Veinte años después.
Ida y vuelta. La multitud corre a las veredas de Bulevar Artigas. Dos ambulancias pasan como un rayo, abriéndole el paso a los patrulleros. De las ventanas de los coches policiales asoman decenas de armas largas y de pronto, sin previo aviso, el convoy escupe una ráfaga de balas hacia la gente. Después vendrán los caballos, palo y más balas; las autoridades cortarán la luz en toda la zona y perseguirán a cada manifestante. La represión no distingue entre viejos, jóvenes, madres o niños. A un enfermero que se detiene a atender a un herido los coraceros le descerrajan cinco tiros en la espalda. Es 24 de agosto de 1994.
La historia había comenzado dos años antes, cuando decenas de ciudadanos vascos instalados en Uruguay sufrieron la persecución policial y el pedido de extradición del Estado español, por presunta colaboración y pertenencia al grupo independentista ETA. Organizaciones sociales y políticas rodearon el Hospital Filtro, en donde tres vascos que serían extraditados hicieron huelga de hambre, reclamando el asilo político en Uruguay.
Ante la persistencia de la opinión pública en que los vascos permanecieran en nuestro país, el gobierno de Luis Alberto Lacalle optó por el camino más rápido. Y el más aleccionador. La represión estuvo a cargo del entonces Ministro del Interior, el herrerista Ángel María Gianola. Aquel día la policía asesinó a dos personas: Fernando Morroni y Roberto Facal.
Desde entonces una marcha pide todos los años el fin de la impunidad que aún cubre a aquel 24 de Agosto. También en el País Vasco se conmemora esta fecha con actividades organizadas por colectivos sociales, políticos y de defensa de los derechos humanos.
Brigadistas vascos recorren América Latina. Foto: Santiago Mazzarovich.
“La filosofía que tenemos es la solidaridad ida y vuelta. No entendemos la liberación social y nacional sin el internacionalismo”, afirmaron sus integrantes. Sus brigadas, conformadas por jóvenes que integran distintas organizaciones sociales vascas, recorren actualmente países de América Latina, Europa y África para conocer el contexto político y social “de primera mano, mostrar nuestra solidaridad y al mismo tiempo contar que es lo que pasa en nuestro pueblo”.
Decisiones. “Mucha gente cree que porque ETA cesó su actividad armada se ha resuelto el conflicto vasco y eso no es así. La lucha armada empieza desde un conflicto político que es que nos niegan el derecho a decir y hacer como pueblo. El conflicto vasco no se va a solucionar hasta que nos devuelvan ese derecho a decidir, a ser pueblo”, dijeron a SdR los jóvenes de Askapena.
La historia reciente del País Vasco está marcada por los enfrentamientos entre la guerrilla independentista ETA (Patria Vasca y Libertad, por sus siglas en euskera) y el Estado español. En 2011 ETA anunció un cese al fuego unilateral que terminó así con 53 años de lucha armada y abrió además una etapa política nueva para la izquierda abertzale.
“En el 2008 nos encontrábamos en un momento de bloqueo. Se hicieron debates internos dentro del movimiento popular, dentro de la base del movimiento social y nacional vasco y entonces se optó por un cambio de estrategia, en el marco del proceso de paz que se estaba abriendo”, contaron los miembros de Askapena. Ese cambio de estrategia apunta a un “fuerte trabajo en la rama institucional y la rama del movimiento popular”.
Para Askapena, el Estado español se aprovechó del conflicto armado de las últimas décadas para adoptar una estrategia totalizadora. “La crisis interna del Estado español la tapaban siempre con el conflicto vasco y la represión siempre la excusaban con ETA. Abrieron un abanico en el que ‘todo es ETA’ para poder criminalizar a todo el movimiento social. Con eso estaban muy cómodos, cualquier movimiento que nacía, simpatizara o no con la izquierda abertzale, era reprimido y no pasaba nada porque ‘todo era ETA’”, apuntaron.
“Todo es ETA”. Prohibido el Olentzero por “apoyo a ETA”. Los ciudadanos de Pamplona no salen de su asombro. Y es que Olentzero no es el nombre de un militante prófugo, ni de un partido político independentista, ni siquiera de una organización de derechos humanos. Olentzero es un muñeco de trapo, barrigón, con pipa y boina negra que cada Navidad, y desde hace siglos, recorre las calles vascas anunciando el nacimiento de Jesús y trayendo regalos a los niños.
Este Papá Noel vasco, juerguista y borrachín de acuerdo a la tradición popular, fue prohibido en 2009 en cuatro barrios de Pamplona por el Ayuntamiento, que consideró que su desfile daba lugar a muestras de apoyo a los grupos independentistas.
