Brasil, Río de Janeiro. Protesta contra el próximo torneo de la FIFA el 15 de mayo 2014. AFP PHOTO / CHRISTOPHE SIMON

En uno de los países más desiguales del mundo, con una brecha importante entre ricos y pobres, diversos problemas sociales, baja calidad de la educación pública e inseguridad ocurren diversas manifestaciones como resultado de los gastos que acarrea el mundial de fútbol.
El viernes, el movimiento de trabajadores sin techo advirtió a las autoridades que las protestas ocurridas continuarán y aumentarán durante el desarrollo de la Copa Mundial. Las mismas, que  fueron denominadas como “Junio Rojo”, exigen la expropiación de un terreno cercano al estadio Itaquerao de San Pablo, donde se jugará el primer partido de Brasil contra Croacia. El movimiento está acampando en ese lugar con aproximadamente unas cinco mil familias. La presidenta Rousseff prometió semanas atrás estudiar la situación pero no hubo aún ninguna comunicación oficial.
El día jueves se organizó en el centro de San Pablo la marcha más concurrida hasta ahora, de la que participaron unas 15 mil personas. Otras manifestaciones acontecidas últimamente incluyeron paro de transporte, huelga de policías civiles y protestas en la ciudad de Belem.
El paro en el transporte perjudicó a miles de usuarios en San Pablo, rebasando la capacidad en otros medios de transporte urbano. En consecuencia, la municipalidad suspendió por segunda vez la restricción de circulación vehicular, cuyo cometido es que determinadas placas terminadas en números pares e impares circulen de manera alternada. Pero esto no alcanzó para solucionar esta situación. El secretario municipal de Transportes de San Pablo, Jilmar Tatto, sostuvo que el paro se realizó por la insatisfacción de un grupo de choferes al reajuste salarial del diez por ciento, negociado entre las empresas de ómnibus y el sindicato. Una huelga de esta índole aconteció la semana pasada en Río de Janeiro donde se quemaron y atacaron aproximadamente a cuatrocientos ómnibus.
A su vez, la policía civil concretó el día miércoles un cese de actividades, que abarcó a trece estados, seis de los cuales serán sede del Mundial. Esta medida fue promovida por la Confederación Brasileña de Trabajadores Policiales Civiles (Cobrapol) en reclamo de un aumento salarial y mayor seguridad. La semana anterior agentes federales provocaron saqueos violentos en Recife y otras ciudades a raíz de un paro. Cobrapol decidió extender el paro y está previsto que organicen una asamblea para analizar hasta cuando continuarán con esta situación.
El gobierno brasileño cuestionó la huelga de la policía federal y de las fuerzas de seguridad de varios estados. “El Supremo Tribunal Federal ya reiteró que las huelgas policiales son inconstitucionales, tengo la seguridad de que las policías son conscientes de este momento importante que es la Copa del Mundo”, declaró el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo. Sin embargo, en caso de no obtener las respuestas deseadas, los sindicatos de la Policía Federal no descartan una nueva huelga durante la Copa del Mundo.
Dentro de todo este contexto, en Belem, al norte de Brasil, la sede donde se exponía la copa del mundo fue invadida por manifestantes que lanzaron piedras contra el edificio y provocaron que la organización retirara el trofeo y suspendiera el evento.
Varias ciudades brasileñas han sido escenario de violentas protestas exigiendo mejoras y una mayor inversión en diversos derechos sociales como la educación, salud, transporte, entre otras áreas. Diferentes grupos aprovecharon la ocasión de efectuar sus demandas, como el sector obrero, metalúrgico, profesores, guardias de seguridad de los bancos, entre otros.
Estas protestas abarcaron desde grafitis, hasta incendios, saqueos, y varios heridos. El viernes pasado un grupo de activistas atacó las instalaciones de la concesionaria Hyundai, una de las patrocinadoras del mundial, destruyendo tanto vitrinas como vehículos.
A pesar de esta situación, el gobierno brasileño renunció a someter a votación parlamentaria una ley que endurezca las penas contra quienes cometen esta clase de actos en manifestaciones. Según explicó Gilberto Carvalho, ministro de la secretaria general de la Presidencia, la presidenta Dilma Rousseff “llegó a la conclusión de que no era prudente hacer en este momento una nueva ley, porque parecería una tentativa de criminalizar o castigar las manifestaciones”.
Con frases como “La copa de las empresas” o “El poder es del pueblo”, se reflejó el descontento provocado por los millonarios gastos y a medida que se va acercando el comienzo del mundial 2014, las protestas antimundialistas recrudecen.
Carina Bóveda.

FacebookTwitter