La sensación fue “indescriptible”. Así lo definió en rueda de prensa Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos luego de que el colectivo ingresara en el Batallón 14. El día anterior, 6 de junio, el equipo de antropólogos de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) encontró restos humanos en una zona cautelada hace aproximadamente tres años, a metros del lugar donde se hallaron los restos de Julio Castro en 2011 y Ricardo Blanco Valiente en 2012.
A raíz del hallazgo, el equipo interdisciplinario integrado por las doctoras Cecilia Vallejo, Rosana Manikowski y la antropóloga Alicia Luisardo, también coordinadora del equipo de INDDHH, tienen el objetivo de extraer muestras de ADN y determinar la causa de muerte. Estas pruebas serán remitidas a la Argentina con el fin de obtener la identidad, explicó a Sala de Redacción, el fiscal del caso Ricardo Perciballe.
Puede haber más
El exministro de defensa, José Bayardi, sostuvo a Sala de Redacción que el hallazgo “reafirma una vez más que hubo enterramientos clandestinos” y estimó que en esa zona cautelada “muy probablemente puedan haber más restos”. Esto genera “satisfacción de que se pueda seguir aclarando la situación de los compatriotas detenidos desaparecidos”, afirmó.
Al respecto de las políticas en torno a la búsqueda, destacó que “cuando se habla de política de Estado hablamos de responsabilidad de los gobiernos”. En este sentido, enfatizó que “en el discurso del 1ro de marzo de 2005, Tabaré Vázquez afirmó que se iba a entrar a los cuarteles” para buscar detenidos desaparecidos. “Tal es así que ese mismo año se encontraron los restos de Ubagésner Chaves Sosa y Fernando Miranda”, subrayó.
Bayardi recordó que hasta el arribo del Frente Amplio (FA) al gobierno “no se había entrado a los cuarteles, no se habían llevado adelante procesamientos ni ninguna condena”. De todas formas, entendió que esto no hubiese sido posible sin “la pelea histórica de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos” y agregó que aún “hay debes”.
“Pasado Reciente” se llama el proyecto que impulsa Javier García, actual ministro de Defensa que tiene el objetivo de hacer públicos todos los archivos de la dictadura. Para el dirigente frenteamplista es “absolutamente insuficiente” y “está de más”, dado el marco legal que Uruguay tiene actualmente para el acceso a la información. Según Bayardi, el actual ministro “confunde lo que es acceder a la información con la construcción de la verdad”. Además agregó que “no toda información aporta a la verdad”.
Rafael Michelini, líder de Nuevo Espacio (FA), dijo a Sala de Redacción que este nuevo hallazgo “aliviará el dolor de la familia” y que “los uruguayos podemos estar orgullosos de que no nos olvidamos de los desaparecidos ni de los derechos humanos”. Mencionó la política “sistemática, metro a metro”, implementada en el gobierno de Vázquez y consideró que fue clave para este hallazgo, al igual que para el de Eduardo Bleier en 2019.
Michelini también destacó la movilización popular y “el reclamo de todos los uruguayos por saber dónde están”. Estos dos aspectos son cruciales para la existencia de políticas de Estado en relación a la búsqueda, además de la creación del INDDHH, el Grupo por Verdad y Justicia, la reparación de víctimas y el hallazgo de archivos, entre otros. El dirigente remarcó que “a partir del 2005, el gobierno uruguayo estuvo a favor de las víctimas y no de los victimarios”, y que a raíz de los gobiernos del FA, se empezó a “dar estocada tras estocada a la impunidad”. En esta dirección, remarcó “el trabajo profesional” de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, aunque entiende que “se pudo hacer más” bajo los gobiernos frenteamplistas.
“Nosotros siempre hemos reclamado la verdad y la transparencia, por ende no tengo ninguna objeción a que se abran los archivos”, opinó en relación al proyecto presentado por el ministro García y llamó a hacerlo “con responsabilidad”, de manera tal de no se revictimice a las víctimas. “Puede haber alguna frase que un oficial o un soldado apuntó en esos archivos que pueden corresponder o no a la verdad”, dijo y añadió que esas “supuestas verdades arrancadas bajo tortura, pueden implicar un deshonor”. Por último, Michelini entiende que puede haber consenso dentro del FA para votarlo si se tienen en cuenta estas puntualidades.
De un lado y del otro
Por su parte, el exdiputado de Cabildo Abierto (CA), Eduardo Lust, dijo a Sala de Redacción que el hallazgo de restos “es una buena noticia dentro de lo espantosa que es la circunstancia” y que tiene “la sensación de que todos [los cuerpos] están allí”. A su vez, mencionó que los restos de aquellos que no fueron tirados al mar “deberían estar dentro de las 30 manzanas que tienen los investigadores para buscar”.
El legislador recordó una noticia que salió en la prensa en épocas dictatoriales sobre cuerpos semidescompuestos con los brazos atados con alambres a orillas del mar. Declaró que siempre le “ha llamado la atención” que esos cuerpos, rescatados de las playas de Rocha, “están sepultados en cementerios públicos y no les hayan realizado un ADN para ver si no eran detenidos desaparecidos”.
Además, expresó que nunca entendió el hecho de “pasarse la responsabilidad de un gobierno a otro” y agregó que son “todas jugarretas de los políticos”. Afirmó que a nivel de derechos humanos nadie debería “jugar con ese tema” y que son actitudes “inadmisibles”; cuando hay una persona muerta, no debería “importar de qué color sea el gobierno”. Aun así, el excabildante expresó el visto bueno a que los familiares sigan “insistiendo”.
El diputado mencionó que la coalición “está contenta” con el proyecto de ley para hacer públicos los archivos de la dictadura. Sin embargo, sostuvo que esto va a crear rispideces en la oposición.
Las voces son varias. Para el diputado del Partido Independiente (PI), Iván Posada, el hallazgo “es la comprobación de un pasado realmente muy triste”. Apuntó hacia quienes tienen información, aseverando que su omisión “genera un daño presente y permanente a las familias, y a la institución de las Fuerzas Armadas”. La búsqueda es “casi a ciegas”, ya que son pocos los indicios que se tienen. Posada destacó “el especial compromiso” de los profesionales que la llevan adelante. No obstante, señaló que, más allá del compromiso, el hecho de que se obtenga muy poca información se debe “al pacto de silencio en las Fuerzas Armadas” y agregó que esto ha significado “una valla imposible de sortear” para los gobiernos que están en búsqueda de mayores testimonios.
Elogió además la labor de Azucena Berrutti al mando del Ministerio de Defensa en la primera administración frenteamplista. Resaltó su “coraje y valentía” para incautar y digitalizar rollos de microfilms con miles de archivos de la dictadura, que hoy componen uno de los principales insumos para la investigación y la consulta.
También destacó el rol de Rafael Michelini y las organizaciones sociales en impulsar la Marcha del Silencio a partir de 1995. Entiende que “se volvió a poner en agenda política” los temas vinculados a los derechos humanos que, luego del referéndum del año 1989 sobre la Ley de Caducidad, habían quedado “soslayados”. En este sentido, subrayó que hoy la búsqueda “es un compromiso asumido por todo el sistema político”.
“Que la información se conozca es siempre positivo”, valoró en líneas generales sobre el proyecto de ley impulsado por García. Sin embargo, y en misma línea con el exministro Bayardi, planteó la salvedad de “tener precauciones para no lesionar a las víctimas” del terrorismo de Estado. De todas formas, demostró confianza en que existan consensos en el sistema político para ser aprobado.
Belén Espiñeira, Ruben Ferreira y Santiago Viana
