Sólo tres elementos: capital de riesgo, un país con problemas financieros y especulación, son suficientes para preocupar a las principales organizaciones económicas del mundo.
Los llamados fondos buitre son sociedades o magnates que compran deudas de grandes empresas, así como de Estados en quiebra o que están al límite de ella. Estos carroñeros están siempre al acecho y en el momento de atacar, compran bonos a muy bajo costo y pretenden cobrar la deuda en su totalidad, o, en el caso de ir a juicio, incluso más. Ganancia pura.
Hoy a víctima es Argentina; el principal victimario, el conglomerado neoyorkino NML Capital, controlado por Elliot Management Corporation, que ya tenía antecedentes de actividades similares en Perú y Congo. Ningunos inocentes.
Tras la recesión de 1998, el país vecino afrontaba el pago de un monto descomunal por deuda externa. En 2001 renegoció la deuda en condiciones favorables, aunque hubo un porcentaje que no logró reestructurar porque los “fondos buitre” habían comprado esa parte.
Trece años después, Argentina se enfrenta al grupo de inversionistas de fondos de cobertura liderada por el multimillonario Paul Singer, que ha ido acumulando deuda a precios de descuento y ha llevado al gobierno argentino a la Corte Suprema de Estados Unidos, presionándolo a pagar mil trecientos treinta millones de dólares.
Un movimiento y se puede desestabilizar la economía de un país y por ende, como en “efecto dominó”, la de una región. Por eso, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se vieron obligados a tomar posición y proponer. Hasta hace unos días, Argentina se sentía sola, y ahora está más acompañada que nunca.
Protegiendo el nido
El gobierno de Cristina Fernández es quien paga los platos rotos. Allá por el 2010, la mandataria afirmaba ante autoridades de la ONU que a la Argentina “le soltaron la mano en el año 2001” y a partir de una política que se desarrolla desde el 2003, ha logrado “superar aquella crisis que se parece muchísimo a la que ha tenido el mundo en el año 2008”, valorando el esfuerzo y convicciones propias. Cuatro años después, en la 69° edición de la Asamblea General, Fernández reafirmó su postura y recordó que cuando su esposo Néstor Kirchner era presidente, “asumíamos como país el haber adoptado políticas que nos habían impuesto, asumíamos nuestra responsabilidad. Pero que también pedíamos y pretendíamos que los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y los propios acreedores que habían prestado a tasas usurarias, también asumieran parte de la responsabilidad de ese endeudamiento”.
Sobre su compromiso con la deuda, declaró que su gobierno fue el que se hizo cargo “como correspondía”, y comentó que desde el 2003 se ha pagado más de ciento noventa mil millones de dólares. Se saldó la deuda con el FMI y reestructuraron una deuda pendiente desde 1956 con el Club de París, además de la que mantiene con la petrolera española REPSOL. “Todo esto lo hemos hecho con recursos propios, sin acceso a mercado de capitales”, enfatizó la mandataria: “este proceso de inclusión lo iniciamos desde la bancarrota total y absoluta”.
Fernández afirmó que su gobierno tiene voluntad, capacidad y compromiso de pago pese al acoso de quienes calificó de “terroristas” que “desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación”. “Amenazan y hostigan con acciones sobre la economía del país provocando rumores, infamias y calumnias desde lo personal hasta en lo económico y financiero”, agregó.
Bajo el ala
Aquellos que le soltaron la mano a la Argentina en los peores momentos, parece que hoy no la abandonan. Las autoridades de la ONU consideran que la sentencia del Tribunal de Nueva York, por la cual Argentina debería pagarle a los fondos buitre, podría llevar al país a la bancarrota. Dificulta las negociaciones y fortalece a los demandantes. Para combatir la especulación, la Asamblea se propuso impulsar regulaciones a los procesos de reestructuración de la deuda soberana.
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos del organismo, tras una votación que arrojó como resultado 33 votos favorables, 5 en contra y 9 abstenciones, publicó una resolución en la que se “condena las actividades de los fondos buitre por los efectos negativos directos que ejerce sobre la capacidad de los gobiernos de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo, el reembolso de la deuda a esos fondos, en condiciones predatorias”. El texto también exhorta a los países miembros a “participar en las negociaciones encaminadas a establecer un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana”. La condena incluye también un proceso de investigación de los fondos buitre.
El FMI también se paró en la vereda celeste y blanca, pero con una propuesta propia en favor del mercado y que no implica regulación alguna. Se mostró preocupado por la situación y propuso una reforma que llamó “Fortaleciendo el marco contractual para abordar problemas de acción colectiva en reestructuraciones de deuda soberana”, donde propone modificaciones de contrato que permitan corregir “las carencias que hoy tiene el sistema” y que afectan especialmente a Argentina. Además, el documento presenta otros casos donde se ha vulnerado el sistema judicial, dejando expuestas sus carencias.
El gobierno argentino, mediante representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicó que están “tomando nota” del informe: “es importante que el FMI haya dado un paso adelante en el reconocimiento y búsqueda de una solución adecuada como ya lo han decidido los 124 países que votaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas de establecer un ‘Marco legal Regulatorio Multilateral para los Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana‘”
También recordó que “ha dicho en reiteradas oportunidades que hay fallas sistémicas y decisiones judiciales de imposible cumplimiento que permiten a pequeños grupos de financistas denominados fondos buitres impedir que los Estados determinen libremente la resolución de su deuda soberana“. El gobierno argentino asumió que “seguirá colaborando en todos los foros internacionales para elaborar una forma legal, justa y respetuosa de la soberanía de las naciones que además impida el accionar de los fondos buitres“.
Cecilia García
