Foto: Parlamento
“Muchas de las jubilaciones de privilegio pertenecen a compañeros militares, producto de la persecución sufrida, entre los cuales tengo el orgullo de tener algún amigo“, dijo Pérez durante la discusión parlamentaria, días atrás. Además, criticó la postura del Frente Amplio (FA) bajo el argumento de que desde 2005 mantuvo las jubilaciones de “militares violadores de los derechos humanos“.
La negativa de Pérez le quitó la mayoría al FA, que hasta el último momento trató de conseguir el voto 50 entre los legisladores de la oposición. Unidad Popular, representado por Eduardo Rubio en la cámara baja, votó en contra. El diputado opinó que la norma sería el comienzo de una serie de reformas a todo el sistema previsional y que el proyecto tiene un “afán recaudador”.
Por su parte, en el Partido Nacional (PN), tanto los diputados Pablo Abdala (Alianza Nacional) como Gustavo Penadés (Todos) subrayaron que se está intentando “tapar” el déficit del Banco de Previsión Social (BPS) recaudando a través de las jubilaciones militares. En relación a los destinatarios del impuesto a consideración, propuesto desde el Poder Ejecutivo, Abdala dijo que no se puede sumar un impuesto por “el solo hecho de ser militares“.
La diputada del FA Bettiana Díaz (MPP), quien leyó el informe de la bancada oficialista, apuntó a quienes reclaman “bajar el costo del Estado” pero no quieren discutir “un déficit de 550 millones de dólares que asumimos año a año”, en referencia al déficit del sistema jubilatorio de los militares. A este argumento se sumaron los diputados Alejandro Sánchez, del MPP, y Alfredo Asti, del Frente Liber Seregni.
El debate finalizó con la votación del proyecto, que resultó negativa, por lo que ya no podrá ser tratado en esta legislatura. El proyecto surgió como una alternativa temporal a la reforma de la Caja Militar, que está postergada desde 2016. Con este impuesto se buscaba reducir el déficit en 75 millones de dólares para volcarlo a Rentas Generales.
Lo que hay en la Caja
En el sistema previsional militar, un funcionario ejecutivo o administrativo puede pasar a retiro voluntario una vez que cumpla 20 años de servicio simple y un mínimo de 38 años de edad. Este régimen cuenta con significativas diferencias respecto a la previsión social otorgada por el BPS, como la posibilidad de recibir remuneración en la actividad privada sin perder el ingreso jubilatorio, el acceso a la sanidad militar, el percibimiento de aguinaldo y la posibilidad de recibir 100% del salario en actividad sin tope establecido, además de un ascenso de grado previo al momento del retiro. En suma, quienes hayan estado en Misiones de Paz o en la Antártida, computan los años de misión por duplicado.
El Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas atiende a 50.000 retirados y 10.000 de ellos generan 75% del déficit, que es cubierto por Rentas Generales. Además, 100 millones de dólares, que equivalen a 21% del presupuesto anual del sistema previsional militar, se destina al 3% de los oficiales de mayor rango. Un retirado militar puede llegar a cobrar una pasividad de 350.000 pesos, 30% más que el salario del Presidente de la República.
Todos estos beneficios generaron que la Caja Militar se convirtiera en ampliamente déficitaria, y que llegara a un saldo negativo de 550 millones de dólares en 2017, lo que equivale a 1% del Producto Interno Bruto uruguayo. Esta cifra triplica el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y equivale a 25% más que el presupuesto total de la Universidad de la República.
La Caja Militar ya sufrió un intento de reforma en 2007, por iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, pero el proyecto quedó descartado por falta de apoyo. En 2008 se realizó la gran reforma previsional que involucró a las cajas Profesional, Policial y Bancaria. La Caja Militar es la única que todavía no sufrió reformas, a pesar de los intentos de una parte del oficialismo y de que fue establecido como una de las prioridades por el ministro de economía, Danilo Astori, y por el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Se prevé que el déficit anual a 2020 alcance los 700 millones de dólares.
Javier Revetria
