El Sintep se declaró en conflicto y decretaron un paro general de 24 horas en toda la enseñanza privada para el próximo viernes 28 de agosto. El comunicado publicado en la página oficial explica que esta medida “es el marco necesario para la realización de una Asamblea General, que se desarrollará a posteriori de la próxima instancia de Consejos de Salarios”.
El sindicato resaltó que esta medida se debe a su disconformidad luego de la octava ronda de Consejos de Salarios, donde se discutió una rebaja salarial que “afectará a miles de familias trabajadoras y que se agrava por la falta de mecanismos que protejan la estabilidad laboral”. A su vez, el sindicato rechaza “enfáticamente” los mecanismos del gobierno, donde aseguran que el “peso de la crisis” recae sobre los trabajadores.
Sergio Sommaruga, secretario general del Sintep, habló con Sala de Redacción y declaró que la propuesta recibida por el sindicato se puede resumir como un “perder-perder”. “Por un lado hay pérdida de salario que tiene un piso de 3,5% y un techo de 5% del año inter anual, es decir, a mitad del año que viene vendríamos concretando una pérdida salarial del 5% y al mismo tiempo no hay ningún mecanismo que apunte a proteger las fuentes de trabajo para evitar el deterioro en términos de desempleo”, sentenció.
En segundo lugar, el comunicado rechaza la decisión del INAU de “interrumpir la protección a los y las trabajadoras de los centros CAIF”. El 14 de agosto Sintep emitió un comunicado donde manifestó su preocupación por dicha resolución del INAU, donde los trabajadores de los centros CAIF que son considerados población de riesgo deberán ir a trabajar presencialmente y las constancias de comorbilidad que están establecidas en protocolos sanitarios “no van más”. Sommaruga categorizó esta situación como “muy compleja” porque el trabajador que tiene patologías previas y forma parte de la población de riesgo deberá retomar sus actividades presenciales exponiéndose al virus, cuando su situación sanitaria sigue siendo la misma.
El viernes se llevará a cabo una asamblea general en el Platense “tomándose los mayores recaudos sanitarios”, donde “la idea es que haya una instancia de democracia sindical profunda, para analizar el estado de la situación y evaluar los pasos a dar”, declaró el secretario. Esta asamblea se dará a posteriori de una reunión con las cámaras empresariales en el marco de una negociación colectiva.
Los casos
Desde que comenzó la emergencia sanitaria por el COVID-19, varios trabajadores de colegios se vieron afectados. En junio cerró el colegio Pocitos Day School -104 funcionarios perdieron su trabajo- y en julio el colegio Creciendo, al cual asistían 80 niños y 12 funcionarios. Sommaruga explicó a Sala de Redacción que la pandemia tuvo un “efecto catalizador” en problemas de mala gestión que se venían arrastrando desde hace por lo menos un año.
Por su parte, el Colegio y Liceo John F. Kennedy también se vió afectado. El liceo ubicado en Malvín se encuentra en conflicto desde que la empresa propuso reducir el salario de los funcionarios. Actualmente están en proceso de negociación con el sindicato y éste pidió a la empresa la información técnico contable para poder corroborar que efectivamente hay un problema de liquidez y de este modo poder “formular una contrapropuesta colectiva”. De todas formas, “el sindicato guardará con responsabilidad la confidencialidad respecto a la información contable de la empresa”, aclaró Sommaruga.*
El Sintep cuenta con una especie de radiografía donde le hacen seguimiento a los colegios del sector. Al comenzar la pandemia eran 10 los que estaban en una situación vulnerable, de los cuales dos ya cerraron. Sommaruga no quiso declarar cuáles son esos colegios vulnerables, porque considera que sería “irresponsable” y que “funciona mucho la lógica de la estampida, donde cualquier información que nosotros demos podría llevar a disparar el cierre de esos colegios y por lo tanto destruir fuentes de trabajo y desarmar comunidades educativas”. El sindicalista mostró su preocupación por la continuidad de estos colegios; “creemos que van a terminar el año, pero tenemos una incertidumbre importante sobre su continuidad el año que viene”, sentenció.
Por último, el secretario enfatizó que toda esta situación delata la “falta de control por parte de las autoridades públicas a lo que acontece en la enseñanza privada” y que las familias deberían tener información que sea institucionalizada y no depender de la prensa para saber en qué situación se encuentran los colegios. Con respecto a esto último, dijo que es “algo que el sindicato no puede resolver, lo tienen que resolver las autoridades que son las que constitucional y legalmente tienen la responsabilidad de controlar la enseñanza privada”.
*Sala de Redacción se puso en contacto con las autoridades del Kennedy, quienes prefirieron no dar declaraciones hasta que terminen las negociaciones con el sindicato.
