Marcha "Ni una menos" en Maldonado. Foto: SdR / Sabrina Diaz
Claudia tenía dieciocho años cuando fue baleada por la espalda por un policía. Ocurrió el 29 de mayo, en la ciudad de Fray Marcos sobre el mediodía, en la puerta del liceo número 45 donde la joven aguardaba para entrar haciendo fila con su hermano de nueve años.
Un comunicado del Ministerio del Interior (MI) admitió que Claudia ya había realizado múltiples denuncias debido al acoso constante de este policía con quien había establecido un fugaz romance en el pasado y ella misma lo terminó. El comunicado también aclara que este señor siguió trabajando a pesar de las denuncias y que su arma no fue removida.
Esta fue la muerte número 20 por violencia de género en lo que va del año, cuatro de ellas a manos de policías. Una cifra alarmante teniendo en cuenta que el 2014 dejó un saldo de 28 mujeres según los datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad del MI.
Por este motivo, alrededor de 300 personas se reunieron el miércoles 3 de junio en la plaza Plaza San Fernando de Maldonado bajo la consigna “Ni Una Menos” en rechazo a los feminicidios. La marcha fue organizada por la coordinadora de Feminismos del Uruguay a raíz de una convocatoria impulsada desde Argentina. La convocatoria para la movilización no partió de instituciones sino de las redes sociales, rápidamente auspiciada por periodistas, escritores y artistas. (Una marcha similar recorrió la zona céntrica de Montevideo. Ver “Nos están matando”)
La proclama se escuchó en cien ciudades en Argentina y replicó en trece ciudades de Uruguay: Tacuarembó, Rocha, San Jose, Paysandú, Colonia, Melo, Minas, Salto, Barros Blancos, Ciudad de la Costa, Colonia, Maldonado y por supuesto en Montevideo. Siguiendo por Chile, Brasil y México.
Estamos de pie
“Che hay gente ¿eh?”, dice una adolescente a su amiga. “Sí, pero debería de haber millones”, contesta la otra. “Es verdad, yo a mi novio que no vino lo cague a pedos”, le devuelve la adolescente. Un megáfono interrumpe la conversación para llamar la atención: “4 de Enero, Melo, Silvina González Méndez, 34 años; 9 de Enero, Maldonado, Beatriz, 48 años; 16 Enero, Vergara, NN, 28 años; 26 Enero, Maria, Delta del Tigre, San José”. Las personas comenzaron a formar un semicírculo que respondía “presente” a cada nombre que el megáfono aullaba sin cesar. La lista siguió contando cada una de las mujeres que ha muerto por violencia machista en lo que va del año.
Cuando los gritos se calmaron, de forma simbólica -y un poco aterradora- se hicieron sonar las campanas de la iglesia de la plaza de San Fernando.
Las voceras, quienes forman parte del movimiento “Feministas en Alerta y en las Calles” de Maldonado, destacaron que el feminicidio es la peor consecuencia del patriarcado que engloba multiples tipos de violencia: socio-político y económico; en nuestras casas, “pero sobre todo en nuestras cabezas y en nuestros cuerpos”.
Denunciaron que “la ley 17.514 supuso todo un despliegue de buenas intenciones pero con la carencia de medios y la aberrante falta de formación y sensibilidad en la policía, en la abogacía, en los equipos psicosociales, en la judicatura. Acaban generando maltrato institucional que muchas mujeres han sufrido y sufren en su proceso”. También manifestaron que “hay personas denunciadas por acoso sexual vinculadas a la violación de derechos humanos que están ocupando cargos de poder y de confianza como es el caso de la jefatura de policía de Maldonado”.
Invitaron a solidarizarse con las mujeres cuyas voces ya no se sienten y a unirse a la lucha y gritaron: “¡Ni una muerte indiferente! , ¡Ni una muerte menos!, ¡Tocan a una y tocan a todas!”. Así se apagaron las voces y, con lágrimas en algunos rostros, se prendieron los aplausos. La marcha comenzó en un silencio sepulcral que duró solo unos minutos. Los que nunca se callaron fueron los aplausos: en busca de molestar y hacerse notar, acompañaron la marcha como queriendo expresar “aquí estamos y queremos que nos escuchen”.
