En julio, la Organización de las Naciones Unidas instó a Uruguay a “intensificar sus esfuerzos” para combatir la violencia contra las mujeres tras la publicación del sexto informe del Comité de Derechos Humanos sobre Uruguay. Con la acumulación de 38.925 denuncias de violencia doméstica y 30 femicidios en 2021, el Comité instó a nuestro país a dotar de financiamiento, técnicos y recursos humanos para combatir la problemática, además de a una implementación efectiva de las medidas de la Ley 19.580 de Violencia hacia las mujeres basada en género. No obstante, la problemática también se plantea dentro del sistema político uruguayo, con denuncias públicas a dirigentes sobre abuso sexual, acoso o violencia doméstica en los últimos meses.
El conocimiento, denuncia o condena de un dirigente por delitos relacionados con violencia hacia las mujeres denota una casi inmediata acción pública para mostrar el no apoyo o el distanciamiento del denunciado, aunque esto no se enmarca en un protocolo que funcione de manera regulada. En las elecciones nacionales de 2019, el cantante uruguayo Gustavo Serafini, conocido como “El Gucci”, presentó públicamente su postulación como diputado en la lista 809 del Frente Amplio (FA). Días más tarde del anuncio del cantante, su candidatura fue dada de baja por antecedentes de denuncias públicas sobre acoso sexual.
En octubre del mismo año, el actual intendente de Colonia, Carlos Moreira, fue alejado del Partido Nacional (PN) por la difusión pública de audios en los que prometía a una mujer una pasantía laboral en la comuna a cambio de relaciones sexuales. En el momento recibió el repudio de la fuerza política y fue instado a renunciar al partido, aunque en 2021, después de pronunciamientos judiciales y del archivo de la causa se reintegró al PN. Estos dos casos en los que se involucra la suspensión o alejamiento de la figura de un partido se suman otros más recientes como Gerardo Núñez (Frente Amplio) en 2022, Nicolás Ortiz (Partido Colorado) en 2020, o Víctor Acosta y Adrián Puppo (Cabildo Abierto), también en 2020.
En coalición
El Partido Colorado cuenta con un Código de Ética y Conducta Política que insta a sus militantes y cargos políticos a tener una conducta “digna” y “proba” en su vida, de modo de “no afectar la imagen partidaria”. En diálogo con Sala de Redacción, la prosecretaria de Políticas de Género y Diversidad del Partido Colorado, Desirée Pagliarini, explicó que el partido y su comité de ética no tienen un protocolo de actuación de violencia política basada en género y consideró que es algo a “adecuar a la época en que vivimos”. La prosecretaria sostuvo que, aunque no tengan el protocolo, no han sido “obligados” a proceder en ese sentido, ya que casi no cuentan con denuncias al respecto. “Internamente hemos llegado a tener un pedido de ayuda, no una denuncia formal, y después se medió entre las partes”, afirmó Pagliarini.
A mediados de 2020, el diputado suplente del partido, Nicolas Ortiz, sufrió represalias partidarias al conocerse e imputarse su vinculación con Operación Océano, una red de explotación sexual de adolescentes mujeres menores de edad. A partir de la imputación y a través de las distintas medidas judiciales y su seguimiento público, el sector Ciudadanos lo suspendió preventivamente y se planteó en público que iba a ser investigado por el Tribunal de ética del partido. Según declaró Pagliarini, Ortiz finalmente renunció a su puesto y se alejó del partido.
La prosecretaría de género del partido existe desde hace 10 años y a partir de 2021 se planteó realizar un protocolo de actuación. Pagliarini recordó la trayectoria del Partido Colorado a favor de la causa feminista a nivel histórico y admitió que faltan lugares de discusión para mejorar la “conciencia” sobre “determinados temas de violencia”. En 2021 tuvieron un taller sobre violencia política desde la juventud del partido y esperan poder tener una segunda edición.
Por su parte, el PN mantiene la mayor cantidad de casos públicos de denuncias de violencia basada en género que involucran militantes o representantes del partido. Al año que corre se le acumulan a la fuerza política el caso de Alfonso Lereté, denunciado por una funcionaria por violencia verbal y física durante una reunión de la Intendencia de Canelones, que recientemente fue desestimada por la Justicia; Mario Bandera, en Paysandú, imputado por violencia doméstica a su ex esposa; una denuncia de violación grupal por parte de una militante hacia otros compañeros en los festejos de la victoria del No en el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración que se realizaron en la chacra San Francisco; y el caso de Israel Acuña, un edil departamental denunciado por filmar en un baño a otra compañera en un acto partidario.
