En el marco del Día Internacional de las Víctimas de las Detenciones Forzadas (aprobado por la Asamblea General de la ONU en 2010 e impulsado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos), se realizó un acto con entrada libre en la Sala Zitarrosa. Allí Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos expuso su perspectiva, junto a la historiadora Magdalena Broquetas, a Ximena Salvo y Natalia Azziz, integrantes del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), y Laura Boiani perteneciente a la generación de nietos de desaparecidos.
Elena Zaffaroni, referente de la organización de Madres y Familiares explicó que la desaparición forzada es un “crimen de lesa humanidad” imprescriptible, es decir, que “no cesa hasta que se encuentre a la víctima”, se esclarezca lo sucedido y “se condene a los responsables”. Según relató Broquetas, las primeras desapariciones forzadas fueron en 1971, previo a la dictadura, bajo la presidencia de Jorge Pacheco Areco; se trata de los casos de Abel Ayala y Héctor Castagnetto. Luego siguió “una lista de casi 200 uruguayos”, todos vistos por última vez en “unidades militares o en centros clandestinos de detención y tortura”. No sólo hubo desaparecidos a nivel nacional, “sino que gracias a la coordinación represiva” también en otros países de la región, apuntó Broquetas.
Por su parte, Boiani resaltó: “No podemos normalizar lo que sucedió”, así como tampoco el quiebre de las reglas constitucionales, “las actitudes ominosas”, las desapariciones, la prisión masiva y prolongada, tampoco la tortura y el exilio “que afectó por años a todo el pueblo uruguayo”. Además, sostuvo que el terrorismo de Estado “fue implantado” debido a que era funcional a intereses de múltiples actores políticos, sociales y económicos nacionales e internacionales. Para finalizar, Boiani aseguró que la dictadura promovió “el quiebre de los pactos sociales” y la imposición de “un modelo económico devastador”, que profundizó la desigualdad y “sentó nuevos niveles de lógicas individualistas”.
A su vez, la historiadora Broquetas propuso valorar el contexto previo al golpe de Estado en los años ’60, ya que para comprender el clima de época es importante considerar “el espíritu rupturista de la juventud, tanto en lo político por parte de los militantes como en lo cultural de manera más extendida”. Además, dijo que “es necesario comprender la violencia política” ejercida por el Estado, por actores de derecha y de izquierda, y la dimensión que tomó “la reacción conservadora” ante los cambios en los estereotipos de género y el aumento de la militancia estudiantil, por ejemplo.
Para entender el proceso hacia el golpe “es fundamental ubicarnos en una época de grandes utopías”, de cambios políticos “drásticos” y también de “reajuste” del sistema capitalista, remarcó Broquetas. A la vez que agregó que desde 1968 se generalizó el uso de la tortura por parte del Estado, y resaltó el rol que jugó la intervención sobre la educación a inicios de 1970: “persecución ideológica a los gremios docentes” y presencia de “grupos de asalto” que buscaban “despolitizar” a las instituciones educativas.
La especialista en historia encuadró a Uruguay dentro del fenómeno internacional del “anticomunismo”, concepción bajo la cual “se barren incluso a izquierdas no comunistas”. Los consideraban “corruptores de la moral y de la familia”, debido al cuestionamiento que tenían acerca de las jerarquías de género, de clase y las generacionales. Por lo tanto, a partir de la primera mitad de la década de los años 60, según mencionó, jugó un rol central el ataque a los sindicatos, al consolidarse su “criminalización” a través del uso desmedido de las Medidas Prontas de Seguridad (mecanismo constitucional excepcional que suspende las garantías consagradas).
Luego de la intervención de Broquetas, compartió su testimonio Marta Giordano, hermana de Héctor Giordano -encontrado muerto el 30 de agosto de 1978 y enterrado como NN (individuo cuya identidad no se conoce)-, quien confesó a través de emotivas palabras “el alivio” que siente su familia al haber encontrado el lugar de enterramiento de Héctor 44 años después de su desaparición, y a la vez “el enorme dolor” de la injusticia y la atrocidad de lo sucedido.
