La fuga de dos adolescentes de 15 años, internos del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), mientras participaban de una actividad en una plaza de deportes fuera de su centro, fue noticia hace dos semanas. Las autoridades del Inisa explicaron que las fugas son un riesgo que se corre, aún cuando los adolescentes son evaluados para determinar si es conveniente que realicen salidas. El hecho, que se suma al total de 13 casos de fugas que se han dado en 2022, puso en agenda la situación de encierro de los adolescentes internados, al igual que los problemas de falta de personal del Instituto.
De acuerdo al censo de población realizado en 2021 por Equipos Consultores para UNICEF e Inisa, ese año había 270 privados de libertad en estos centros. En diálogo con Sala de Redacción Víctor Mango, presidente del sindicato de Inisa comentó que a partir de 2015 se vivió un descenso en el número de internos y que “hace aproximadamente un año y unos meses se mantiene en un promedio de entre 270 y 290 jóvenes privados de libertad”, agregó. Si bien la cifra se asentó, el presupuesto asignado para el funcionamiento del Instituto sufre recortes desde 2020.
Además, la Ley de Urgente Consideración (LUC) aumentó de cinco a diez años el límite máximo de condena que pueden recibir los jóvenes. “Esto, en algún momento, va a ser un cuello de botella. Porque evidentemente irá incrementando la cantidad de jóvenes cumpliendo años en los centros”, advirtió Mango.
Más recortes
Para la última asignación presupuestal, el instituto le había solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas 4.500.000 dólares para cubrir el total de gastos de funcionamiento, mantenimiento y de recursos humanos de los centros, pero lo que recibió está lejos de cumplir esa expectativa. Andrea Venosa, directora del Inisa por el Frente Amplio, explicó a Sala de Redacción, que “sólo se aprobó 1.500.000 dólares para lo que tiene que ver con los gastos de los centros, es decir los materiales para las medidas educativas, productos de limpieza, alimentación, pero no para recursos humanos”.
Rosanna De Olivera, presidenta del Inisa, optó por no dar declaraciones a Sala de Redacción, pero a comienzos de setiembre, luego de reunirse con Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado durante la discusión del proyecto de Rendición de Cuentas, informó en una rueda de prensa que “en funcionamiento, que es una de las áreas más preocupantes, a nosotros no nos da el presupuesto que son unos 400 millones [de pesos] para terminar el año. O sea que a fin de año pedimos algún refuerzo, que tampoco es suficiente, y dejamos de pagar algunas cuentas y las pagamos con el siguiente presupuesto”.
En el Inisa, los recursos humanos han sido el rubro más afectado por los recortes de presupuesto y Mango lamentó que “vamos a terminar el quinquenio sin incremento en el rubro cero”, que es el de salarios. Destacó como positivo que en la Rendición de Cuentas se haya votado un artículo para la regularización de contratos laborales: “tenemos aún un grupo importante de trabajadores con contratos muy precarios y esto es algo por lo que el sindicato estuvo peleando”, subrayó.
Venosa afirmó que se vive un déficit de educadores para el acompañamiento de las trayectorias de los adolescentes que están privados de libertad, así como “de equipos técnicos en el interior del país que acompañan las medidas no privativas de libertad”.
A su vez, el abordaje de situaciones como la conexión con las drogas, la reincidencia o el hecho de que el 58% de los adolescentes tenga algún familiar privado de libertad, según el censo, requieren de un trabajo interdisciplinario que conecte distintos dispositivos de asistencia, para lograr el desistimientos de los jóvenes a la actividad delictiva. Para Venosa, esto se ha complejizado ya que la realidad de recorte no la vive sólo Inisa: “antes teníamos una matriz social que estaba presente en el territorio, ya sea por equipos del Mides [Ministerio de Desarrollo Social], de INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay], que ahora no están”, lamentó.
