“Si venís todo por Sanfuentes, es la entrada a mano izquierda”, describió Fabiana. Y allí esperó, en compañía de Yéssica, a Sala de Redacción. Ambas son voceras del asentamiento Nuevo Comienzo desde el momento que se inició la ocupación, hace ya más de un año.
Se trata de un terreno de 72 hectáreas, ubicado en Santa Catalina, que llevaba 58 años abandonado, según informaron las vecinas. Llegaron sin advertencias y en aquel entonces no había “ni cartel de propiedad privada, ni cercado, ni nada”, aseguró Fabiana. Pero a la ocupación masiva le siguieron las amenazas de desalojo debido a la primera demanda de Dervalix SA, empresa dueña del terreno. Inmediatamente los vecinos se organizaron, enviaron cartas y buscaron asesoramiento jurídico, todo en el marco de la emergencia sanitaria.
El terreno está delimitado claramente: en la zona sobre Burdeos están los vecinos que llegaron a un acuerdo con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), mientras que en la zona de Sanfuentes quedan alrededor de 60 familias que aún no han encontrado una solución. Yéssica asegura que esta división territorial es aún más notoria en la medida en que la Policía sólo ingresa a la zona de Sanfuentes. “El Estado nos procesa sólo a nosotros”, manifestó, y añadió que desconoce el motivo de esta diferenciación. Los vecinos de Nuevo Comienzo son conscientes de su situación, así como de sus derechos. “Sabemos que somos una ocupación reciente en comparación a otros asentamientos, pero hoy estamos luchando por nuestra urgencia, somos nosotros los que estamos acá”, expresaron con firmeza las voceras.
En marzo la Justicia falló a favor de una de las familias que había ocupado el predio, obligando al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) a otorgarles una vivienda. Dicha sentencia se cumplió y la casa fue entregada, pero ante las dos sentencias que le prosiguieron, el MVOT decidió apelar. La ministra, Irene Moreira, calificó el fallo como una “violación de derechos”, en la medida de que, para cumplir con la sentencia, se le estaría quitando el lugar a otra familia, según explicó a El Observador.
En comunicación con Sala de Redacción, el abogado y director de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Udelar, Juan Ceretta, dijo que las declaraciones de Moreira son “lamentables”, teniendo en cuenta que la obligación de los gobernantes es “tutelar por los derechos de todos, no enfrentar a unos pobres contra otros pobres”. “No es argumento decir que le estamos sacando la vivienda a otra persona”, opinan las voceras de Nuevo Comienzo, y concuerdan con Ceretta en que es una forma de hacer “que la pelea sea entre nosotros mismos”. Las vecinas insisten en que la mayoría de las personas que hablan de ellos en los medios “no conocen el predio” y por esta razón no conocen la situación. Si así fuera, entenderían “que uno no está acá para conseguir algo de arriba del Estado”, afirmó Yéssica y sonrió con ironía.
El primer fallo a favor de las familias significó una alegría para los vecinos del asentamiento, quienes, según Fabiana, estaban “todos contentos, hasta que la ministra apeló”. “Con el correr de los días nos dimos cuenta de que no se soluciona nada, es como ir tirando miguitas de pan”, explicó Yéssica. “Es gente que ya viene tan golpeada que están acostumbrados a que nunca sean definitivas las buenas noticias”, opinó Ceretta.
Una “burbuja especial”
A casi un año y medio de la ocupación, los vecinos son conocedores del terreno. Yéssica enumera algunos de los retos con los que tuvieron que lidiar la pasada temporada: el agua, las calles y el barro. “El invierno es cruel”, enfatizó Fabiana, y añadió: “dos o tres días de lluvia y no salís ni entrás”. Tienen la intención de arreglar las entradas, así como arreglaron las calles antes de saber que estaban ocupando propiedad privada, pero no tienen cómo, ya que traer maquinaria no sólo agrava el delito, sino que compromete a los trabajadores.
