Hasta ahora no hay novedades. Entre debates y constantes pedidos de aplazamiento por modificaciones de parte de Cabildo Abierto (CA), el proyecto de ley que sustituiría la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no conoce la luz fuera del Palacio Legislativo. Para el diputado colorado Martín Melazzi puede que haya un “cruce de intereses” entre el proyecto de Ley de Medios y el proyecto de Ley Forestal –que busca regular el uso de suelos forestales– que lleva adelante CA, un juego de “avanzo con un proyecto, si me avanzan con el otro”, dijo a Sala de Redacción.
El proyecto entró al Parlamento en abril de 2020, con el destino de derogar por completo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en 2014. “Volaron 100 artículos, fácil. Tenemos una ley de 200 [artículos] y pasaron a 90 y algo”, dijo a Sdr el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, y agregó que “están en una lógica de reducir al mínimo posible la ley”. Por el momento, sin embargo, no está a punto de ser aprobado.
En un debate entre el diputado del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani y el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez en el programa En Perspectiva, el diputado nacionalista afirmó que la ley vigente establece “una injerencia importante en los contenidos, así como en la gobernanza de los diferentes medios”. En diálogo con Sala de Redacción, el diputado profundizó en su afirmación: “al momento de establecer algunos preceptos en la norma, se dice qué contenidos se priorizan y cuáles no”, por lo tanto, explicó que “al influir en los contenidos, se influye en la gobernanza de los medios”, en los criterios de los directorios de cada medio y así “me estoy inmiscuyendo en la libertad de empresa”. “Es mentira”, refutó Gómez. La ley actual está conformada por 202 artículos y “sólo cinco tienen algo que ver con los contenidos de los medios”, prosiguió. De esos cinco artículos, cuatro son los referidos a la protección de la niñez. “Sí es una limitación al contenido, pero porque en el mundo se reconoce que niños, niñas y adolescentes tienen derechos; no solo los dueños de los medios tienen derechos”, agregó.
Modificaciones
Cuando el proyecto en discusión estuvo a punto de ser finalmente sancionado en junio, los representantes de Cabildo Abierto pidieron unas semanas para presentar modificaciones. “Me parece que no daba para horrorizarse”, comentó el diputado cabildante Sebastián Cal a Sala de Redacción. Sin embargo, dentro de la Coalición Multicolor no se ve “con buenos ojos”, dijo Melazzi, ya que entienden que las diferencias que tienen se podrían solucionar en una “reunión de 20 minutos”. “Si hubiese algo muy novedoso de lo que ya plantearon, estaríamos muy atentos a tratar de acompañarlos”, agregó el diputado colorado.
En ese entonces, Sebastián Cal, en representación de CA, presentó la modificación de cuatro artículos: para el 16, que define la acumulación de licencias para radio y televisión que puede poseer una misma persona física o jurídica, propusieron cambiar de cinco licencias en todo el país a seis licencias en todo el país y cuatro en Montevideo; el 48, que establecía que Antel debía arrendar su infraestructura de banda ancha a los cableoperadores privados, se propuso que fuera retirado del proyecto; sobre el actual artículo 56, que refiere a las incompatibilidades, propusieron prohibir que una empresa satelital pueda dar servicio de Internet; y por último, hicieron referencia a la transferencia de licencias de televisión para abonados que, en un principio, están en manos del Poder Ejecutivo, pero la modificación planteada por los cabildantes le daría ese cometido a la Asamblea General.
“Nosotros siempre nos manifestamos discordes a la concentración de los medios, agregamos la figura de grupo económico nuevamente”, manifestó el diputado Cal. “Dos de ellos [la modificación del artículo 16 y 48], son comprensibles y están alineados con lo que el Partido Colorado manifestó”, sostuvo Martín Melazzi. Sin embargo, los otros dos artículos no han sido aceptados. Según el diputado, los otros socios de la Coalición están de acuerdo en que la Asamblea General “no es quien debe otorgar esa autorización”, sino que esa potestad debe recaer en el Poder Ejecutivo. Y sobre la prohibición para quienes brindan servicios de televisión satelital para abonados de brindar banda ancha, “nosotros creemos que eso es inconstitucional y si hay algo que esta norma no quiere tener son inconstitucionalidades”, declaró Melazzi.
