Las propuestas para solucionar la emergencia habitacional forman parte de los programas de todos los partidos políticos en cada campaña electoral. Con ello, abordan un problema social que data desde el alambramiento de los campos en la década de 1880 cuando, con la expulsión de los trabajadores de la tierra, se formaron los “pueblos de ratas”. Con el tiempo, sus pobladores migraron hacia las periferias de las ciudades en busca de nuevas oportunidades, conformando así los primeros asentamientos. Para su solución, hace décadas que se aplican distintas iniciativas pero ningún gobierno llegó a incluir a toda la población en viviendas regularizadas y con servicios públicos. Esta campaña no es la excepción; desde el oficialismo se propone solucionar la emergencia de 38 mil familias, mientras que desde la oposición el planteo es aún más ambicioso: eliminar el problema social mediante un programa de siete años denominado Plan Asentamiento Cero.
Entrevista con Gerardo Amarilla. Foto: Sebastián Bustamante.
El consenso multipartidario que mencionó Amarilla fue la creación del Programa de Inclusión de Asentamientos Irregulares en el año 1999 durante la presidencia de Julio María Sanguinetti, tras una propuesta de Jorge Batlle, actualmente Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB). Fernando Cabezudo, su coordinador, resaltó que entre 2006 y 2011 la cantidad de asentamientos se redujo en un 11% con una inversión anual de veinte millones de dólares, financiada con un contrato de préstamo con el BID y la línea presupuestal del Ministerio de Vivienda. También destacó que de cada cinco asentamientos que se regularizan, solo nace uno nuevo.
Regularizar o realojar
Amarilla dividió el plan en tres parámetros: las viviendas que se asienten “en terrenos públicos y urbanísticamente aptos” se regularizarían con el trabajo de agrimensores y escribanos, las viviendas que estén en zonas inundables se relocalizarían, y, con respecto a los terrenos privados ocupados, “pasa rápidamente a un tema de expropiación por utilidad pública por parte del Estado, hay que indemnizar a los dueños y regularizar esos terrenos. Es un tema de gestión”, simplificó el diputado nacionalista.
La experiencia del PMB es diferente, pues solo interviene en terrenos donde se puede consolidar la ocupación, donde sea posible instalar los servicios públicos y que las zonas no estén contaminadas ni sean inundables. Si el terreno no cumple las condiciones se lo deriva a las oficinas de relocalizaciones, pero siempre se quedan en el mismo barrio, sin romper la unidad creada. Cabezudo aclaró que si bien no se prohíbe tácitamente la intervención del programa en terrenos privados, esto se imposibilita porque las intendencias identifican e impulsan los proyectos para que sean en lugares donde luego se les pueda transferir la propiedad a los ocupantes. Las intendencias pueden ceder sus tierras, pero no pueden obligar a los privados. Por tal motivo, se centran en asentamientos consolidados con historia de lucha y en zonas donde se puedan lotear los predios.
No hay que sumar nuevos
Amarilla sostiene que las ocupaciones se generan por una situación de oportunidad, de quienes se quieren deshacer o generar usufructo del terreno; y de necesidad, por parte de personas desalojadas y sin familia que las apoyen. “Lo que tenemos que hacer es una respuesta inflexible, desde el punto de vista de no permitir nuevas ocupaciones con una policía territorial que tiene que funcionar muy bien en coordinación con los gobiernos departamentales”. Así, describió al sistema de respuesta rápida para evitar la formación de nuevos asentamientos que se desarrolla en el programa de gobierno del PN.
En cuanto a la necesidad de aquellas personas que tienen seguro de desalojo se gestionaría una cartera de terrenos de “bajos costos que van a estar lejos del centro y los servicios”, aunque para acceder deben contar con un ahorro previo. También promueven la autoconstrucción, donde se exija la participación de la familia y el Estado aporte los materiales, albañiles y arquitectos.
En el límite
En el capítulo sobre políticas sociales del programa del PN figura el Plan estamos contigo como complemento al otro plan. Consiste en otorgarles facilidades a un sector de la población vulnerable. Para ello proponen un incentivo que contribuya a acceder a las viviendas de interés social y “alquiler solidario”. Se le consultó a Amarilla sobre cómo ese margen de la población accedería al crédito para una vivienda, y explicó que “la idea es alterar un poco las condiciones de crédito y aumentar el riesgo financiero de la entidad prestadora, en función de la vulnerabilidad” porque “hay un objetivo social que está por delante de cualquier tema financiero”. Sin embargo, experiencias en España o Estados Unidos, donde se otorgaron préstamos a personas que no cumplían las exigencias bancarias, mostraron que el riesgo financiero también repercute directamente en el orden social.
Con base en una concepción de libre mercado y la autoregulación de la oferta y la demanda, no apoyan el tope de precios a la vivienda social proyectada por este gobierno, con el argumento de que “eso obstaculiza el stock inmobiliario” . En la misma línea, proponen mayores exoneraciones tributarias en la construcción para incentivar las inversiones. De esa forma, según Amarilla, se pueden construir viviendas de mayor calidad, generar mayores ganancias para compensar las construcciones destinadas a los sectores más bajos, donde el rubro inmobiliario no percibe mayores excedentes.
La importancia de la levadura
El PMB regulariza los asentamientos instalando servicios públicos como el agua, el saneamiento, la electricidad, viviendas cáscaras y una canasta de materiales. Además, Cabezudo resaltó la importancia que tienen como socios estratégicos el Plan Juntos y Un Techo, por ser organizaciones que se encargan de lo socio-habitacional, mientras que ellos se enfocan en lo socio-territorial. No obstante, desde el PMB le han dado a entender a ambas organizaciones que “la política pública es insustituible por el trabajo de la sociedad civil organizada”.
Según el coordinador del PMB todos son socios, porque es un problema que transciende a las generaciones, “la clave está en la inclusión social. Intervenir simultánea, integral y sistemáticamente en lo físico y social”. Por tal motivo, evalúo que la exclusión social no se centra solo en los asentamientos. No obstante, para ello, se necesitan fondos y tiempo, porque “puedo tener la plata para comprar la harina, pagar al mejor panadero, pero si no dejo que actúe la levadura, el plan va a ser una basura”.
La “levadura” son los procesos sociales de inclusión que no se logran con realojamientos masivos. Se pueden ver experiencias similares de alojamientos masivos como los palomares de Casavalle, Cerro Norte o las viviendas evolutivas. En todos los casos se han irregularizado. Cabezudo insistió que si no se entiende que no todo depende del dinero invertido se comete un “error como país”. La participación de la población es importante porque conoce el terreno y su historia, que se complementa con el trabajo técnico. Por tanto, la existencia del asentamiento es porque “el problema no es la informalidad del territorio sino la exclusión social”. Es importante incentivar a “la comunidad, que fueron capaces de tejer redes sociales de contención y se organizaron como demanda colectiva para mejorar su calidad de vida”.
Concluyó que sobre todo hay que dejar de hablar de erradicación porque “es sacar a alguien de su lugar físico y de la memoria”, marco en el que no se consideran los derechos ni las voluntades de esas personas. También advirtió que en el caso de que logren solucionar el problema de la vivienda, eso será solo una fachada, porque es imposible compensar con una política de menos de una década, más de un siglo de exclusión.
Sebastián Bustamante
