El ejercicio del “poder médico” puede darse sobre cualquier paciente, pero “tiene un sesgo de género muy profundo en la violencia obstétrica” afirmó en diálogo con Sala de Redacción Romina Gallardo, abogada e integrante del colectivo Gestar Derechos. El factor común en todas las denuncias que recibe esta organización recae en el “ejercicio de control de la mujer” y en la repetición de estereotipos de género en el ámbito de la salud reproductiva. De junio a diciembre de 2020 recibieron 136 denuncias de este tipo, y 41 de enero a mayo de este año.
En la actualidad, la gran mayoría de las denuncias que reciben se plantean a raíz de la pandemia: suelen ser porque las instituciones “no permiten acompañamiento en las ecografías o en el parto” o por situaciones en que las mujeres terminan quedando “aisladas o separadas de sus bebés”, sostuvo Gallardo. También se presentan denuncias de violencia obstétrica que no tienen que ver con la pandemia, la mayoría de ellas son reclamos por la pérdida de autonomía y del poder de decisión de la mujer frente a los integrantes del equipo de salud.
El predominio de este tipo de denuncias relacionadas es, según dijo a Sala de Redacción Gissell Colman, una de las parteras que integra el grupo, un indicador de “la debilidad de algunos derechos ya conquistados”. Gallardo, por su parte, consideró que aunque existan normativas que amparan estos derechos no son suficientes “si no están acompañadas de un cambio social”.
Es un colectivo conformado por mujeres profesionales de diferentes áreas en junio de 2020 “motivadas por la defensa de los derechos de la mujer”. El equipo multidisciplinario se encarga de atender a las víctimas de violencia obstétrica. Actualmente, Gestar Derechos está a la espera de financiación para trabajar con un equipo de estadística en la recolección de datos y cifras de cuántas denuncias llegan, de qué tipo y en qué territorios.
Objetivos y dificultades
Además de la actuación con las víctimas, el colectivo pretende promover prácticas que deriven en una buena experiencia en el nacimiento, por lo que Colman entiende que es “importante poder trabajar con el gobierno y las instituciones”.
Carissa Etienne, la Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó en rueda de prensa, el 26 de mayo, el “devastador impacto del virus sobre las mujeres” en distintos ámbitos. Entre las situaciones de vulnerabilidad que enumeró, habló sobre la interrupción de los servicios de atención gestacional y neonatal en muchos de los países de la región, “lo cual pone en riesgo a las futuras y las nuevas madres” expresó.
La directora de la OPS hizo énfasis en el retroceso que supondrá la pandemia “si esta situación continúa” en los avances logrados para mejorar el acceso de las mujeres a la planificación familiar. Además, explicó que la desatención de las embarazadas las pone en un lugar de mayor riesgo ante la enfermedad por coronavirus.
La ley N°19580 de Violencia hacia las mujeres basada en género la define como “toda acción, omisión y patrón de conducta del personal de la salud en los procesos reproductivos de una mujer, que afecte su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo o abuso de técnicas y procedimientos invasivos”.
Tanto Gallardo como Colman coinciden en que este tipo de violencia se enmarca en la violencia de género, que sienta sus bases en las relaciones de poder, y en los “modelos hospitalocéntricos, médicocentristas e intervencionistas”. Además, constatan que las respuestas institucionales ante una denuncia “no reconocen este tipo de violencia, o reproducen los modelos sexistas”, manifestó Gallardo. Colman agregó que si bien se han visto avances en la última década, falta mucho para que la sociedad le otorgue la importancia necesaria a un proceso de nacimiento positivo.
“La salud reproductiva no debía ser desatendida durante la pandemia” dijo Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) en conversación con Sala de Redacción. Esta organización monitorea la atención de la salud reproductiva y el cumplimiento de la ley. Según Abracinskas, en este período de emergencia sanitaria el Ministerio de Salud Pública (MSP) envió una circular a las instituciones de salud para indicar la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, pero criticó que “lo que no hizo fue controlar que esto se cumpliera” y dejó el tema a discrecionalidad de cada equipo.
MYSU relevó variados problemas en la atención de la mujer embarazada: discontinuidad en el servicio, no comunicación a las usuarias de cómo era la nueva organización de las instituciones, demoras en los controles requeridos e incumplimiento de derechos.
Abracinskas afirmó que las autoridades sanitarias “prácticamente ni hablan de salud sexual y reproductiva”. Desde su organización han pedido al MSP detalles sobre los cometidos, objetivos y metas en dicha materia durante este período de gobierno, pero el ministerio “no contesta más que de covid y de vacunación”, aseguró.
Para Abracinskas, es “preocupante” que la lectura del MSP sea: “si no hay denuncias, no debe haber problemas en el funcionamiento de las prestaciones”. Para ella, esta visión es equivocada porque muchas mujeres no denuncian maltratos, desatenciones o irregularidades a menos que se conviertan en situaciones de mucha gravedad porque “un procedimiento judicial es caro” y “los mecanismos de denuncia no son claros”.
Red de parteras
A raíz de la cartelería antiaborto desplegada en Montevideo y Canelones un día antes del “Día Internacional del Niño por Nacer”, un grupo de Parteras en formación, Egresadas y Docentes Universitarias de Obstetricia (PEUO Uruguay) decidó formar una red para brindar información sobre los servicios de salud sexual y reproductiva en el país. Agustina Crosa, integrante de esta red, dijo a Sala de Redacción que uno de sus principales objetivos es defender los derechos de las mujeres “en todo su proceso de reproducción” y no solo durante el parto.
Además de promover e informar sobre los derechos en este ámbito de la salud, según Crosa, el grupo pretende “llegar a esas mujeres que por falta de información o por cansancio, están siendo vulneradas en su proceso reproductivo”. En la Red PEUO, las integrantes son de distintas partes del país, y cada una “desde su pequeño lugar va trabajando y fortaleciendo el acompañamiento” de las gestantes, contó.
En Uruguay, la Ley N° 17.386 ampara el derecho de las mujeres a elegir ser acompañadas durante el parto por alguien “de su confianza” o por una persona “especialmente entrenada para darle apoyo emocional”. Además, la mujer embarazada debe ser informada sobre este derecho por el centro asistencial al que concurra. Esta ley no deja de tener vigencia durante la pandemia y Crosa aseguró que desde la red se han comprometido a divulgar la validez de este derecho. Hizo énfasis también en que se debe informar a las mujeres que durante una infección por coronavirus no pierden el derecho a ser acompañadas durante el parto. Crosa considera que la pandemia “potenció la imposibilidad de denunciar” los casos de vulneración de derechos.
