Juan Ignacio Suárez era un hincha de Peñarol que perdió la vida en el Campeón del Siglo hace prácticamente un año (el 13 de mayo del 2023), cuando efectivos de la Guardia Republicana lo quisieron bajar de un portón. En el proceso, luego de una tracción física, sufrió el desgarro de la arteria ilíaca en la región pélvica que posteriormente derivó en un paro cardiorrespiratorio y el fallecimiento del joven tras engancharse en los pinchos del portón de rápido acceso. Esos pinchos hoy ya no están dado que se tomó la medida de quitarlos luego del episodio. Hoy la defensa de la familia de la víctima está a cargo de los abogados Rodrigo Rey y Micaela Benavente, ambos miembros del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
En este momento, la investigación está en una etapa en la cual la Fiscalía tiene dos opciones sobre la mesa y la decisión recae sobre el fiscal Leonardo Morales. Por un lado, se puede archivar el caso y la defensa tendría un plazo de 30 días para oponerse, o tomar directamente la decisión de citar a declarar a los policías individualizados en la escena (que serían 3 o 4). Rodrigo Rey indicó a Sala de Redacción que “uno es el que claramente lo jala y el resto son policías que acompañan la acción”.
El abogado también acotó que cree firmemente en que se debería llegar a una instancia de investigación, porque “sería grave llegar a un escenario de archivo sin que se diligencie la prueba testimonial”. Además, agregó que “una cosa es llegar a archivar con una investigación concluida, en la que el Estado cumplió con el deber de investigar, juntaron todas las pruebas y ya con todos los elementos para decir que no es blanco, indican que es negro… Distinto es cuando no hay ningún elemento y te dicen que es negro”.
Si todo se da de esta manera podría pasar incluso que un nuevo fiscal no agregue ni haga lugar a ninguna prueba, entonces se vuelve a archivar y sería una homologación, explicó el abogado. Cuando ese segundo fiscal lo archive, no habría chance de que el hecho vuelva a ser investigado, es decir que sería una investigación que se lleva sin que prácticamente declare ningún testigo, lo que el defensor marca como una “cosa absurda” en una muerte violenta, “más aún cuando los testigos están individualizados”.
El principal objetivo que se plantean los letrados es que Morales complete la investigación. Entienden que el fiscal tiene al menos 15 omisiones en materia de solicitud de evidencia que no cumplió y se toma como algo fuera de lo normal; por lo general los casos que provocan cierta alarma pública se archivan después de una investigación y este caso se archivaría sin ella.
Hora de investigar
Desde Serpaj ya se incorporaron cuatro testigos a la carpeta de investigación y tienen diez más que esperan producir e incorporar a la misma en estas semanas. “Supongamos que solo el 30% tiene algo relevante para decir. Ya ahí el fiscal tiene una tarea de investigación, que es citar a esos testigos a declarar para que ratifiquen lo que dicen en nuestras grabaciones y les haga las preguntas que considere pertinente”, señaló el abogado de la familia. En base a esto se iría armando la investigación, con lo que digan los testigos y desde esos testimonios, interrogar a los policías individualizados, que es algo que el fiscal a cargo no ha hecho aún. Por esto se remarca desde el lado de la defensa la importancia de que se cite a los testigos a declarar y se afirma que “estos casos no se resuelven con pericias forenses”. O sea, no hay “una pericia balística que diga que el impacto del tiro fue en tal o cual parte del cuerpo” que permita “deducir que se hizo en una zona letal”. En este caso hay “una tracción física que provocó un desgarramiento que a Nacho le cortó la arteria ilíaca”.
En estos momentos lo que hacen los abogados de Serpaj es incorporar a la carpeta la mayor cantidad de evidencia posible, porque sino estarían faltando a su labor y así lo marca Rey: “Si yo te llevo la prueba, vos la ves y hacés como que no, eso es omisión de funciones, ya nos metemos en el ámbito infraccional, estaría incumpliendo el Estatuto del Funcionario Público y el Estatuto de la Ley Orgánica de Fiscalía que le impone el deber de actuar cuando la investigación tiene un cuadro formalizable”.
Lo que la defensa busca -y ya fue rechazado en primera instancia por el fiscal Morales-, es que la investigación pase a un fiscal especializado en homicidios, para que “no haya liviandad en el razonamiento”. Rey sentencia: “puede ser un homicidio culposo, o incluso si no fuera un homicidio, puede haber abuso de funciones u omisión de asistencia. Ahora, lo que seguro no hay, es que no haya delito. Seguro no hay atipicidad, como le decimos nosotros. No podés postular que ese procedimiento policial, así como terminó, es jurídicamente neutral. Porque si ese procedimiento es jurídicamente neutral, hay licencia para matar en los estadios”.