Sin embargo, su cuerpo no pudo ser recuperado cabalmente, ya que luego de un período de tiempo se lo depositó en un osario común. Es por esto que en ese lugar colocaron una placa recordatoria y Marta Giordano aseguró que “probablemente es donde él querría estar”, entre personas humildes que no pudieron pagar su sepultura y compañeros que corrieron “con su misma suerte”. Héctor Giordano, era oriundo de Durazno y padre de una niña pequeña cuando fue detenido y posteriormente asesinado, y se desempeñó como abogado laboralista y militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR).
La memoria en los huesos
Atravesada por el testimonio de Marta Giordano, Salvo ahondó sobre el proceso de perfeccionamiento de la metodología de búsqueda utilizada por el GIAF, la exhaustividad con la que abordan la tarea y la falta de información con la que se manejan, lo que les obliga a aprovechar al máximo sus recursos -a los que calificó de escasos-. “Fue este método y no la existencia de alguna información novedosa y precisa” la que permitió los hallazgos en 2019 de Eduardo Bleier en el Batallón de Infantería N°13 (Peñarol, Montevideo) y en 2023 los restos de una mujer aún sin identificar en el Batallón de Infantería N°14 (Toledo, Canelones).
Por su parte Azziz, también integrante del GIAF, explicó sobre el proceso de identificación resaltando que tanto los bancos de información genética como sus métodos de comparación “son muy recientes”, por lo que “sumado al faltante de familiares directos” en algunos casos, y a la antigüedad de algunas denuncias en otros, “no se cuenta con perfiles genéticos completos de todos los desaparecidos”. Además, aseguró que “en este momento se está realizando una unificación” del banco de datos, bajo la dirección del Equipo Argentino de Antropología Forense, debido a su especialización técnica y a que en Uruguay son varias las instituciones en las que se ha depositado esta información genética. “De los 197 detenidos desaparecidos uruguayos”, se ha podido encontrar e identificar a 35, por lo tanto informó que “aún faltan 162 personas por encontrar su paradero y conocer su identidad”.
Además del hallazgo de los restos de una mujer en el Batallón N°14, dentro de los hitos de este año se destacó el cumplimiento por parte de Uruguay de la sentencia de condena internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectuada en 2021. El fallo establece la responsabilidad institucional en los asesinatos de Laura Raggio, Diana Maidanik y Silvia Reyes, conocidas como “Las muchachas de abril”, y las desapariciones de Óscar Tassino y Luis Eduardo González. Este acto se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos (Palacio Legislativo) en 2023, con la presencia de la vicepresidenta Beatriz Argimón, Karina Tassino, en representación de Madres y Familiares, y el canciller interino de la República, Nicolás Albertoni, pero no concurrió el presidente de la República, Luis Lacalle Pou (Leer Presentes y ausentes).
A pesar de los avances gracias a la labor del GIAF, de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y de la fiscalía especializada en DDHH, también advirtieron retrocesos. Respecto a la aprobación en agosto de este año de la Ley N° 20.193 que vuelve a indemnizar a víctimas por hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados -con fines políticos o ideológicos- entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, Broquetas expresó que la elección de ese período se trata de “una cronología arbitraria” y para Boiani “deja en una posición inferior a las víctimas de la violencia estatal”, resarcidas a través de la Ley N° 18.596 de 2009 y que comprende el período que va desde junio del ‘68 a febrero del ‘85.
Por último, desde Madres y Familiares rechazaron que a los represores de la dictadura “condenados a través de procesos judiciales con todas las garantías” y conforme “al debido proceso”, se los conciba como presos políticos. Criticaron esta concepción que desde sectores de extrema derecha, civiles y militares tratan de promover.
