Cuando se levanta la vista, se ve un balcón de hierro largo con cuatro ventanas antiguas, sobre dos locales comerciales cerrados: el 1371 y el 1373 de la calle Colón. Sin embargo, el 1375, que debería estar al lado, parece ser invisible. Lo único que delata su existencia es una puerta estrecha, sin número ni identificación, que guarda una escalera empinada por la que se accede a la planta alta, la casa del balcón.
Parece haber sido una finca imponente en su época. El patio, enorme, da acceso a las diferentes habitaciones de la casa, ahora maltratadas por el tiempo. En el cuarto principal, que da hacia el balcón, hay camas en los rincones y una mesa en el medio, además de una televisión sobre la cómoda. Allí vive Gianina Bonini junto a su madre, Luján Sosa, y sus cuatro hijos: Kamil, Ryan, Julieta y Emily. En los otros cuartos hay basura, cajones y escombros que Gianina sacó cuando ingresó a la casa, y en dos habitaciones más pequeñas están el baño y la cocina.
Se estima que la casa estuvo abandonada durante 15 años, hasta que en abril de 2018, luego de años de sufrir violencia doméstica por parte de su pareja, Gianina abandonó el hogar junto a sus hijos e ingresó a la finca -que sabía abandonada y sin llave- de manera pacífica. En agosto, Luján también se mudó a la casa tras el fallecimiento de su padre (el abuelo de Gianina).
“Cuando llegué estaba en un estado tétrico”, contó Gianina, sentada en la mesa del cuarto con un mate en la mano. “Una habitación estaba llena de cajas de banana con excremento de paloma, de ratón, de rata. Hay dos habitaciones larguísimas llenas de escombros. Puse la mesada en la cocina e hice toda la instalación eléctrica”.
Ccuando UTE y OSE, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), fueron a instalar los servicios, se enteraron de que la casa no existía. No había registros de que esa finca -que además estaba registrada como si fueran varios apartamentos- hubiera tenido luz o agua potable.
Así, de a poco y con ayuda de vecinos y familiares, Gianina y Luján hicieron la casa un poco más habitable: limpiaron y pintaron algunos cuartos, además de instalar la cocina y el baño, siempre conscientes de que era un hogar transitorio hasta que comenzaran a construir su vivienda con la cooperativa Ufama Cuareim.
“En marzo llegaron unos policías, me pidieron mis datos y los de quienes vivíamos acá. A los días nos llegó un papel que decía que en 48 horas teníamos que dejar la casa. Fuimos a hablar a fiscalía y resulta que teníamos una denuncia penal por usurpación por parte de los dueños”. El dueño era Gregorio Kechichián, fallecido en abril de 2018. Quien puso la denuncia fue uno de sus hijos, Alejandro. Normalmente, el proceso de desalojo lleva meses, incluso años, pero el hecho de que sea una denuncia penal por usurpación hace que Luján y Gianina deban abandonar el inmueble lo antes posible o correr el riesgo de ser formalizadas, a pesar de que si se va al Código Penal (artículo 354), no hayan cometido tal delito al no existir “la intencionalidad de aprovechamiento ilícito o de apoderamiento”, y que negar el acceso a la vivienda constituye una violación al artículo 45 de la Constitución de la República, según explica el recurso de amparo presentado por Luján y Gianina junto a la abogada Valeria España.
Ante la posibilidad de que cobraran un alquiler mínimo a las habitantes de la casa hasta que tengan su vivienda a cambio de retirar la denuncia, la familia Kechichián se negó, y explicaron que su intención es invertir, a pesar de tener deudas con la intendencia. Es que según datos proporcionados por el Municipio B que van hasta el 31/12/2016 -cuando el lugar fue dado de baja como propiedad horizontal-, la deuda por contribución inmobiliaria de los dueños se reparte en tres unidades: la casa, que debe 790.001 pesos, y los locales 1 y 2, que deben 473.315 y 64.239 pesos respectivamente, lo que suma una deuda total de 1.327.555, hasta donde se sabe.
Organización vecinal
Luján y Gianina viven en la incertidumbre. El juez rechazó su recurso de amparo y por el momento siguen en la casa a la espera de una solución. Si bien el futuro se presenta hostil, la Comisión Barrial de la Plaza de Deportes N° 1 se ha encargado de ayudarlas. Compuesta por personas que viven en Ciudad Vieja hace años, la comisión tiene un gran nivel organizativo, sobre todo en un barrio en el que los desalojos son moneda corriente.
“En general se cree que te desalojan y te dan una casa, pero no es así”, contó Gerardo Suárez, integrante de la comisión, parado en un costado de la recién restaurada Plaza 1, y recordó que hace poco desalojaron a 23 familias peruanas de un edificio ubicado en la calle 25 de Mayo. “Ese día había alerta naranja y la policía les dijo que por la ley de viviendas para inmigrantes tienen casa asegurada, pero esa ley no existe”.
En realidad, no hay protocolos sobre qué hacer cuando se da un desalojo, no hay ningún plan de acción para asegurarle a los ocupantes que tendrán un techo, situación que se complejiza cuando se trata de inmigrantes: “La cantidad de violaciones que hay respecto al derecho a la vivienda de los inmigrantes es increíble. Les venden una cama a 5 mil pesos y los meten en un cuarto con seis personas más, o les venden una pieza a 2 mil dólares y viene otro que los desaloja porque es el dueño real. Son los más vulnerables”.
La plaza sirve como centro de referencia para la parte más barrial de Ciudad Vieja. Alejada de las oleadas de turistas que a diario visitan el casco histórico, es un punto de encuentro para los vecinos que viven ahí hace años. “Esta es la parte de barrio que va quedando”, dijo Suárez, y añadió que en Ciudad Vieja hay muchos edificios abandonados producto de la especulación inmobiliaria: “Desalojan, echan a la gente y queda el edificio cerrado, les sirve especular con los edificios, esperar que los precios suban, porque la zona, al ser céntrica y por su valor histórico, tiene potencial. Esto provoca que la gente del barrio sea expulsada a la periferia”.
Hace poco, la intendencia presentó el proyecto Fincas, que trabaja en la recuperación de inmuebles abandonados, deteriorados o deudores de la zona céntrica de la ciudad y que busca, según se lee en la página web, “resolver problemáticas asociadas al abandono: riesgo edilicio, deterioro ambiental, conflictividad social y seguridad ciudadana”.
Los integrantes de la comisión de Plaza 1 creen que, ya que la deuda que tiene la propiedad de los Kechichián supera su valor catastral, esta podría pasar a ser del gobierno departamental si se inician las acciones legales correspondientes, lo que arrojaría un poco de luz sobre la situación de Luján, Gianina y sus cuatro niños.