Asimismo, el PN no cuenta con un código de ética o un protocolo de acción para violencia política o denuncias privadas ni una comisión o agrupación con temática de género. Igualmente, en su Carta Orgánica llama a sus miembros a “ajustar la conducta como ciudadanos, a los bien entendidos intereses de la Patria y de la comunidad”. También en el documento se describe brevemente que la comisión de ética partidaria tratará los casos de “desviación de conducta que comprometa valores éticos”.
Otro partido de la coalición de gobierno, Cabildo Abierto, cuenta con una Junta Nacional dependiente del Congreso Nacional para la reglamentación y evaluación del accionar de los cabildantes. Fundado en 2019, el partido cuenta con un código de ética pero no una comisión que trate directamente temáticas de género. En el documento se establece que los cabildantes deben respetar la Constitución de la República y observar una conducta “honesta, recta e íntegra” a evaluarse en caso de incumplir con los reglamentos del partido en el Tribunal de Disciplina. Fue este tribunal el que trató el caso de Víctor Acosta y Adrián Puppo en 2020 y determinó una suspensión preventiva que culminó en la expulsión a causa de la presentación de una denuncia dentro de su sector -Movimiento Cruzada Oriental- por declaraciones en redes sociales y denuncias de violencia de género. Según informó Búsqueda a través de la difusión de un audio de una reunión entre Acosta, Puppo y el diputado Eduardo Lust, Puppo tenía una tobillera electrónica, medida cautelar para evitar el acercamiento a una víctima de violencia de género.
Por fuera
En 2020, el Plenario Nacional del FA aprobó un protocolo de acción partidaria para situaciones de violencia de género hacia mujeres. En este documento se especifican los pasos a seguir ante una denuncia de violencia política a la interna del partido. Previo a la aprobación del protocolo, el FA ya se definía como “antipatriarcal y antirracista”, según una resolución del último congreso para definir los lineamientos políticos de cara al quinquenio 2020-2025. Allí se plantea la necesidad de “cuestionar en profundidad la violencia de género, en el deporte, en el ámbito doméstico, en la comunidad, así como también la violencia institucional”.
Este año, ya con Fernando Pereira en la presidencia del partido, se integró una nueva comisión de Género y Feminismos, encabezada por Patricia González. La presidenta de la comisión explicó a Sala de Redacción que actualmente evalúan el protocolo con dos años de activación, pero que fue una herramienta de “mucha discusión”, que se llevó a las bases y todos los sectores del partido. Asimismo, declaró que se comenzó con el proceso de reevaluación en una comisión específica, para valorar la posibilidad de modificar el protocolo. “Lo que hace la comisión es estudiar y analizar la disposición normativa del FA para que tenga perspectiva de género y que incorpore casos de violencia de género que no se integran en el protocolo, como son los casos de violencia privada”, sostuvo González. “Esa es la gran discusión que hemos tenido la fuerza política, de situaciones que son de violencia de género pero en el ámbito privado, no en el espacio político, y ante eso nuestra fuerza política no tiene marco institucional”, afirmó González.
Parte de la discusión sobre la temática comenzó con una denuncia pública de violencia de género hacia Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista. En primera instancia, fue denunciado por abuso sexual de forma anónima en redes sociales y en una segunda instancia por violencia de género por su ex pareja. Al conocerse la noticia, el diputado se tomó licencia de sus actividades políticas y comenzó el proceso judicial. En ese momento, las autoridades partidarias declararon que el FA no tenía herramientas para la actuación ante el caso, ya que las denuncias provenían del ámbito privado y aún no había una resolución judicial al respecto.
Al respecto, González aclaró que, aunque no haya una normativa particular, en los casos de denuncias de violencia privada cada sector del FA termina tomando medidas particulares. A su vez, son estos los que toman una decisión final o envían el caso al Tribunal de Conducta. Por ejemplo, esto ocurrió en 2020, en el caso de Fabricio Speranza, edil suplente en la Junta Departamental de Montevideo a quien el sector Magnolia le pidió la renuncia luego de denuncias en internet bajo el lema “varones carnaval”. De forma similar, la mesa política del FA en Salto expulsó en 2020 al edil suplente Roque Barla, imputado por abuso sexual a una menor de tres años. En ese momento, el partido declaró su “más enérgico repudio y condena a los hechos por los que ha sido sentenciado como autor de un delito de abuso sexual agravado hacia una menor”.
Para González el FA tiene que considerar que “lo personal es político” y la izquierda tiene que ser responsable de esa discusión desde los feminismos, ya que “no le podés pegar a tu mujer y ser dirigente”, según valoró. Además, explicó que se tiene que tomar en cuenta que el FA es una fuerza política nacional y hay mujeres y hombres de todo país con “decenas” de casos para contemplar, más allá de los reconocidos públicamente. El proceso, entonces, debe “generar un sistema de garantías y de protección del debido proceso”, entendió.
