El Consejo de la Nación Charrúa (Conacha) señaló que el racismo y la discriminación hacia los pueblos originarios siguen presentes y que el Estado es responsable por invisibilizar la comunidad indígena en Uruguay y operar “desde un racismo y discriminación estructural”. A su vez, exigió que el Estado reconozca la Matanza de Salsipuedes como un genocidio y reclamó que el arroyo Salsipuedes sea declarado sitio de memoria. El planteo fue realizado en las redes sociales de la organización en el marco de los 190 años de la Matanza del Salsipuedes, que se cumplieron el 11 de abril, al mismo tiempo que se conmemoraba el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. Martín Delgado, presidente de Conacha, dijo que la Ley Nº 19.641, que establece la creación de Sitios de Memoria, fue creada para crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar pero podría aplicarse a otros hechos históricos.
El 11 de abril de 1831 se llevó a cabo una masacre étnica a orillas del Salsipuedes. Un grupo de charrúas fueron llevados engañados al arroyo y 1.200 soldados, comandados por el ex General Fructuoso Rivera, los rodearon para acribillarlos. Este acto, aún impune, dejó un saldo de 40 muertos y 300 prisioneros, que fueron esclavizados y apartados de sus hijos menores de edad, con el fin de acabar con la cultura indígena y desterrarlos de sus tierras nativas.
Delgado dialogó con Sala de Redacción y argumentó que es necesario que se reconozca que hubo terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad contra la población indígena. A su vez, explicó que si bien nombrar el 11 de abril como el día de la Nación Charrúa “habla de reconocimiento y del aporte de la identidad indígena a la construcción nacional, esa ley (este no fue nuestro proyecto, fue de legisladores) no dice que en Salsipuedes se cometió un genocidio”. Por otra parte, Delgado enfatizó que el reconocimiento como Sitio de Memoria es esencial para la creación de lugares de resguardos culturales y ambientales de la comunidad indígena, y sugirió que sería prudente que estos territorios estén a cargo de miembros de las comunidades charrúas. “Si no pasa lo que ha pasado muchas veces, por ejemplo en Chamangá, que es un sitio de patrimonio indígena, pero las personas indígenas estamos totalmente excluidas”, explicó Delgado, y agregó que la Intendencia de Flores tuvo siempre el monopolio del lugar, mientras que los “herederos culturales” quedaron por fuera. Para las personas que forman parte de la comunidad charrúa es de vital importancia el territorio en donde se produjo la matanza, un lugar al que algunos se dirigen para pedir consejo a sus ancestros o tomar energía para seguir luchando.
Imagen del Consejo de la Nación Charrúa.
En silencio
Si bien desde Conacha se comunicaron con la Presidencia de la República, no obtuvieron respuesta; el único mensaje recibido fue de la oficina de la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón, que ofreció una disculpa por carecer de tiempo.
Durante los gobiernos del Frente Amplio hubo comunicación, pero el reconocimiento del genocidio y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales no contaron con el apoyo de los ex presidentes José Mujica y Tabaré Vázquez. En 2017 Conacha se reunió con el ex vicepresidente Raúl Sendic y Delgado recordó que en ese ámbito se reconoció que existen descendientes de indígenas y que lo ocurrido en Salsipuedes fue un genocidio, pero no existió compromiso para establecer políticas reparatorias ni reconocer públicamente lo sucedido.
Según Delgado, la que sí ha mostrado voluntad para hablar es la Institución Nacional de Derechos Humanos. La petición para que se declare Salsipuedes como sitio de memoria se entregó recientemente y desde Conacha están a la espera de una respuesta.
Por la invisibilización de la comunidad y la idea extendida de que ya no hay charrúas, desde Conacha exclaman: “No fuimos exterminados. Somos y estamos”. Aunque estén, en Uruguay no se cumplen los términos del Convenio 169 de la OIT. De hecho, Uruguay y Surinam son los únicos países de Sudamérica que no han ratificado el convenio, que toca varios puntos, entre ellos las devoluciones territoriales. En cuanto a esta omisión, el presidente de Conacha declaró que “hubo una política de despojo territorial”.
Por otra parte, Delgado sentenció que ningún partido político discute a Rivera, ya sean progresistas o conservadores, y que a nadie le preocupa verdaderamente tener una política de reconocimiento indígena, porque esto significaría rectificar el Convenio 169 de la OIT, reconocer el genocidio charrúa y “garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”, tal y como proclama el documento oficial. Para Delgado, Uruguay “se piensa como un Estado francés, europeo, no le gusta pensarse como un Estado latinoamericano”.
