IMPUNIDAD “TÁCITA”
La directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y ex fiscal penal, Mirtha Guianze, explicó a Sala de Redacción que no recuerda en su historia casos en que una ley se haya aplicado tácitamente.
El 9 de abril la Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó el recurso de inconstitucionalidad de la ley 18.026 sobre crímenes de lesa humanidad presentado por la defensa del general (r) Pedro Barneix en la investigación de la muerte por torturas de Aldo Perrini, ocurrida en el cuartel de Colonia en marzo de 1974. A pesar de que la entonces jueza del caso, Mariana Motta, y la fiscal Ana María Tellechea, no habían aplicado o mencionado la ley interpretativa de la ley de caducidad (18.831) para el expediente de Barneix, la mayoría de los ministros de la SCJ entendieron que la jueza aplicó esa ley de forma ¨tácita”.
Consultada por SDR sobre estos hechos, Guianze señaló: “La SCJ tenía una jurisprudencia constante: se pronunciaba solamente en caso de ser aplicada la ley. Me pasó algo parecido con el caso de Gregorio Álvarez –donde, como fiscal, solicitó el procesamiento del dictador-. Su abogado, Carlos Curbelo Tammaro, presentó en los últimos días un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de desaparición forzada (18.033). En el 2007, cuando el escrito llegó a la corte, el cuerpo se reunió de forma extraordinaria y a los cinco días devolvió el expediente al juzgado. Eso fue el 10 de diciembre y aproximadamente el 17 estaba procesado. La corte dijo que se consideraría el pedido en caso de que el juez aplicara la ley y hubiera procesamiento. Mientras tanto, no es posible la aplicación efectiva del recurso.”
Sobre la actuación de la SCJ agregó que “la corte le sacó el expediente (a la jueza Mota) en forma absolutamente improcedente, antes de que se pronunciara (…) y lo demoró todos esos meses hasta que se resolvió de esta manera.”
Guianze, que se destacó por su actuación en varios casos de violaciones a los derechos humanos mientras fue fiscal, señaló que la resolución de la SCJ ”no tiene explicación porque en ese expediente la jueza no había aplicado la ley.”
El argumento esgrimido por la SCJ para imponer el archivo del caso generó diversas reacciones en ámbitos judiciales y de organizaciones de derechos humanos. El general Pedro Barneix era uno de los cuatro militares indagados por el asesinato de Perrini, que murió como consecuencia de las torturas a que fue sometido. La participación de quien después sería jefe de los aparatos de inteligencia en los interrogatorios realizados inmediatamente antes del fallecimiento, quedó confirmado por el hallazgo del sumario administrativo militar correspondiente.
El general Barneix tuvo un protagonismo principal cuando el presidente Tabaré Vázquez solicitó a las fuerzas armadas información sobre la ubicación de los restos de los desaparecidos. Después de consultas a los oficiales que participaron en la represión de la dictadura, Barneix elevó un informe que contenía información falsa. Vázquez llegó a señalar, equivocadamente, el lugar donde supuestamente fue enterrada María Claudia García de Gelman, en presencia de la hija, Macarena Gelman.
Mariana Ripoll
