía; creemos que aumentan porque hay mejores condiciones para denunciar, ya que también hay toda una movida social que protege a la víctima y la hace sentir más segura. No creo que haya más delitos sexuales, creo que son los mismos de siempre y que en todo caso hay una cultura distinta y hay un régimen jurídico distinto, que mejoran las condiciones para las denuncias.

En los últimos años, la cantidad de fiscalías especializadas en delitos sexuales también ha ido en aumento…

—Hoy en día son ocho las fiscalías especializadas en delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género; no sé si es el número adecuado, es decir, la saturación del sistema da cuenta de que no. Estas investigaciones son largas, dan trabajo y se acumulan. La acumulación de trabajo es inevitable en tanto crece el número de denuncias, lleva tiempo investigarlas y, peor, lleva tiempo mitigarlas.  Mientras estás tratando una denuncia cuando estás en turno, te van a entrar otras más, y así es de nunca acabar.

¿Cuántas de estas denuncias llegan a juicio?

—La tasa de aclaraciones en los delitos sexuales no es alta, un 70% de las denuncias no se aclaran y un 30% podrán aclararse, ya sea que haya una condena o no, porque hay casos en los que los imputados son absueltos. Desde 2017 tienen el apoyo de la Unidad de Víctimas y Testigos; haya condena o no, el asesoramiento psicológico lo tienen.

En los casos de abuso sexual se suele calificar a la víctima como “presunta víctima”, aunque no suele ser así en otro tipo de delitos como el robo, la rapiña, el homicidio. ¿Por qué esta distinción?

—“Presunta” es un error técnico porque en realidad el Código Penal no habla de “presuntas”. El código establece estatutos jurídicos distintos: uno para el imputado, otro para el testigo, otro para el defensor, otro para la víctima. La víctima no es presunta, es víctima. Cuando se denuncia un hecho de apariencia delictiva la persona es víctima, y no porque se cometió el delito o haya un condenado, sino porque ingresan con ese estatuto y tiene ciertos derechos y garantías propias de quien denuncia. Quizás el código le podría haber llamado “denunciante”, pero en realidad para aggiornarse a la normativa internacional le puso el nombre de “víctima”, más allá de que el caso se aclare o no.

En base a su experiencia, ¿cuáles son las principales particularidades de estos casos? 

—El primer problema es la prueba y la situación de la víctima; en general en otros delitos como homicidio o rapiña, la víctima no se siente cuestionada. No hay dudas del caso y se trata de determinar quién es el responsable, aunque a veces no se aclare. Los delitos sexuales tienen toda otra particularidad: la víctima ya siente, y es una realidad, que va a ser cuestionada. En todos los casos de delitos sexuales se le hace una pericia a la victima para tratar de determinar la verosimilitud de su relato y los indicadores de abuso sexual, es decir, se trata de verificar la propia prueba que se diligencia, si efectivamente ocurrió ese hecho. También tienen la complejidad del componente emocional y temporal; el proceso de develación no es matemático, hay personas que pueden develar al otro día, otras pueden hacerlo a los 10 años y hay personas que no pueden hablar nunca. Además, son delitos que no se dan en situaciones en las que uno pueda tener otros elementos probatorios; en una rapiña o un copamiento, capaz que hay cámaras, testigos. Pero en una situación íntima es raro, incluso puede haber cámaras o testigos del momento previo o del momento posterior, pero no del hecho en sí. Es mucho más complejo si es intrafamiliar, quizás se pueda tener la colaboración de otro familiar, pero son casos muy difíciles.

En cuanto al rol de los medios de comunicación, ¿cree que la mediatización de un caso produce algún efecto a la hora del proceso judicial?

—Sí, produce. Creo que impacta negativamente tanto en imputados como en víctimas. Los imputados quedan absolutamente expuestos, cuando en realidad el trámite está en etapa de investigación. Lamentablemente las víctimas también quedan expuestas a una especie de duelo de hinchadas irracionales; la gente empieza a opinar sobre el caso sin siquiera haber visto la carpeta. Entiendo y estoy de acuerdo con que el proceso cambió para ser público una vez que se produce una formalización o que se decide presentar una acusación, entiendo razonable que la prensa y la población tienen derecho a conocer la información porque es una garantía del sistema; a mí lo que me preocupa es la prensa en esa etapa previa de investigación. Cuando se está investigando hay que lograr la mayor reserva posible para que esa investigación se haga lo mejor posible, lo cual no es sencillo de hacer porque fácilmente se filtra la información.

¿Cree que el sistema judicial es imparcial cuando un caso se vuelve mediático?

—Pienso que sí y que además es su deber. Los operadores jurídicos tenemos que abstraernos de eso que nada tiene que ver con nuestro trabajo. Sin embargo, somos seres humanos, por lo tanto permeables, y los jueces en definitiva son personas que ven la televisión, leen el diario, leen las redes… pero estimo que todos tienen el profesionalismo suficiente como para, cuando se enfrentan a un caso concreto, resolver sólo en atención a la información del caso que tienen en la carpeta investigativa. No puedo negar que cuando un caso tiene presión mediática hay cierta celeridad para resolverlo, los operadores jurídicos sienten el ojo de la prensa y la sociedad.

¿Propondría cambios?

—Hay que mejorar los mecanismos de investigación, el mayor problema es la recolección de la evidencia. Así como hay policías que se dedican a la prevención de delitos, debería haber policías con formación específica solamente para la investigación de delitos sexuales y de género. Con personas especializadas en este tipo de delitos las investigaciones serían más profesionales, se perdería menos tiempo en la recolección de las evidencias necesarias para llevar adelante un juicio y tener un eventual resultado de condena. Ese trabajo la Fiscalía lo puede dirigir, pero no lo puede hacer, ya que ejecuta sus actos de investigación a través de la Policía. Es por esto que creo que tiene que lograrse un buen complemento entre las fiscalías especializadas en delitos sexuales y de género y una Policía dedicada a la investigación de este tipo de delitos, esto podría generar mejores resultados.

FacebookTwitter