EL PLAGUICIDA NUESTRO DE CADA DÍA
Quemas periódicas de residuos tóxicos en el vertedero municipal llevadas adelante por el Municipio de Guichón. Foto tomada el 26 de abril de 2012 por el Grupo de Vecinos de Guichón en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales.
Una avioneta que derramó glifosato y quemó parte del follaje de una plantación, la muerte de cincuenta vaquillonas por tomar agua contaminada por esa sustancia, y vecinos y autoridades de la zona intoxicados por eventos de fumigación, fueron algunas de las denuncias que recibió la división y que relató Ciganda a SdR.
De Canelones es de donde se reciben más denuncias. Allí es donde la división tiene más gente formada en el tema, aunque todavía hay vacíos en cuanto a recursos humanos. Según Ciganda, todos los profesionales están abocados a actuar frente a las denuncias, lo que les impide planificar en función de los diagnósticos que reciben.
Si bien hay ordenanzas desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MGAP) que regulan las distancias para la aplicación de plaguicidas, la especialista considera que “no se cumplen mucho” y lo atribuye en primer lugar a que no había una cultura de ordenamiento territorial.
En lo que atañe a las plantaciones, quien ha sido juez y parte es el MGAP, “incluso en lo que tiene que ver con el control de plaguicidas, son ellos quienes los registran y autorizan”. “Desde el Ministerio de Ganadería y del de Economía explican el desarrollo económico que ha tenido el país en la matriz productiva y su aumento. Lo primero que se dice es que vivimos de la soja, que tenemos tres millones de habitantes, ocho millones de vacas, o sea que es el agro lo que nos da de comer”, fue la respuesta que dio la representante al consultarle por qué el Ministerio de Salud Pública no participa en el control de plaguicidas.
Carmen Ciganda, directora de Salud Ambiental y Ocupacional del MSP. Foto: presidencia.gub.uy
Ciganda puso sobre el tapete el rol que desempeña OSE, a la que se acusa de tomar agua de zonas contaminadas y luego venderla como agua potable. Sin embargo hay quienes creen que OSE no tiene la culpa de que se apliquen toneladas de plaguicidas. “Esto es una cadena, todos exigimos a todos pero lo que hay que hacer es aplicar menos; la canilla de plaguicidas hay que cerrarla antes”.
Entra en cuestionamiento qué es lo que vale más, si todo el costo que supone sacar esas moléculas químicas que están en el agua, “que hay que hacerlo“, afirma la doctora, o tratar de que no estén. Hay moléculas que están naturalmente, pero “las que estamos metiendo podríamos controlarlas”, sentenció.
Ante este panorama, sería lógico pensar en una mayor coordinación entre el MGAP y el MSP. Pero la voluntad política se interpone.
Tiradero de residuos tóxicos generados por la agroindustria sojera en la ruta 25 llegando a la ciudad de Young, departamento de Río Negro. Foto: Grupo de Vecinos de Guichón en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales.
Con el desarrollo y la aplicación de la biotecnología se consigue diseñar organismos vivos que producen alimentos, energía, medicamentos y hasta recuperación de ecosistemas: “A los vegetales hay que pensarlos como una planta industrial”, fue el discurso de Gustavo Grobocopatel, uno de los mayores productores de soja de la región, durante una videoconferencia que dio enmarcada en la campaña “Uruguay x +” del Frente Amplio.
Surge una interrogante: ¿la biotecnología, de la manera que se está aplicando, atenta contra la salud ambiental? Ciganda prefirió reservar su opinión al respecto pero cree que “es momento de revisar la normativa” y de preguntarse por qué no participan otros actores sociales que deberían participar, como la Universidad. “Hay que tener la suficiente humildad de rever, si hay que rever”.
El uso y manejo de productos fitosanitarios también entra en juego, y por sobre todas las cosas, la exposición a la que se enfrentan los operarios del campo, que muchas veces fumigan en ropas de playa, de short, remera y chancletas. En estos casos el MSP ha detectado un desconocimiento general, “lo toman como un remedio para la planta y no como un veneno; la gran mayoría no sabe que tiene que usar máscara y guantes”. La directora de Salud Ambiental agregó además que hay una mala clasificación y disposición de los productos: “en un mismo estante encontrás un paquete de semillas, fruta y un plaguicida”.
El MGAP dicta cursos sobre el manejo de plaguicidas y entrega un carné de habilitación para fumigar. Pero desde la división han expresado su disconformidad porque el MGAP no puede ser juez y parte. “Si le das un carné de que ya está habilitado para aplicar y después hay una alteración (por mal uso) y el MGAP inspecciona y comprueba que se hicieron cosas mal, en realidad quien queda mal parado es el propio ministerio”.
La alternativa que propone la especialista para revertir esta especie de incongruencia es que el MGAP otorgue un carné al productor u operario, pero una vez que haya hecho un curso independiente, y que sea el MSP el encargado de habilitar quiénes dan esos cursos y cuál será el contenido.
Muchos plaguicidas, por su composición química, no se biodegradan, “tienden a ser cíclicos, persistentes”, por lo que pueden permanecer largos períodos en el ambiente sin desintegrarse. Algunos, por sus propiedades intrínsecas y arrastrados por el viento y el agua, “tienden a trasladarse hacia otros lugares; les gustan las grasas”, explicó Ciganda. Otra característica es que se biomagnifican, “primero se lo come un pescadito, después uno más grande y el que está en la punta de la cadena trófica, que somos nosotros (los seres humanos) nos comemos a todos los demás”, así es que cada día nos vamos contaminando un poco más.
Nadie dice que sea sencillo compartir el poder con otros sectores, pero mientras la concentración del negocio de agroquímicos siga en manos de poderosas trasnacionales con respaldo nacional y regional, no habrá juez ni parte que defienda lo perdido.
Valentina Troisi
