Foto: Poder Legislativo
Como informó SdR, los nombres propuestos para el CCA por la Comisión Especial fueron la ex directora de Televisión Nacional de Uruguay, Virginia Martinez, el periodista y director de Cainfo, Daniel Lema, y los docentes universitarios Gabriel Kaplún (Universidad de la República – Udelar) y Javier Bonilla (Universidad Ort). Mientras que Lema y Kaplún fueron propuestos a la comisión por la Coalición por una Comunicación Democrática y Martínez por la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (ASOPROD), el nombre de Bonilla provino desde el Partido Independiente. Sin embargo, cuando la propuesta llegó a la Asamblea General del Parlamento, luego de un cuarto intermedio la sesión fue levantada por falta de quórum, ya que la oposición se retiró de sala.
La conformación del CCA es un paso importante para la puesta en marcha de la ley, que pese a estar aprobada desde el 29 de diciembre de 2014, actualmente no se aplican buena parte de sus artículos.
Dos campanas
Consultada por SdR sobre la conformación del CCA, Mónica Xavier, integrante de la Comisión Especial y senadora del Frente Amplio por el Partido Socialista, señaló que está “esperando que la oposición nos diga que están dispuestos a sentarnos a nuevamente a conversar”, y aseguró que “el tema está en deuda”. Acerca de lo sucedido en la Asamblea General, Xavier reclamó que no puede aceptar que no se puedan poner de acuerdo en la designación de los cuatro integrantes que debe nombrar el Parlamento.
En cambio, Álvaro Delgado, senador del Partido Nacional (PN) por el sector Todos y también miembro de la Comisión Especial, explicó a SdR que la postura de su partido es contraria a la negociación. “No vamos a negociar porque [el CCA] es el organismo de contralor de la ley, y esos cuatro miembros que lo componen, que el FA quiso designar, trabajarán ahí por 6 años. No vamos a aceptar eso”, adelantó. Para el Senador esta ley es “anticuada, inconstitucional e ideológica”. Al igual que su partido había planteado durante la discusión de la LSCA, Delgado entendió que la norma es anticuada por regular medios que según él tienen cada vez menos alcance, como la televisión y la radio, y no se detiene en la regulación de internet; de todas formas, consideró que la regulación de este último es “imposible” de lograr.
Delgado opinó que la LSCA “favorece la autocensura, a tal grado que es inaplicable” y que en caso de ser aplicada en su totalidad tendrá efectos negativos en los medios, sobre todo en los del interior. En suma, comentó que el PN tiene una postura tomada respecto a la ley: “Fuimos muy claros, si ganamos [las próximas elecciones] vamos a derogar esta ley”, y agregó que no está en su agenda pensar en otra ley de medios. “La mejor ley de regulación de medios es la que no existe”, sentenció.
Por su parte, Xavier defendió la importancia de la ley: “Los medios y la comunicación hacen a la democracia. Para tener una comunicación de calidad, se debe proporcionar un contexto regulado”. Respecto a la regulación de internet, la legisladora recordó que su no inclusión en la LSCA obedeció a que los partidos acordaron que ese debate quede para la próxima legislatura, ya que priorizaron otros campos “más urgentes”, como la regulación de la publicidad.
A medias
El 31 de octubre en la Institución Nacional de Derechos Humanos, un grupo de profesionales e investigadores vinculados a la comunicación presentaron la publicación coordinada por Gustavo Gómez Una ley de medios a medias, que analiza el estado de sitación de la aplicación de la norma. A lo largo de la presentación, los autores expusieron una descripción del proceso que ha atravesado la ley desde su aprobación, en 2014.
Virginia Martínez, candidata a integrar el CCA, aseguró que la ley es fundamental para cambiar el estado actual de la televisión pública que actualmente en Uruguay es “estatal, marginada y postergada”. Gabriel Kaplún, también candidato a integrar el organismo, insistió, al igual que en su artículo en el informe, en que hay que “darle más terreno a los medios públicos, a los medios comunitarios y a la producción audiovisual independiente”. Si bien consideró que “falta mucho por hacer”, entendió que todavía se puede “hacer algo en el poco tiempo que queda” para culminar el actual mandato de gobierno.
Facundo Franco, periodista y docente de la Udelar, resaltó la necesidad de conformar el CCA, ya que es importante “para la posteridad de la ley, independientemente de quién gane las elecciones”. Para Gustavo Buquet, también docente en la Udelar, “el Parlamento se trancó solo” en el nombramiento de los consejeros y agregó que “hay actores que se están preocupando y ocupando de que la ley no se cumpla”. Además, llamó a ser críticos y analizar el rol que ocupan los medios en los cambios de gobierno y de modelo económico.
En la misma línea, su colega Federico Beltramelli expresó: “Teníamos todo para lograr un cambio, pero se impulsaron y desestimaron medidas sin motivos, y ahora casi no hay información sobre el tema”. Francisco Pancho Magnou, productor audiovisual e integrante de ASOPROD, relató algunas lógicas de funcionamiento de su sector. Por ejemplo, dijo que algunos medios que compraron los derechos de producciones nacionales las están “reteniendo” para el momento en que les exijan emitirlas, algo a su entender es contraproducente. Además, hizo énfasis en que “la regulación bien entendida y aplicada lleva al fomento de la producción audiovisual”.
Lilián Celiberti, miembro de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual e integrante de Cotidiano Mujer, aclaró que la mala fama de la LSCA se debe a que fue publicitada como “ley mordaza”, cuando es simplemente reguladora. Además, destacó que no hubo una cobertura de la discusión capítulo a capítulo de la ley y que los medios privados no fomentaron el debate sobre la norma.
Facundo Verdún
