Foto: AFP / DIBYANGSHU SARKAR
En el año 2012 se puso en vigencia la Ley N° 18.910. Ésta dispone la devolución del IRPF a aquellas personas que pagaron ese impuesto y abonaron las cuotas de préstamos hipotecarios con el fin de obtener una vivienda propia.
Sala de Redacción habló con Susana Ferreiro, quien fue la impulsora de esta modificación en la ley. Ferreiro abona la cuota de la vivienda que compró mediante un préstamo hipotecario desde hace 18 años. En julio de 2012 se dirigió a la DGI para cobrar la deducción del IRPF, pero no se lo devolvieron porque la casa y el préstamo del Banco Hipotecario están a nombre de su hija, que tiene Síndrome de Down.
De la ley de 2012 se deduce que la devolución es para aquellas personas que abonan las cuotas y a su vez, son los titulares del préstamo y la vivienda. Si bien a Ferreiro le descuentan la cuota del sueldo, es su hija la que figura como titular, y esta situación no está contemplada por dicha ley.
Segura de que aquello no era lógico, decidió hacer el reclamo para intentar una odificación de esta situación. Se puso en contacto con autoridades de la DGI, a quienes les explicó su situación. La respuesta fue que para dar una solución a su reclamo, era necesario crear una nueva ley que tuviera en cuenta los casos de préstamos a personas discapacitadas o incapaces, pero como todo proceso de ley, era algo para mejorar a largo plazo. El 2013 llegó, y con él una nueva consulta de Ferreiro a las autoridades de la DGI para saber si ya se había modificado algo. La respuesta fue la misma del año anterior.
En julio de este año, con pocas perspectivas de un cambio en su situación, decidió dirigirse a una sede del Frente Amplio. Allí explicó su inconveniente y entregó la documentación probatoria de que ella era quien abonaba las cuotas por ser la curadora de su hija.
Un mes después, el Senador Rafael Michelini se puso en contacto con ella. Le explicó que le habían hecho llegar su caso, y que había solicitado a la DGI que redactara un “borrador de ley” para presentar ante los senadores y diputados del FA, aunque la altura del año no era la mejor porque en breve comenzaba el receso parlamentario (que rige desde el 15 de setiembre al 15 de febrero en año electoral).
El 2 de setiembre el expediente número 3159, correspondiente al proyecto de ley, ya estaba a la espera de la firma del presidente de la República, José Mujica. Ocho días después, Ferreiro recibió la noticia de que el proyecto de ley ya había sido firmado por el presidente y aprobado por la Cámara de Senadores y que entonces había que aguardar a la decisión de los diputados. Horas más tarde, Ferreiro volvió a ser contactada, esta vez para ser notificada de que ese mismo día había sido aprobado por la Cámara de Diputados. Era un hecho que aquel proyecto se convertiría en Ley en los próximos 10 días, y en tiempo record.
La nueva Ley es la N°19.280, promulgada el 19 de setiembre de 2014. Ésta consta de un artículo único que sustituye el inciso tercero del literal E) del artículo 38 del Título 7 del Texto Ordenado 1996.
El nuevo texto contendrá lo siguiente:
“La deducción prevista en los incisos precedentes podrá también ser realizada por los padres, cuando los préstamos hayan sido otorgados a sus hijos mayores o menores, legalmente declarados incapaces, así como a aquellos que sufran discapacidades graves, de acuerdo a los criterios que establezca el Banco de Previsión Social, siempre que los mismos no practiquen la referida deducción y vivan conjuntamente; por las cuotas devengadas a partir del 1º de enero de 2015. Idénticas deducciones y condiciones serán de aplicación a los tutores y curadores de las referidas personales designadas formalmente.
El Poder Ejecutivo determinará las condiciones en que operará la presente deducción”.
En cuanto al hecho de que esta nueva ley rija a partir del 1° de enero de 2015, las autoridades contestaron que se debe a que no se puede ir para atrás en una ley.
Ferreiro afirma que los legisladores del Frente Amplio a los que se dirigió apoyaron su movilización desde el comienzo: contestaron a cada una de sus inquietudes y la tuvieron al tanto de cada etapa por la que pasó el proyecto.
Las autoridades se mostraron interesadas en que esta nueva ley saliera adelante, y poder terminar con la “injusticia” -tal como lo catalogaron en documentos a los que tuvo acceso Sala de Redacción-, que implica el hecho de que no estuvieran contempladas las situaciones de personas discapacitadas e incapaces con préstamos hipotecarios.
A pesar de haber perdido tres años de deducciones del IRPF, Ferreiro se siente muy contenta con lo que logró a partir de su iniciativa. No solo porque a partir del 2015 le van a devolver lo que corresponde, sino también porque esto implica un beneficio para muchas personas que se encuentran en situaciones iguales o similares a la de ella.
Agustina Reina