Los militantes de Askapena denunciaron que actualmente existe en Euskal Herria un andamiaje jurídico para el cual todo lo vinculado a la independencia vasca o al socialismo corre el riesgo de ser puesto fuera de la ley. Entienden que bajo carátulas como “colaboración con banda armada”, “pertenencia a organización terrorista” o“enaltecimiento del terrorismo”, se criminaliza a la izquierda abertzale y a expresiones sociales afines.
“Compartir los objetivos de la izquierda abertzale, de la liberación nacional vasca, por cualquier organización, es utilizado como excusa para ilegalizar muchas organizaciones. ‘Tu tienes los mismo objetivos que este, entonces eres lo mismo que este”, señalaron los miembros de Askapena en referencia a la Justicia española.
Ese fue el caso de organizaciones políticas como Batasuna, Herri Batasuna, Acción Nacionalista Vasca, Askatasuna, Partido Comunista de las Tierras Vascas, entre otras. Organizaciones de derechos humanos y por la libertad de los presos políticos como Gestoras Pro Amnistía y Herrira, y periódicos de información general y tirada masiva como Egin, Euskaldunon Egunkaria, o el digital Ateak Kireki, también fueron prohibidos por el Estado español.
En conversación con SdR, los brigadistas dispararon contra quien consideran uno de los artífices principales de la doctrina “todo es ETA”, el juez Baltasar Garzón. Según los militantes, Garzón, que actúa en causas por los derechos humanos en América Latina, usa su trabajo en esta zona del mundo como pantalla para “seguir torturando, persiguiendo y apresando” en Euskal Herria.
Preso en tierra ajena. “Hallado muerto en su celda el etarra Arkaitz Bellón Blanco” tituló en febrero de este año el matutino español El Mundo. El ABC de Madrid repitió en su título el calificativo, a pesar de que el Tribunal que juzgó a Bellón en 2000 por disturbios callejeros había advertido que el condenado no pertenecía a ETA ni a su entorno político.
Arkaitz Bellón estaba a tres meses de salir en libertad de la cárcel del Puerto de Santa María, en Cádiz. Con 36 años, llevaba 13 preso en régimen de aislamiento, por actos que incluían la rotura de patrimonio municipal y la quema de un ómnibus y dos ciclomotores en la ciudad de Donostia. La pena de Bellón contrasta con los dos años de prisión que suelen aplicarse a casos similares cometidos en zonas no vascas de España.
De acuerdo a las autoridades, la muerte de Bellón en su celda se debió a “causas naturales”. Organizaciones de derechos humanos habían denunciado que el preso recibió sendas golpizas por parte de los guardiacárceles al menos en dos oportunidades, en 2011 y 2013.
A comienzos de este año, unas 110 mil personas recorrieron las calles de Bilbao exigiendo la libertad de los presos políticos vascos. “Sin amnistía no hay paz”, fue uno de los cánticos más coreados durante la manifestación, convocada por los principales partidos nacionalistas de izquierda y derecha.
De acuerdo a la organización vasca Etxera, suman 498 los presos políticos vascos, 377 en España y 105 en Francia, según cifras de marzo de este año. Como consecuencia de la política de dispersión que se practica desde la década de los 80’, la mayoría de estos reclusos están en cárceles ubicadas a centenares de kilómetros del País Vasco: unos doscientos lo están a más de 800 kilómetros. Esto dificulta las visitas de los familiares y repercute en su salud negativamente, afirmaron a SdR los miembros de Askapena.
Los fines y los medios. “Las instituciones del Estado no dejan de ser instituciones del enemigo, Nosotros sí que entramos ahí, pero estamos limitados, no podemos hacer todo lo que deberíamos. Al interior del movimiento existen dos partes, la base social es la que tiene más fuerza y la institucional es sólo una herramienta”, manifestaron los integrantes de Askapena al ser consultados por el crecimiento electoral de la izquierda abertzale.
En mayo pasado, el europarlamento recibió por primera vez a un diputado de esta corriente política. Los abertzales se convirtieron en la fuerza más votada en las ciudades vascas de Guipúzcoa y Álava, y quedaron segundos a nivel del País Vasco.
Este ascenso electoral se apoyó en la formación de coaliciones amplias de partidos de izquierda, como Amaiur y Euskal Herria Bildu. Para los miembros de Askapena, la apuesta electoral tiene un rol estratégico en el camino a la independencia, pero no es un fin en sí mismo: “le toca a la base social dirigir ese proceso y cuidar que no se desvíe; hay ejemplos de que sólo basándose en el poder institucional se pierde la lucha”.
Gabriela Pasturino / Francisco Claramunt