Predominan la chapa y el nylon, son muy pocos quienes tienen ranchitos con madera, lo cual es riesgoso en un espacio tan descampado. “Si no clavaste bien una chapa o no ataste bien un nylon, perdiste todo”, afirmó Yéssica. Pero los vecinos celebran las cosas más simples, por eso señalan con orgullo la creatividad de sus jóvenes vecinos que decoraron la fachada con la palabra “LOVE” escrito en vertical junto a la puerta de un rancho, con algunas maderas sobrantes. Añaden que la incertidumbre es lo que les impide “arreglar un poco más las cabañas”, en la medida de que cuentan “con poco capital como para estar gastando en vano”. Por eso prefieren acondicionar las cabañas sólo lo necesario para priorizar la calidad de vida y su prioridad actual es la reubicación de un merendero, con la intención de “compactar” el espacio, de manera que el merendero, la cocina, la despensa y la placita queden más “a la mano” de todos.
Uno de los ranchitos se hace notar con sus banderines de colores, se levanta orgulloso junto a la placita, con un cartel que reza “olla ‘sabor a pueblo'”. Según las voceras, la olla popular se hace seis días a la semana y se sirven alrededor de 180 platos diarios. El “almuerzo-cena” se sirve alrededor de las 6 o 7 de la tarde, ya que cocinar conlleva un trabajo de 4 a 5 horas. “Nos encantaría poder hacer almuerzo y cena, pero es imposible”, se lamentó Yéssica. Debido a la distancia, no existe comunicación entre la zona de Sanfuentes y la zona de Burdeos, aunque resaltó que hay casos de vecinos que cada día recorren esa distancia para ir a buscar un plato a la olla. Yéssica expresó la tristeza que les produce la situación, ya que sin importar las condiciones, la gente se sienta en la plaza a esperar la olla al rayo del sol o en la oscuridad del invierno.
Además, sirven la copa de leche seis días a la semana para alrededor de 90 niños, y no es sencillo porque “las donaciones merman por temporada”. Yéssica hizo referencia a una experiencia reciente en la que estuvieron “casi un mes” sin leche en polvo y apenas hace una semana que están abastecidos. La realidad es que en el asentamiento hay muchas madres solteras con niños. Las voceras aseguran que, desde el inicio de la ocupación, sólo han surgido dos casos de covid-19: el caso de una mamá y su bebé de tres meses. Afirmaron que la situación se manejó bien porque siguieron el protocolo y el almacén del barrio trabajó como “delivery”. “Es como si el barrio estuviese aislado”, analizó Yéssica, “como si fuéramos una burbuja especial”.
Otro de los motivos por los que ponen empeño en el merendero es para tener un espacio físico en el que realizar talleres para niños. Allí planean colocar un módem “para que al menos los niños puedan contar con las herramientas para trabajar”. Yéssica asegura que varias madres intentan dar clases básicas, pero la realidad es que hay muchos niños que “no saben los números ni las letras” y las madres no se sienten capacitadas para enseñarles, comentaron mientras dejaban libre la entrada de la placita, en la que una niña de rulos cortos llama a sus hermanas a través de llantos.
Siguen llegando
Cuando comenzaron los procedimientos, mucha gente abandonó el predio. Las voceras insistieron en que hasta los antecedentes “más insulsos” pueden pesar “a la hora del veredicto final”. Y que “es una pena”, porque hay muchos casos delicados en los que las procesadas son mujeres jefas de hogar, como el caso de una madre de siete niños. No obstante, el último procedimiento tuvo lugar en diciembre, desde entonces “vamos tranquilos”, comentaron.
Pero así como muchos se van, muchos siguen llegando. A las personas que preguntan si hay lugar para ellos, las voceras les comunican lo que saben: que de encontrarse una solución, estaría destinada sólo para aquellos que estuvieron desde un principio. Yéssica se lamenta, porque llegan personas en las mismas situaciones que ellos o peores. De igual forma, hay gente que decide quedarse. Las vecinas aseguran que el predio estaría “todo ocupado” si no fuese por el miedo que hoy transmiten los medios.
Los vecinos de Nuevo Comienzo están dispuestos a negociar y aseguraron que se lo plantearon a la ministra de Vivienda; lo que desean es “no estar todos los días viviendo con el miedo de que pueda ingresar la Policía, e ir detenidos por estar usurpando”.
