A diez años de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la Clínica Ginecotocológica A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República con la coparticipación de la asociación civil Iniciativas Sanitarias, mostró que hubo un descenso en la mortalidad materna, que la población adolescente no ha tomado la posibilidad de interrumpir el embarazo como una alternativa a la anticoncepción, y reparó en la necesidad de modificar aspectos de la ley para facilitar el acceso y el seguimiento, así como la asistencia de mujeres migrantes.
Fernanda Nozar, profesora agregada de la Clínica Ginecotocológica A, afirmó que el análisis de los datos a diez años de aplicación de la ley, “además de objetivar lo que planteábamos en resultados, nos permite generar escalones, eslabones, para avanzar” y “sobre todo, avanzar en trasladarnos de sistemas de salud absolutamente imperativos, referenciables, a sistemas de salud mucho más centrados en la atención de la persona”.
En retrospectiva
Verónica Fiol —profesora agregada de la Clínica Ginecotocológica A— presentó la sistematización de datos nacionales que hizo la Clínica, a algunos de los cuales accedieron a través de pedidos de acceso a la información pública. Lamentó que “en los primeros años de implementación de la ley, se hacían reportes en forma anual sobre los indicadores principales de la implementación de la ley”, mientras que “en estos últimos años no hay reportes oficiales públicos en forma anual, y la información que se brinda, por diferentes motivos que se esgrimen, es un poco menor en relación a las cosas que se pueden solicitar”.
Desde 2013 a 2022 las cifras muestran que en los primeros años de implementación de la IVE, hubo un aumento interanual relacionado “con la implementación de los servicios, y con la mejora de la recolección de los datos”, interpretó Fiol.
“Luego de un aumento hasta el 2015-2016, se han mantenido los números en una especie de meseta”, que “era básicamente lo que se esperaba”, según dijo Fiol, en base a la experiencia acumulada de implementación de IVE en otros países de la región. En Uruguay, en 2013 el número de interrupciones voluntarias de embarazo fue de 7.171 y en 2018 pasaron a ser 10.373; mientras que entre 2019 y 2020, se registró un descenso. Fiol lo atribuyó al cierre parcial de los servicios sanitarios vinculados con la pandemia de covid 19. En el periodo comprendido entre 2020 a 2022, “hubo un aumento que es más o menos similar”, expresó.
Esos mismos datos de IVE por año, sumados a los del rango etario de las usuarias del servicio, muestran que entre 2016 y 2021, hubo una disminución de la interrupción voluntaria del embarazo en población adolescente. “Esto se corresponde claramente con el descenso de la fecundidad adolescente a nivel general”, dijo Fiol. Además, sostuvo que “es interesante ver, cuando se analiza la fecundidad adolescente, que la interrupción del embarazo no es la causa de disminución de la fecundidad adolescente a nivel nacional”, en referencia a los resultados de las estrategias vinculadas con el fortalecimiento de la anticoncepción, como la inclusión del implante anticonceptivo del año 2014 a nivel público y en los años subsiguientes en el sector privado.
Gráfica tomada de la presentación de la investigación.
Cuántos por año
Con respecto a la tasa de IVE —que se calcula según el número de interrupciones voluntarias del embarazo por cada mil mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años)—, se valoró que entre 2013 y 2022, fue de 11,9 y en el último año aumentó a 12,1. Fiol resaltó que “es una tasa de aborto, que es comparable con los países desarrollados o de alta renta que tienen aborto legal desde hace muchos años, y es una de las menores tasas de aborto a nivel de Latinoamérica y el Caribe”.
Además, señaló que desde el punto de vista sanitario, ver estos números es importante, dado que ha existido una especie de preocupación por parte de los detractores de la implementación de la ley de aborto, de que el mismo “fuera utilizado como método anticonceptivo y disparara los números de IVE”, lo que “claramente no ha pasado”, apuntó Fiol. En esta línea, agregó que “la tasa de IVE global de todo el período es menor en el grupo de adolescentes, en comparación con el grupo de mujeres adultas”, lo que presenta indicadores de cuál es la población de mujeres que interrumpen embarazos en nuestro país.
