“La materia que motiva este informe deriva en la necesidad de que el Estado uruguayo, a través de sus órganos competentes, se pronuncien en el momento de favorecer o no procedimientos de reformas constitucionales que vulneren los derechos humanos recogidos por el Bloque de Constitucionalidad vigente”. Así cerró la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), el documento que cuestiona dos políticas: “Vivir Sin Miedo”, iniciativa del senador y precandidato a la presidencia Jorge Larrañaga para reformar la Constitución en materia de seguridad -a través de un plebiscito- y el referéndum que proponen los nacionalistas Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue para derogar la Ley Integral para Personas Trans.
Larrañaga no tardó en responder. El martes, en conferencia de prensa, calificó al comunicado como “absolutamente improcedente” algo que, según qué definición de diccionario se use, significa “inadecuado” o “que no se ajusta al derecho, la ley, o procedimiento judicial”.
El uso del calificativo es curioso, si se tiene en cuenta que eso es, justamente, lo que argumenta la INDDHH en el documento de siete páginas, en el que ataca la propuesta de Larrañaga y del plebiscito. El argumento central de la INDDHH es que existe un límite para decidir sobre ciertos asuntos, como los derechos humanos. En este sentido, el organismo especifica que no puede revocarse una decisión perteneciente a tal categoría, incluso si se consulta a la mayoría bajo una de las tres instancias disponibles: iniciativa popular, referéndum y plebiscito. La INDDHH se apoya en la explicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indica que “los progresos alcanzados en la protección de los derechos humanos son irreversibles, de modo que siempre será posible expandir el ámbito de protección de los derechos, pero no restringirlos”.
Como parte de la Comisión, el Estado uruguayo cuenta con la obligación de seguir las normativas impuestas. El referéndum para derogar la ley trans sería un caso que atenta contra estos planteos, puesto que restringe derechos ya establecidos sobre un grupo de individuos, en lugar de ampliarlos. Si se sigue la lógica, “Vivir Sin Miedo” se integra en la misma línea que el referéndum: algunas de las propuestas de la reforma irían en contra de los progresos hechos en derechos humanos.
Los derechos fundamentales forman parte de la “esfera de lo no decidible”, explica el texto, y quiere decir que se los “sustrae” de la política para que la mayoría no tenga efecto sobre ellos. “Ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede decidir su abolición o reducción” añade.
Larrañaga había expresado previo a la conferencia que el documento de INDDHH era una “intromisión inadmisible”. Parece que la institución considera aún más inadmisible la intromisión que, según sus planteos, se hace sobre los derechos humanos que intentan proteger.
La INDDHH menciona como ejemplo el caso “Gelman vs. Uruguay”, sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que la Ley de Caducidad, ratificada por mayoría y aprobada en un régimen democrático, no era legítima ante el Derecho Internacional. Por lo tanto, la INDDHH entiende que ninguna de las instancias políticas que se plantean tanto para “Vivir Sin Miedo” y el referéndum para derogar la ley trans tendrían sentido.
En vista de lo que expresa el texto, se explica que el Estado debe seguir el “control de convencionalidad” que somete a sus organismos a las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El control funciona como una forma de verificar si las disposiciones internas del Estado se apegan a las disposiciones internacionales.
El documento aclara que debe definirse a qué organismo le corresponde esa tarea. “En definitiva: la Institución Nacional de Derechos Humanos entiende que el control de convencionalidad respecto a una norma referida a derechos humanos es responsabilidad de todo el aparato estatal dentro de su competencia”, y menciona específicamente al Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a la Corte Electoral.
En la conferencia de prensa, Larrañaga amplió su respuesta junto a sus asesores. Uno de ellos fue el exdecano de la Facultad de Derecho, Alejandro Abal Olioú, quien afirmó que la reforma brinda más garantías a los derechos humanos, contrario a lo dicho por INDDHH. “Ninguna de las cuatro propuestas contenidas en el mismo, que podrán discutirse si son mejores, peores o regulares, pero ninguna de ellas tiene absolutamente nada que ver con los derechos humanos”, añadió.
Larrañaga agregó que su propuesta defiende el derecho de los ciudadanos “acechados por las rapiñas y los hurtos”. Además indicó que si la preocupación de la organización fuera la de los derechos humanos, debería apoyar su propuesta.
