Partidarios del presidente colombiano y candidato presidencial Juan Manuel Santos Cali, Colombia, el 31 de mayo 2014. AFP PHOTO / LUIS ROBAYO
En tercera posición quedó la candidata del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, seguida muy de cerca por Clara López, del progresista Polo Democrático Alternativo, con 15,53% y 15,23% de los votos, respectivamente. En quinto lugar y con el 8% de las preferencias quedó Enrique Peñalosa de la Alianza Verde. La gran ganadora sin embargo, fue la abstención, que alcanzó cerca del 60% del electorado.
La campaña electoral estuvo signada por los diálogos de paz que desde el año pasado el gobierno de Santos mantiene en La Habana, Cuba, con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Santos apuesta a su reelección con la promesa de que “un segundo tiempo (de su mandato) sería la mejor garantía”, para poner fin al conflicto armado más largo en la historia reciente de América Latina.
Zuluaga en cambio, anunció al comienzo de la campaña que si resultaba electo decretaría “una suspensión provisional de los diálogos en La Habana y daría ocho días de plazo a las FARC para (…) suspender toda acción criminal contra los colombianos“. “Es la única forma en que yo estoy dispuesto a adelantar un proceso de paz”, manifestó en declaraciones recogidas por AFP. Luego de conocidos los resultados de la primera vuelta, Zuluaga moderó su postura y anunció que no paralizará el proceso de paz si es presidente, aunque anunció que revisará los acuerdos ya logrados y establecerá nuevas condiciones a la guerrilla.
Actualmente, de los puntos a negociar entre las FARC y el gobierno ya se alcanzaron acuerdos en materia de política agraria, participación político-electoral de la guerrilla y drogas ilícitas. Resta aún discutir la reparación a las víctimas del conflicto y el proceso de desarme de la insurgencia. En el marco de esos avances en los diálogos, los insurgentes decretaron un alto al fuego unilateral durante las elecciones, que fueron las primeras en 50 años en celebrarse sin hechos de violencia.
¿Quién gana y quién pierde con la paz en Colombia?
Candidato por el derechista Centro Democrático, Zuluaga es el delfín de Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia entre 2002 y 2010. Uribe, acusado de presuntos vínculos con los paramilitares de extrema derecha, apuesta a una estrategia de guerra total contra la insurgencia armada. Durante su gobierno, y a raíz de la ofensiva desatada por las Fuerzas Armadas y los paramilitares, las FARC pasaron de 20 mil a cerca de 8 mil efectivos, de acuerdo a cifras oficiales.
El rumbo del conflicto cambió con la llegada a la presidencia de Santos. Ministro de Defensa de Uribe desde el 2006, Santos fue un fiel ejecutor de la política contrainsurgente del ex mandatario. Sin embargo, como presidente abandonó la estrategia de su predecesor y buscó una solución negociada con las FARC. A raíz de este viraje, Santos, que pertenece al también derechista Partido Social de la Unidad Nacional, es considerado un “traidor” por los uribistas. “El presidente Juan Manuel Santos se hizo elegir con unas ideas y está gobernando con otras”, manifestó Zuluaga el año pasado, según consignó “El Universal” de Cartagena.
La polarización de cara a lo que sucede en La Habana responde en buena medida a los intereses de las bases sociales de los candidatos al balotaje. Aunque ambos pertenecen al establishment, las propuestas de Santos y Zuluaga coinciden con los intereses opuestos de dos bloques de la élite colombiana.
El uribismo está fuertemente vinculado a los grandes propietarios rurales que controlan la mayor parte de la tierra en Colombia. Este sector, del que proviene el propio Uribe, no ve con buenos ojos un cambio en las estructuras tradicionales del agro colombiano. Esto puede ocurrir de implemantarse los acuerdos que Santos ya logró con la guerrilla, como la creación de zonas de reserva campesina.
La posición de las gremiales rurales más poderosas, como la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia (FEDEGAN), es una muestra de la oposición de esos sectores a los diálogos con la insurgencia. La FEDEGAN fue, de las diversas organizaciones civiles invitadas al debate agrario que propició los diálogos de paz, la única que prefirió ausentarse. El presidente de esa entidad, en declaraciones a “El Tiempo” de Colombia, dijo en esa oportunidad: “Legitimar a las Farc siempre ha recrudecido la violencia. Lo que hay que reafirmar es la voluntad de aplicar la ley. ¡Al criminal hay que combatirlo!”. También señaló que con el actual proceso de paz, los ganaderos ven “amenazada” la propiedad privada.
Santos, en cambio, proviene de una familia perteneciente a la burguesía de Bogotá, que como la de otras grandes ciudades del país, se consolidó como actor dominante de espaldas al agro y apostando a las grandes inversiones extranjeras.
Para el periodista español Ignacio Ramonet, “a la oligarquía urbana, la paz le interesa por razones económicas. Primero, el coste de la paz, o sea una –probablemente modesta– reforma agraria, lo asumirían los latifundistas, no ella. Su interés no está en el suelo, sino en el subsuelo. Porque, en el contexto internacional actual, la pacificación le permitiría explotar los inmensos recursos mineros de Colombia de los que la insaciable China sigue sedienta”, explica Ramonet en un artículo aparecido en “Le Monde Diplomatique” bajo el nombre “¿Paz en Colombia?.
Así lo entiende la Global Business Reports en un dossier publicado en 2011 y titulado “Minería en Colombia, el último gran tesoro andino”. Allí se señala que ese país cuenta con “un extraordinario potencial minero que no ha podido cristalizar en riqueza debido a los problemas de seguridad del pasado”. El trabajo, que recoge la opinión de destacados funcionarios de trasnacionales mineras, resalta la importancia de “la seguridad como base de la prosperidad” de las grandes inversiones en el rubro.
Con una guerrilla diezmada por la ofensiva uribista, pero aún fuerte en el sur y el oriente del país, una paz negociada aparece como la mejor alternativa para un sector de la élite colombiana. Según señala Ramonet, un modelo que acompañe la captación de inversiones con un crecimiento de la inversión pública como la que promete Santos, se beneficiaría de una reducción del presupuesto militar. Durante el gobierno de Uribe la guerra contra la insurgencia elevó el gasto militar a cerca del 16% del presupuesto nacional, el porcentaje más grande en América Latina después de Brasil.
Las alianzas en vistas del balotaje
Distintas expresiones de la izquierda y el progresismo colombiano, como La Unión Patriótica (UP), la Marcha Patriótica y el sector liderado por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ya anunciaron su apoyo a Santos en el balotaje. “Pensamos que lo mejor en este momento es apoyar al candidato que abrió los diálogos y que va por la solución política negociada” señaló la presidenta de la UP en conferencia de prensa, al tiempo que recordó que mantienen diferencias con Santos en materia de modelo económico. La UP se había presentado en primera vuelta en alianza con el Polo Democrático Alternativo.
Los conservadores se dividieron al conocer los resultados de la primera vuelta. 47 parlamentarios de esa colectividad anunciaron que respaldarán a Santos, mientras que su candidata Marta Lucía Ramírez acompañará a Zuluaga junto a otros 38 legisladores del Partido Conservador.
La gran interrogante es cómo se comportarán los votantes del Polo Democrático Alternativo y la Alianza Verde, que decidieron dejar a sus partidarios en libertad de acción.
Francisco Claramunt.