Quiénes mueren
Los datos presentados arrojaron que en Uruguay aproximadamente un 28% de las muertes maternas ocurridas en la década 1992-2001 fueron provocadas por aborto en condiciones de riesgo, mientras que en el quinquenio 1996-2001 en el Pereira Rossell, llegaron a representar 47%. “Casi de la mitad de las mujeres que se morían en el proceso del embarazo parto y puerperio, lo hacían por aborto provocado en condiciones de riesgo, por lo tanto esto fue lo que llevó a la idea del modelo de reducción de riesgos, a nivel nacional”, recordó Fiol.
En el último periodo, que va desde 2013 a la actualidad, en el que se da la inclusión del aborto dentro del marco legal, que incluye a la mujer dentro del sistema sanitario y además incluye al aborto dentro de las circunstancias que la ley lo prevee, la razón de mortalidad materna fue de 22,9 cada 100.000 nacidos vivos. Para la doctora, es importante observar que entre 2020 y 2021, existieron dos picos de mortalidad materna, en los cuales solo una muerte sucedió por aborto y el resto estuvieron vinculadas a la pandemia de covid 19 y al cierre sanitario en el año 2020. “Estos dos valores aumentan la mortalidad materna y disparan los números” y “si sacamos estos dos picos, la mortalidad materna [por aborto] en este período es por debajo del 10%”, apuntó.
Según Fiol, los números de mortalidad materna a nivel nacional “son pequeños”, pero “igual es absolutamente injusto que mujeres mueran al momento de embarazo, parto y puerperio”. Además, señaló que las muertes sucedidas en el marco de los picos de mortalidad comprendidos entre 2020 y 2021, “fueron las mujeres del subsector público, del interior del país” y, por lo tanto, “la muerte de mujeres también tiene sus desigualdades, y es un elemento de injusticia reproductiva”, como pueden ser “los partos pretérmino, el bajo peso al nacer y la sífilis congénita”.
Puede y debe rendir más
Según referentes que han estado involucradas en el proceso y avance de implementación de la IVE, la evaluación de estos diez años de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, han sido positivos. En palabras de Fiol, “han generado un cambio cualitativo de actitudes en los equipos, en las usuarias y usuarios, en los sistemas de salud”, que según la doctora, se ha visto “reforzado por el cambio legal, pero que requiere un compromiso del Estado (que existe), pero que “debemos estar todos atentos a que se mantenga a favor de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas”.
En esta línea, una de las propuestas de Fiol es en cuanto a la ampliación del plazo máximo que permite la ley para iniciar el proceso de IVE, que actualmente es hasta antes de las 12 semanas de gestación (excepto en los casos de violación). Para la doctora, sería ideal que se amplíe hasta las 14 semanas dado que “hay muchos aspectos vinculados con la etapa prenatal que no están incluidos”. Por otro lado, propuso “la eliminación del aborto del Código Penal” y la posibilidad de “incorporar médicos de familia y obstetras-parteras” en los procesos de IVE 2, instancia en la que el equipo interdisciplinario asignado, asesora a la usuaria sobre aspectos legales, derechos sexuales y reproductivos, proceso de la IVE y riesgos biopsicosociales.
En la presentación de la investigación de la Clínica Ginecotológica A, el 29 de setiembre, Valeria Ramos, doctora en Psicología, especialista en temas de salud sexual y reproductiva, género y educación sexual, y además oficial del programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas de UNPFA Uruguay, ahondó sobre la situación de las niñas que, víctimas de un abuso sexual, acceden a un servicio de IVE. “Una niña con un embarazo producto de una violación, ¿tiene las condiciones familiares simbólicas, subjetivas, para irse a la casa con medicamentos y manejar el dolor y la hemorragia como pueda? ¿es en la casa, es con internación, es con medicamento?”, preguntó.
Por otro lado, Alejandra López, psicóloga y doctora en Ciencias Sociales y profesora del Instituto de Psicología de la Facultad de Psicología, se extendió sobre los procesos de seguimiento y la necesidad de los mismos en pos de humanizar la práctica sanitaria en el vínculo con las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir su embarazo: “eso significa también saber cuál es la plataforma emocional que tiene esa mujer para sostener el proceso y cuál es la mejor manera de acompañarla, cuál es la mejor manera de acompañar”.
