Ya pasó un mes de la llegada del coronavirus a Uruguay y, como suele pasar en las crisis, las poblaciones más vulnerables son siempre las más perjudicadas. Miles de trabajadores fueron enviados al seguro de paro, mientras que otros tantos perdieron su empleo o la mayor parte de su ingreso. Esta regla no escapa a la población privada de libertad, que también siente el impacto del coronavirus.
Como informó Sala de Redacción, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) elaboró un protocolo para evitar la llegada del virus a los centros penitenciarios. Algunas de las medidas que se tomaron en las cárceles fueron realizar entregas de jabón a cada persona privada de libertad y proporcionarles la mayor cantidad posible de hipoclorito para desinfectar los espacios. Además, se crearon zonas específicas para aislar a las personas en caso de contraer el virus, se limitaron las visitas de las familias a una por persona privada de libertad, y se negó el ingreso a menores de 18 años, embarazadas, personas inmunodeprimidas o que presenten síntomas de portar coronavirus, entre otras.
En Uruguay hay aproximadamente 12 mil personas privadas de libertad y a las cárceles ingresan un promedio de 500 personas nuevas por mes. Como medida preventiva ante la actual situación sanitaria, se le hace un cuestionario a cada nueva persona que ingresa a un centro penitenciario. Allí deben contestar si tienen algún tipo de síntoma o si estuvieron en contacto con alguna persona con covid 19, según relató a Sala de Redacción Denisse Legrand, coordinadora de Nada Crece a la Sombra, una organización que trabaja desde hace años en el sistema carcelario.
En caso de que la respuesta sea negativa, se realiza el procedimiento habitual: están entre 48 y 72 horas en el centro de ingreso, diagnóstico y derivación, en el caso de las cárceles de Montevideo y la zona metropolitana, y en espacios específicos en cárceles del interior, y luego de esa instancia se realiza la derivación al respectivo centro penitenciario. En cambio, si en el cuestionario dicen haber estado en contacto con personas con coronavirus o poseer síntomas, se les realiza un hisopado y se los mantiene en aislamiento hasta tener los resultados.
Otras formas
Ante estas medidas, Nada Crece a la Sombra y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) emitieron un comunicado en el que plantean sugerencias al Ministerio del Interior y al INR para evitar la llegada del coronavirus al sistema penitenciario. Legrand contó que lo que se propone es la incorporación de hisopados a la totalidad de los nuevos ingresos de personas privadas de libertad y un aislamiento de al menos siete días para ellos.“La propuesta es para disminuir los riesgos de ingreso del virus, pero también podría prevenir un impacto económico”, ya que, dadas las condiciones sanitarias de las cárceles, el virus se propagaría más rápido y provocaría un colapso en el sistema de salud, además de que todos los trabajadores deberían ser enviados a cuarentena.
Por otra parte, Daniel Márquez, médico e integrante de Nada Crece a la Sombra, contó a Sala de Redacción que las condiciones de las cárceles en Uruguay son propicias para que la pandemia crezca y se agrave la situación de emergencia sanitaria del país. “Tienen las condiciones ambientales propicias: hacinamiento, falta de luz solar, pocos ambientes ventilados etcétera”, dijo. Al respecto, agregó que debe tenerse en cuenta que el covid 19 tiene más mortalidad en personas que tienen otras enfermedades previas y que las personas privadas de libertad suelen tenerlas en mayor medida que el resto de la población , entre otros motivos, por “su mala alimentación”
Según Márquez, el punto más importante de la propuesta de la organización que integra y el SMU es algo que no se está realizando actualmente: la posibilidad de mandar a cuarentena a toda nueva persona privada de libertad. Para el doctor, tomar esta medida es muy importante, ya que hay casos de portadores de coronavirus que son asintomáticos. Por lo tanto, la realización de un testeo y un aislamiento al ingresar podrían evitar una propagación del virus.
Además, el comunicado emitido por las organizaciones sugiere que si la persona posee síntomas pero el test realizado al momento de ingreso al sistema dio negativo, sea atendida por personal médico para evaluar la situación. En caso de que el resultado del hisopado sea positivo, la persona debería ser asistida por un equipo de salud, que debe definir tratamiento y derivación dentro del propio sistema -a una zona específica de aislamiento- o a un centro de salud. En caso de que no sea posible realizar un hisopado, la sugerencia es que la persona privada de libertad cumpla una cuarentena de 14 días.
Efectos del coronavirus
Más allá de los aspectos sanitarios, la crisis económica generada por la pandemia también afecta a las personas privadas de libertad, ya que la mayor parte de sus familias viven en contextos críticos o están en el sector informal del mercado de trabajo. Esa situación, sumada a las medidas de restricción de visitas adoptadas por el INR, hace que adentro de las cárceles falten insumos básicos que suelen ser provistos por las familias. Legrand contó que desde Nada Crece a la Sombra se juntan donaciones de jabón, desinfectantes y otros insumos de limpieza para ser distribuidos en diferentes centros, porque “a la población se le pide lavarse las manos con agua y con jabón, pero en la mayoría de las cárceles no hay ni agua ni jabón”.
Sobre las donaciones de cigarrillos y otros artículos por parte de empresarios al Comisionado Parlamentario Penitenciario, que fueron distribuidos en las cárceles por el Ministerio de Desarrollo Social, Legrand dijo que en una situación tan compleja como es la carcelaria “el uso del tabaco y la yerba son cuestiones que pueden llegar a disminuir las tensiones que hay en el día a día”. Al respecto, agregó que “lo que no se distribuye se ‘transa’, entonces, es una forma de disminuir una red delictiva que empieza a aparecer en el adentro”. Por otra parte, Márquez explicó que “el tabaco genera dependencia y la cárcel no está preparada para poder soportar un síndrome de abstinencia generalizada, si tenemos en cuenta que más del 80% de las personas privadas de libertad fuma”. En suma, dijo que la baja drástica de las visitas repercutió en la falta de insumos, pero también incrementó la tensión.
Márquez contó que en las últimas semanas encontró a las cárceles como nunca la había visto antes: “Me refiero a la sensación de tristeza generalizada, preocupación. Hablé con muchas personas privadas de libertad para tener un taller de salud en el que explicarles en qué consiste la enfermedad y percibí un ambiente muy tenso, producto de que el apoyo afectivo y económico de las familias no está”.
En el caso de que el coronavirus llegue a alguna de las cárceles, Legrand plantea que se deberá pensar muy bien y dar una discusión profunda sobre el tema antes de suspender el régimen de visitas. Según explicó, la suspensión total de visitas traería importantes impactos a nivel emocional, ya que aumentaría las tensiones, pero también traería un impacto económico. Además, recordó que ocho de cada 10 personas privadas de libertad tiene un consumo problemático de drogas: “Cortar determinadas redes de abastecimiento va a traer una crisis de abstinencia que puede ser masiva”.