El representante de la familia de la víctima marca que hubo un mal procedimiento y que esto es lo que termina con el fallecimiento del joven hincha de Peñarol. “Nacho estaba insertado en la reja aparentemente, y es el movimiento que hace la policía. O sea, si la policía no intervenía, Nacho no moría”, expresó Rey para luego agregar que “si el policía se acercaba y le pedía bajar, Nacho no se moría. Por eso es absurdo que se diga que la conducta no es delictiva”.
Diligencia y negligencia
Según marca el Art.3 de la Ley 18315 (Fases de la actuación policial), las etapas del accionar de la policía son la observación, la prevención, la disuasión y, excepcionalmente, la represión cuando sea necesario para garantizar los derechos individuales de todos los habitantes de la República consagrados en el marco jurídico constitucional y legal vigente.
En base a esto, el abogado defensor marca una mala interacción de los efectivos individualizados hacia Nacho. “Se supone que en los estadios la policía tiene un comportamiento reactivo. Reacciona a una piedra, una puteada, o reacciona para desarticular una situación de alguien que se quiso colar. Pero eso no puede terminar en homicidios o lesiones graves sin que haya una explicación, sin que haya una responsabilidad. Porque eso viola la ley del procedimiento policial”, dijo.
Rey muestra una disconformidad hacia el proceder de Peñarol, que de momento ha aportado únicamente algunas cámaras que el defensor describe como “absolutamente inconducentes”. Agrega que además “no ha aportado información relevante”, ya que “lo que Peñarol debería aportar y no hizo” es fundamentalmente “la lista de funcionarios de seguridad y las cámaras de GoPro, si existen o no, de esos funcionarios”.
Esos policías que el abogado marca aún no fueron identificados, ni tampoco el contenido de las cámaras GoPro, sino que lo único aportado desde Peñarol fueron cámaras de infraestructura, recalca el abogado. Incluso hay cámaras que se aportaron que “no son relevantes a la investigación”, algunas que apuntan hacia la tribuna, por ejemplo.
Los videos más importantes que posee la defensa son los que aportó la gente. Rey habla de un video clave, “que es donde se ve al policía asfixiándolo al chico, porque es una asfixia lo que le practica. Es una cámara que aportó un hincha. Nada de lo que figura la investigación que puede ser relevante lo aportó Peñarol, a pesar de que es el organizador del espectáculo. Esa es una omisión grande”.
El pasado cuatro de abril, Rey y Benavente le pidieron al fiscal que exija a Peñarol presentar la lista de funcionarios, el plano de cámaras y la lista de efectivos que tenían la GoPro encima. Sin embargo, el abogado marcó que ellos ven en un video a un funcionario que mira directamente al policía en el momento que tracciona a Nacho con “esa maniobra que es la que determina la muerte” y sentencia con “esa secuencia causal sólo la puede aportar Peñarol hoy en día, y no la está aportando. Si esa cámara no estaba grabando, es responsabilidad de Peñarol. Si no puede identificar el funcionario, es responsabilidad de Peñarol. Si Peñarol tenía que tener un protocolo de cámaras que no cumplió, es responsabilidad de Peñarol. Ahí hay un vacío”.
Peñarol, como institución social, es una asociación civil que tiene responsabilidades. El defensor siente y marca que al organizar un espectáculo público debía de actuar con otra diligencia, porque al no ser funcionarios públicos ni el Presidente de Peñarol ni el encargado de la seguridad, no se les puede exigir algo que no está dentro de sus competencias. Pero sí, en su función social, tendrían que haberse desempeñado con mayor eficiencia.
Para culminar, Rey fue contundente contra la forma de actuar del fiscal Morales y de Peñarol en su conjunto y expresó: “Entre la negligencia del fiscal y la falta de diligencia de Peñarol, tenés la fórmula de la impunidad. Entre las omisiones del fiscal y la falta de colaboración del club, tenés la fórmula de la impunidad. Ahora, está bravo, porque si esa fórmula después se repite en otros sucesos similares y Peñarol siempre va a operar así, prácticamente nunca va a haber posibilidad de identificar a un responsable frente a un hecho de violencia policial”.
