En Uruguay durante los primeros cinco meses del año se registraron siete femicidios, en su mayoría femicidios íntimos: “Fueron situaciones dentro de un vínculo de pareja, ex pareja o un vínculo afectivo sexual entre la víctima y su femicida”, explicó Christian Gularte, suboficial mayor del Ministerio del Interior (MI) que se encarga de analizar femicidios y crímenes de odio. Gularte fue uno de los disertantes del cuarto webinar “Una pandemia silenciosa que requiere respuestas articuladas”, de ONU Mujeres de América Latina y el Caribe.
En comparación con 2019, hubo un incremento en los meses de marzo y de mayo, con cuatro femicidios en marzo y dos en mayo.
Gularte especificó que son hechos aclarados, es decir que hay más casos que están en investigación “con elementos que hacen presumir que se trata de un femicidio pero hasta que no esté aclarado ese hecho no podemos saber quién cometió ese femicidio”, explicó.
En comparación con los años anteriores, las tentativas de femicidios -situaciones en las que se intentó matar a una mujer por su condición de tal– presentaron un leve incremento en 2020: hasta mayo fueron 14, mientras que habían sido nueve en 2019 y 12 en 2018.
La situación de la región
Las cifras disponibles sobre femicidios en América Latina “revelan una realidad alarmante”, manifestó Yeliz Osman, asesora regional de violencia contra las mujeres de la Oficina Regional de las Américas y el Caribe de ONU Mujeres que participó en la novena “Consulta Pública del Foro de Participación Social del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur”. Según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, las cifras van en aumento: en 2017 las víctimas de femicidios habían sido 2.795, fueron 3.519 en 2018 y en 2019 fueron 3.800.
Para Osman, aunque es muy pronto para analizar el impacto de la enfermedad covid-19 en los femicidios, “hay algunos datos preliminares que sugieren un posible aumento y un vínculo con las medidas de cuarentena en algunos países de la región”. Según datos del CEPAL en Colombia entre el 20 de marzo y el 4 de abril, 12 mujeres fueron asesinadas y en El Salvador entre el 16 de marzo y el 28 de mayo, fueron 24 las víctimas.
Según la CEPAL “entre los países con mayor tasa de femicidios por cada 100 mil mujeres dentro de América Latina, Uruguay se encuentra en el séptimo lugar con una tasa de 1,7”. El primero es El Salvador con una tasa de 6,8 cada 100 mil, le sigue Honduras con 5,1, en tercer lugar se ubica Bolivia, con 2,3 cada 100 mil, el cuarto es Guatemala con 2, el quinto es República Dominicana con 1,9 y el sexto es Paraguay con 1,7 cada 100 mil.
Osman opinó que la tasa de Uruguay es muy alta cuando se compara con países como México, que tiene una tasa de 1,4 cada 100 mil mujeres o Brasil, que tiene una tasa de 1,1 porque a pesar de que México o Brasil tienen más casos de femicidios, cuando se mira la tasa por 100 mil mujeres, Uruguay supera estos países e incluso se subestima la magnitud real del problema, porque “los crímenes de violencia contra las mujeres son menos reportados y detectados y en muchos casos no son clasificados ni registrados adecuadamente”, observó.
Con respecto a la comparación internacional, Gularte alegó que Uruguay tiene “un muy buen sistema de información y un buen registro administrativo sobre todas las situaciones que ocurren en el país, además de una única Policía Nacional en comparación con otros países que tienen otras policías”.
Acciones en la cuarentena
La comisaria mayor Angelina Ferreira, encargada de la División de Políticas de Género del MI, afirmó que en general el mecanismo de denuncia más utilizado es la denuncia presencial ante las seccionales policiales y unidades especializadas en violencia doméstica y género.
El aislamiento puso en riesgo la vida de las mujeres que sufren violencia de género e incrementó las barreras para poder hacer las denuncias, porque muchas de ellas viven con sus abusadores.
Durante la cuarentena el MI intensificó sus servicios de respuesta a través de una campaña de comunicación en la que se difundieron las vías para denunciar; esa información también fue destacada por el MI, en una ventana emergente que creó en su página web. Esas vías son: el 0800 5000; las denuncias en línea en que pueden hacerse en la página del MI; la aplicación móvil del 911 para situaciones de emergencia. Además, la Unidad de Comunicación del MI hizo una campaña de comunicación que dispuso en las pantallas de las rutas nacionales el exhorto a la sociedad de que ante situaciones de violencia doméstica se comunique con el 911.
Por otro lado, durante la pandemia el Centro de Comando Unificado, donde funciona el servicio de emergencia 911 “priorizó la respuesta operativa ante los llamados por violencia doméstica y de género en todo el territorio nacional y realizó coordinaciones para el intercambio de información”, explicó Ferreira.
Inaceptable
Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres en Uruguay, manifestó en diálogo con Sala de Redacción que “son inaceptables” los niveles de violencia en Uruguay hacia las mujeres, que se pueden medir en femicidios, en el número de denuncias que recibe el MI, o a través de las llamadas de pedidos de ayuda.
La prevención, atención y respuesta hacia la violencia contra las mujeres es una de las tres brechas de género en la que trabaja ONU Mujeres en Uruguay; las otras dos son la participación política de las mujeres enfrente de los cargos de decisión y el empoderamiento económico de las mujeres.
Nueva normalidad, nuevas prácticas
“Podríamos ser cualquiera de nosotras, estoy convencida de que el simple hecho de ser mujeres en esta sociedad nos pone en riesgo para llegar a sufrir alguna forma de violencia”, relató Adriana Fontán, coordinadora del sistema de respuesta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en diálogo con Sala de Redacción.
Sin embargo en los últimos años se observó un mayor involucramiento de la comunidad como resultado del proceso histórico del movimiento feminista y de la tarea del Estado “que tomó esta temática cada vez con más seriedad y con más compromiso en los recursos”. Esto, según Fontán, ayudó a que las personas se comprometan y se sientan parte de la solución.
“Todavía se conserva la naturalización de la violencia, que es parte de nuestra sociedad patriarcal que tolera y naturaliza aún muchas injusticias y formas de desigualdad en las relaciones humanas”, consideró Fontán. A su entender, eso explica que el porcentaje de mujeres asesinadas que no pidió ayuda ni denunció a su agresor, sea mayor al porcentaje de las víctimas que sí lo hizo.
Si bien se logró visibilizar la problemática de violencia de género y femicidios, Fontán explicó que “vivimos en una sociedad que no alienta a que comuniquemos que esto sigue pasando”, y aún hoy “existen discursos muy fuertes a nivel social en el que siguen ubicando a las mujeres en un lugar de menor jerarquía o al servicio de los hombres”. Agregó que cuando una mujer decide poner fin al vínculo, el hombre siente que la mujer no tiene el derecho y actúa como si ella fuera de su propiedad, y aseguró que eso es algo que “se ve con mucha claridad cuando uno repasa las historias de los femicidios” concluyó.