En contraste con la indiferencia general que viven los comerciantes que trabajan en 18 de Julio (Montevideo) ante una marcha; los comerciantes, trabajadores y personas que se encontraban en la peatonal Sarandí de Maldonado -por donde transitaba la marcha- mostraron expresiones de asombro como si esa fuese la primera vez que veían una marcha y quizás para muchos lo fue. Era agradable ver como salían de sus puestos de trabajos para observar y muchos de ellos acompañar con más aplausos.
De regreso en la plaza San Fernando se leyeron poemas referidos a la problemática y se realizaron performances artísticas que fueron silenciosamente observadas por el público de la marcha. Al terminar el grupo de artistas, la gente que se encontraba en la plaza comenzó a acercarse más y más en forma de círculo, formando un enorme abrazo grupal con todos lo que se encontraban allí.
No existe lo que no se nombra
Uruguay es el único país de América Latina que mantiene los delitos sexuales bajo el título “Delitos contra las Buenas Costumbres y el Orden de Familia”. Las leyes de varios países y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definen feminicidio como el ‘homicidio de mujer por razones de género’. Es decir, cuando un hombre mata a una mujer porque lo abandonó o porque terminó su relación personal amorosa, lo hace porque cree que él tiene el derecho, la propiedad sobre el cuerpo de esa mujer. Cuando una mujer es violada en una guerra o es violada en la calle y muere, eso es feminicidio. Dicho muy simplemente, es morir por el género que tenés. Hablar de feminicidio es reconocer el peligro al que está expuesta la mujer.
En el período 1991 – 2015 murieron asesinadas más de 730 mujeres, sin contar los años sobre los que no hay datos, ni las causas que figuran como suicidios y son consecuencia directa de las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres. A esto se suma la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia Basada en Género y Generaciones realizada en 2013 y difundida en noviembre de 2014, la que indicó que siete de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de violencia basada en género durante su vida.
En la dulce espera
El 22 diciembre de 2014 se iba a aprobar en la cámara de diputados un nuevo código penal que no contaba con la participación de la sociedad civil. La nueva reforma limitaba el derecho de la mujer estableciendo que el delito de violencia doméstica se remite solo a situaciones de convivencia, dejando por fuera relaciones de noviazgo, exparejas y familiares en donde no exista convivencia.
El delito se seguía limitando solo a aquellos casos en donde hayan lesiones físicas, dejando de lado otras manifestaciones como psicológicas o sexuales. El título de los capítulos sobre el aborto se llamaba “protección de la vida prenatal” lo cual iba en contra de la legislación que se habia procurado en el país y cambiaba el bien jurídico a proteger. Es decir, cuando lo que se va a defender en el aborto es la vida del prenatal no se reconoce el derecho de la mujer a decidir. También se mantenía el tema del honor de la familia y el pudor como figuras penales en vez de hablar de violación y violencia sexual.
Por esto 40 organizaciones se sumaron a un comunicado que logró frenar la aprobación del código penal que era eminente en la cámara de diputados en diciembre del 2014. El 16 de marzo de 2015 en Washington D.C. (Estados Unidos) se encontraban en la CIDH las organizaciones Mujer Ahora, IACI Infancia y Adolescencia, y Mujer y Salud (MYSU) de Uruguay en busca de “Derechos Humanos y una Nueva Legislación Penal en Uruguay”.
En el documento presentado en Washington se establecía que el Código Penal del Uruguay es “inspirado en el de la Italia fascista de 1933” y que “de manera protagónica se protege más el derecho a la propiedad sobre el de la vida y a libertad” y en consecuencia “se castiga más severamente al robo con violencia de un teléfono celular, que un homicidio simple, que la violencia doméstica, y la violación”.
SdR habló con Lilián Abracinskas, directora de MYSU, quien expresó en cuanto a la nueva reforma que “es uno de los asuntos a definirse en esta legislatura en el poder legislativo” y que “implica también una discusión en si solo vamos a poner las baterías en el código penal o si vamos a buscar otras alternativas desde la justicia civil”. Abracinskas afirmó que “la marcha demostró que lo que está pasando en este país con el asesinato de mujeres, es intolerable. Las instituciones responsables del Estado tienen que dar respuesta de qué es lo que van a hacer”.
La directora de MYSU cree que es posible cambiar las costumbres de una sociedad si se cuenta con un verdadero apoyo del gobierno. “Ojalá que se tome el mismo énfasis, prioridad e importancia que se le ha dado a la campaña contra el tabaco”, reflexionó.
Marcela Acosta
Fotogalería:
