Marcha convocada por la Coordinadora de Feminismos de Uruguay el 9 de marzo de 2015. Foto: Rebelarte/Chinita, Luciérnaga, Xanti Revueltas

El interior del país es donde se han efectuado la mayor cantidad de feminicidios. Datos presentados por el Ministerio del Interior (MI), correspondientes al período 2011 – 2014, indican que en materia de muertes confirmadas, Rocha lidera ampliamente la lista de mujeres asesinadas y es seguido por Durazno, Rivera y Cerro Largo.
Las tobilleras, una de las políticas de control que ha establecido el MI, no han llegado a todo el Interior. Son una herramienta aportada al Poder Judicial con la finalidad de que las medidas cautelares se cumplan, que permite a la Policía rastrear la ubicación del agresor mediante un GPS y activan una alarma cuando se acerca a la víctima, que es monitoreada tanto por la Policía como por la denunciante. Comenzaron a utilizarse solamente en Montevideo a modo de prueba y actualmente se han extendido a los departamentos de San José, Canelones y Maldonado. Desde la División de Políticas de Género del MI se señala que su implementación en el interior del país es más difícil debido a la falta de preparación del personal y a la carencia de equipos técnicos.
Un agente de investigaciones de la Policía Departamental de Maldonado, en diálogo con Sala de Redacción, expresó que a nivel policial se toman precauciones para evitar que se reitere la situación de violencia. En cuanto a las tobilleras, sostuvo que es una buena medida a corto plazo para controlar si el victimario reincide, pero que no son efectivas al 100 por ciento: “Son medidas rápidas que se toman, pero no tienen el seguimiento que deberían por falta de tiempo y organización policial, porque entran muchos, muchos casos diarios”. Indicó que desde la Policía lo que se busca erradicar es la violencia en sí: “si se evita un homicidio, una agresión física, ya estaría pronto”, adjudicando esto a la falta de personal y por sobre todas las cosas, de visión.
LO IMPORTANTE ES LO DE AFUERA. En el marco del proyecto Fortalecimiento de las Políticas de Género, realizado en Cerro Largo a cargo de la consultora Dominique Rumeau, se destaca el testimonio de una mujer del medio rural que refleja la realidad que viven las víctimas de violencia en el campo: “Cuando llegan mujeres de campaña a una Unidad Especializada en Violencia Doméstica, es porque vieron pasar la bala, ven que las van a pelar, sino aguantan el chaparrón tranquilas”.
La psicóloga Mariela Mayero, coordinadora del Servicio de Violencia Basada en Género del Ministerio de Desarrollo Social de Ciudad del Plata, en San José, señaló que allí se trabaja y brinda ayuda directa a las víctimas que viven en situación de violencia. Se las contiene e informa sobre sus beneficios, se las asesora y representa legalmente. El seguimiento se realiza en un periodo no determinado porque cada caso es diferente: “En violencia doméstica hay mucho miedo real que infunde el agresor con sus amenazas. Para quien no vive esa situación muchas veces es difícil de dimensionar, pero generalmente existe una relación de dependencia con el agresor, mayoritariamente económica. Otras (mujeres) sustentan el hogar pero por su baja autoestima -consecuencia de la desvalorización y agravios recibidos-, no pueden visualizar su situación real”, concluyó.
“El interior tiene practicas más tradicionales y conservadoras”, dijo a SdR Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), quien maneja la hipótesis de que este tipo de violencia anteriormente estaba naturalizada en el ámbito intrafamiliar y que, al plantearla como un delito, comienza a haber una mayor sensibilización y toma de conciencia por parte de la mujer, lo que agudiza el conflicto. El hombre, tradicionalmente jefe de familia, encuentra alguien que se le opone.
El ámbito rural es el más difícil debido al aislamiento y dispersión de la población, donde habitualmente los únicos testigos de violencia doméstica no son más que los propios integrantes del núcleo familiar. Abracinskas considera que al ser localidades de pocos habitantes se pierde la confidencialidad de las denuncias, lo que genera que un problema tan delicado y personal se convierta en tema de conversación de toda la sociedad.
La directora de MYSU sostiene que los déficits ante las situaciones de violencia se encuentran en la judicialización del conflicto sin mediación previa, la carencia de garantías a la víctima y la falta de campañas bien entendidas, ya que desde su perspectiva no se trabaja con el varón que muchas veces también nace en contextos de violencia.
Texto: Federico Correa
Producción periodística: Federico Correa, Cynara García, Valentina Machado, Tamara Mardones

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