Encierro y medidas socioeducativas
El censo de población relevó que en los centros de Inisa de Montevideo los adolescentes pasan en promedio 17 horas dentro de la celda, mientras que en los centros en Canelones ese promedio se ubica en 15,5 horas. Si bien las cifras muestran una tendencia a la baja con respecto a años anteriores, aún es un número elevado y aumentó un 20% la franja de adolescentes que pasa entre 12 y 18 horas diarias en una celda.
La falta de personal hace muy difícil que puedan reducirse las horas de encierro de los jóvenes. El total de personas que trabajan en los centros es de 967 y la cantidad promedio por centro es de 64,5 trabajadores. De manera global “en promedio hay 3,5 trabajadores por cada adolescente privado de libertad”, consignó el censo de población; a su vez, la mayoría de los trabajadores se desempeñan como educadores (55%). Venosa explicó que hay de 20 a 25 adolescentes por centro, “y a veces hay turnos que se pueden cubrir solo con tres o cuatro educadores”, que se ven sobrecargados en las tareas de acompañamiento, atención y realización de actividades socioeducativas y de esparcimiento. Esta situación deriva en que no se puedan realizar todas las actividades deseables, que se hagan más reducidos los cupos para cada actividad y que aumente el riesgo de fugas.
Según el relevamiento, en promedio, “los adolescentes participaron en aproximadamente tres talleres o actividades diferentes”. Una de las principales actividades es la educación formal con maestros o profesores, a la cual asiste el 71% de los jóvenes; esto se complementa con la realización de talleres, muchos impartidos por organizaciones que trabajan con Inisa. Para Venosa, estas actividades son esenciales para reducir las lógicas de seguridad de los centros, y “eso es lo que hay que trabajar con los funcionarios para que se entienda que Inisa tiene un componente central socioeducativo que tiene que primar”. El Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la Cámara de Gomeros del Uruguay, la Casa Bertolt Brecht y la organización Mujer y Salud en Uruguay (Mysu), son algunas de las organizaciones y colectivos con presencia en los centros.
Caso proyecto Empatía
Hasta setiembre, el proyecto Empatía, una propuesta socioeducativa de jóvenes y para jóvenes privados de libertad que nació en 2020, realizaba talleres de expresión y comunicación en centros de Montevideo y Canelones. El trabajo del equipo de Empatía era totalmente honorario. Venosa confirmó que tuvieron “una muy buena recepción tanto de los funcionarios de Inisa como también de los propios jóvenes, les encantaba”. Sin embargo en 2022, el equipo decidió concentrar sus esfuerzos sólo en uno de los centros de mayor seguridad para sortear las dificultades burocráticas, pero se encontraron con descoordinaciones entre la dirección de Inisa y del centro, que terminaron empujándoles a detener su trabajo. Mango añadió sobre el caso que, “si no hay lineamientos claros desde arriba y no se le da indicaciones al que trabaja, es muy difícil que pueda funcionar de buena manera”.
La última dificultad fue que se les comunicó que “el taller tenía que ser en el horario de patio”, explicó a Sala de Redacción Josefina Fraga, integrante del proyecto, quien señaló que el cambio puso a los jóvenes en la situación de tener que decidir si prescindían de su momento de recreación libre. “Nos topamos con esta nueva traba de decirle a los gurises: ‘bueno, en este horario que tienen para estar libre, ¿quieren hacer el taller?’”, agregó Fraga. Venosa admitió que este caso no fue en tema de presupuesto, “realmente desde la institución, no se les dio la apertura que debían tener”, dijo.
Fraga también explicó que “hay un tema de cupos para asistir a los talleres”, los educadores deben elegir o valorar muy bien quiénes asisten, y destacó que la demanda es buena, “muchas veces expresan que quieren tener más”, añadió.
Sumado a esto, hay una cifra que genera preocupación: aumentó un 9% -con respecto a la cifra de 2018- el número de jóvenes ingresados por comercialización y/o suministro de drogas; según el Censo de población adolescente privada de libertad realizado en 2021. Para Mango, esto “es algo que la institución va a tener que abordar con seriedad porque es algo que llama la atención”.