En un principio se había eliminado el artículo que refiere a la objeción de conciencia de los periodistas, pero vuelve a ser incluido al proyecto. Por otro lado, se mejora el artículo sobre la accesibilidad de las personas con discapacidades auditiva y visual: buscan agregar traductores de lengua de señas en otros programas que se produzcan en el país, además de los informativos, y también el subtitulado; “es importante para la persona que no entiende lengua de señas, gente que va perdiendo la audición” sostuvo Melazzi.
“A partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se le fueron sacando competencias a la Ursec [Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones]: determinadas cosas las resolvía la URSEC, determinadas cosas pasaban por la CHASCA [Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual]”, sostuvo el diputado Rodríguez, y agregó que “hay que ser más sencillos”, por lo que en la nueva ley se derogan la CHASCA y el Consejo de Comunicación Audiovisual. Por otro lado, se crea el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional (Sipraten) como un servicio de la URSEC.
Tras el tiempo pedido para nuevas modificaciones, CA presentó dos artículos nuevos: uno que refiere a la publicidad electoral y otro que plantea que la Corte Electoral regule la imparcialidad en los medios de comunicación. “Si venía complicada [la votación del proyecto], se complicó más”, dijo Melazzi. Los primeros cuatro artículos ya estaban dentro del articulado del proyecto, “pero estos dos los sacaron de la galera y se complicó mucho el proyecto de ley”. Por su parte, Javier Umpiérrez, diputado del FA, sostuvo que “es un disparate que no tiene pies ni cabeza” y que “claramente apunta a atentar contra la libertad de expresión”.
¿Garantías?
Para el director ejecutivo del Observacom la vaguedad es un problema para las garantías, y lo ejemplificó con el artículo referido al horario de protección al menor: en la ley actual es “más largo, porque quiere definir exactamente para que los dueños de los medios tengan bien claro qué se puede y qué no”, afirmó. Sostuvo que extenderse en explicar las terminologías “es un beneficio” para los dueños de los medios y explicó que al concepto apto para todo público “lo mantienen de manera tan vaga que al final cualquiera podría ser censurado” porque distintos gobiernos pueden entender de maneras distintas qué significa” (véase ¿Apta para todo público?).
Otra preocupación del director es el artículo que protege la no individualización de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, dentro de la coalición no la hay: “repetir conceptos no va a hacer que la ley sea más aplicable”, afirmó Rodríguez, “no da más garantías”. “Acá el debate es entre ‘más vale que sobre y no que falte’, y ‘menos es más’”, agregó.
Preocupaciones
Gómez sostuvo que no ve ninguna “amenaza” a los medios, sino que el proyecto de ley es a favor de los medios. Y dijo que le preocupan tres puntos en particular: una concentración de medios “como nunca ha habido en el país”, el retroceso en los derechos de las audiencias y el retroceso en materia de transparencia. La “poca transparencia” es algo que también le preocupa a Umpiérrez; para el diputado, la derogación de la CHASCA tiene que ver con bajar el nivel de transparencia. “Si queremos eliminar organismos de contralor, algo quiere decir”, sostuvo.
“Puede gustar más o menos”, declaró Melazzi, pero el espíritu de la Coalición es “una ley de medios que se pueda controlar” y que la URSEC “vuelva a ocupar el lugar para lo que fue creada”. “Creo que todos queremos el mejor proyecto de ley de medios, donde no se violente en absoluto la libertad de prensa, ni la libertad de expresión”, agregó.
Según Gómez, sin embargo, para que un país tenga una democracia “robusta y potente”, se necesita de la diversidad de medios y del pluralismo. Y la concentración de medios podría restringir la libertad de expresión: “cuanta menos oferta de medios, se hace más débil la diversidad de puntos de vista”, afirmó. “Esperemos que no avance, porque esta es una ley que atenta contra la libertad de expresión, es mucho menos plural, apunta a la concentración de medios”, enfatizó Umpierrez.
