La Ley Integral para personas trans establece que en los llamados públicos para ocupar puestos laborales se debe reservar un 1 por ciento para personas trans. Sin embargo, la secretaria de la Asociación Trans del Uruguay (ATRU), Sofía Saunier, afirmó que ese mandato legal “no se está cumpliendo”. La ATRU es una organización creada por y para personas trans que se dedican al trabajo sexual. Busca mejorar su calidad de vida y de trabajo a través del asesoramiento y la orientación. También gestiona actividades dirigidas a la concientización sobre problemáticas vinculadas a la comunidad trans y a la erradicación de su discriminación. “No creo que existan muchas oportunidades laborales para personas trans, eso depende del empleador”, dijo Saunier a Sala de Redacción. La activista lamentó que aún exista la idea de que contratar a personas trans daña la imagen de las empresas.
En junio de este año, la Intendencia de Montevideo (IM) dio inicio a un curso de capacitación laboral para personas trans y no binarias, con el fin de brindar herramientas que mejoren su inserción laboral.
Al respecto, Florencia Borthagaray, integrante de ATRU, opinó en diálogo con Sala de Redacción que las capacitaciones laborales “son importantes” pero que lamentablemente “quedan en eso”. Además, expresó que deberían existir más capacitaciones porque aportan a los currículums de quienes las cursan, pero se necesitan más oportunidades de empleo donde poder utilizar las herramientas adquiridas en esas instancias. Para las identidades trans la búsqueda de trabajo representa un desafío por varios motivos. Uno de ellos es justamente la formación. Existen muchas personas que, por el rechazo social, los conflictos familiares o los problemas en los centros educativos, interrumpen sus estudios.
La reflexión de Lola Padilla, referente de ATRU en Artigas, sobre las capacitaciones es que son “una forma de tapar el ojo”, pues en la mayoría de los llamados que ofrecen trabajo a personas trans se exige que tengan ciclo básico completo y menos de 35 años, pero en su ciudad “ninguna o muy pocas tuvieron la posibilidad de terminar el ciclo básico”. La activista afirmó que el presente laboral de las mujeres trans hoy es sinónimo de acoso, exclusión, precariedad y sobre todo de subempleo o desempleo. Además, aseguró que hay cupos trans ocupados por “gays masculinos que no son trans”.
Borthagaray agregó que las capacitaciones no son lo único que se necesita para poder entrar en el mercado laboral. Debido a la falta de trabajo, al incumplimiento de los cupos establecidos por ley en el Estado y al prejuicio de algunos empleadores, suele existir miedo a no conseguir un empleo y a exponerse a una entrevista laboral. “Siempre se necesitan personas en un supermercado, en lugares de atención al usuario, pero vas a ese tipo de empresas y no ves a una mujer trans trabajando”, sostuvo la activista. Cuando hay vacantes, aunque las personas trans presenten currículums completos que se ajustan a los requerimientos de los empleadores, generalmente los puestos terminan siendo ocupados por personas cisgenero, incluso si comparativamente tienen menos experiencia o capacidades.
Ante estas dificultades, muchas personas trans se ven obligadas a dedicarse a la prostitución, exponiendo tanto su salud física como mental y arriesgándose a situaciones violentas, abusos, denigraciones. “El Estado por lo general mucho no ha hecho”, dice Saunier. Además de no cumplir con lo planteado en la ley integral trans, desde el sector público no hay planes que garanticen que la problemática encontrará soluciones en un futuro próximo. Borthagaray aseguró que en “ningún ámbito laboral y social” existen garantías para que se las respete y que no sean violentadas. Además, agregó que “siempre hay algún hombre que nos mira mal o nos acosa solo por ser disidencias”.
Padilla, por su parte, opinó que faltan normas públicas que garanticen su seguridad en todos los ámbitos, que la violencia y el ninguneo que sufren cada día tanto en lo laboral como en lo social, es un tema del que no se habla. Asimismo, sostuvo que el Estado tiene las herramientas para poder brindarle a la comunidad trans una vida libre de miedos, autónoma, sin discriminación y con ingresos suficientes para poder mantenerse, e incluso para aumentar la cantidad de cupos laborales, pero lamentablemente no lo hace. “No pedimos limosna ni subsidio, pedimos trabajo para hoy y para tener un futuro y una vejez digna”, reclamó.
Las cifras
La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) es el organismo que se encarga de monitorear el respeto de los cupos de ingreso al Estado reservados por ley para distintas minorías históricamente discriminadas, entre las que se encuentran las personas trans. Aunque no tiene potestades para sancionar, cada año, la ONSC publica el Informe de personas trans en el Estado. El de este año, que se construyó con datos de 2022, es contundente. “Fueron 4 los organismos (3 organismos del Estado y 1 Persona Jurídica de Derecho Público No Estatal) que para el año 2022 han cumplido con la cuota del 1% de los puestos de trabajo a ser llenados con personas trans”, dice el informe. Se trata de la Agencia Nacional de Vivienda, Ute, la IM y la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. A su vez, la Administración Nacional de Educación Pública, OSE, el Banco República y la Intendencia de San José tuvieron ingresos de personas trans pero no alcanzaron la cuota mínima.
Paradójicamente, la redacción de la ley deja margen para que la abrumadora mayoría de los organismos no caiga en incumplimientos legales a pesar de no haber dado ingreso a ninguna persona trans en todo el año. Esa situación se da en las instituciones que no tuvieron ingresos de personal o en “los organismos cuya cantidad total de ingresos no llega a que el 1% signifique un puesto de trabajo”, es decir, los casos en los que ingresaron menos de 100 personas. Por ejemplo, si un ente público toma 99 nuevos empleados en un año, está eximido de que al menos uno de ellos sea trans.
“Desde el año 2018 hasta el 31 de diciembre de 2022”, la ONSC “relevó el ingreso de un total de 44 personas trans, que se dieron en 14 organismos del Estado y 2 en Personas Jurídicas de Derecho Público no Estatal”, informa la ONSC. La desazón de la comunidad tiene sustento en cifras.
