La Comisión Asesora en Educación Terciaria y Universitaria Policial y Militar colabora en la aprobación de las ofertas educativas que presentan las autoridades de las instituciones militares y policiales ante su registro en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Su trabajo está relacionado con la certificación de carácter universitario para las ofertas educativas, no para las instituciones, por lo que la comisión asume un rol de evaluación. En ese sentido, en el año 2019 se aprobó la creación del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la enseñanza terciaria, que no se ha implementado hasta la fecha.
Las comisiones ad hoc son comisiones interinstitucionales integradas por representantes del Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Cultura, un representante de la Udelar, un representante de Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) y otro de la Anep. Cada institución decide a quien convoca dentro de la comisión para que lo represente, pero el MEC tiene doble representación. Los integrantes de la comisión pueden rotar según la disposición.
Emiliano Clavijo, politólogo, sociólogo y docente de la Udelar, estudió el desarrollo institucional y las carreras terciarias en las instituciones militares. Aseguró a Sala de Redacción que está todo por hacerse aún, y que es muy incipiente como para poder desarrollar algún tipo de estudio en la materia. Lo que se trata es que haya integrantes civiles vinculados a lo educativo, agregó.
El sociólogo explicó que es muy valioso que se haya tomado conciencia sobre la necesidad de profesionalizar a las fuerzas policiales y militares, y sostuvo que el haber puesto el mojón de una legislación específica “es la mayor virtud”. Afirmó que en un principio había una impronta transformadora, que luego se diluyó por razones políticas y normativas, entre otras. Más allá de eso, se estableció un punto de equilibrio donde se benefició a un conjunto de actores, brindándoles la oportunidad de obtener ofertas educativas que serán reconocidas como licenciaturas, las que generan mayores garantías y mecanismos de calidad.
Desde el principio de los años noventa hubo esfuerzos en el ámbito policial y militar para generar instancias de relacionamiento con el fin de discutir si era pertinente una formación terciaria, y si tenía que ser a nivel universitario o no. No existía una legislación específica, por lo que las instituciones educativas policiales y militares debían regirse a través del decreto 308\995 que regulaba a las universidades privadas.
Clavijo explicó que se inició un proceso transformador en el ámbito policial y militar que finalmente no se pudo dar porque hay muchas limitaciones de carácter formativo -fundamentalmente constitucional- que impiden el desarrollo pleno de instituciones terciarias con el uso de la palabra “universitaria”. Agregó que la connotación de esta palabra tiene un significado particular en función de determinados artículos de la Constitución de la República. Para ser considerado universidad hay que ser un ente autónomo, contar con un consejo directivo central y al día de hoy no se contempla al ámbito militar y policial.
La relación entre la Udelar y la institución militar tiene antecedentes desde los años noventa. Entre 1991 y 1994, cada una de las fuerzas y sus instituciones de formación firmaron sucesivos convenios con la Universidad para generar una mayor y mejor navegabilidad, junto con el reconocimiento de ciertas unidades curriculares cursadas en el subsistema militar para el ingreso y para su revalidación en el ámbito universitario. La experiencia fue por esfuerzos específicos y necesidades puntuales. En el 2020 la Fuerza Aérea firmó un convenio donde se refuerza la idea de navegabilidad y la de complementariedad entre ambos subsistemas.
El MEC es quien obtuvo el poder político para poder llevar adelante los cambios. “Siempre va a ser bueno que haya una certificación”, explicó Clavijo, pero al mismo tiempo indicó que a esa certificación hay que acompañarla con presupuesto y con fortalecimiento de la línea de investigación. También aseguró que quedan pendientes reflexiones mayores sobre lo que hace a la conducción civil de la educación tanto policial como militar.
A su vez, Clavijo aseguró que es necesario reivindicar esa conducción civil, “algo deseable en toda construcción política”. Explicó también que si bien se probó un organigrama en el que se contempló esa posibilidad, donde los directores militares fueran civiles, las capacidades y competencias tenían más que ver con un rol coordinador que con un rol de conducción. Agregó que las decisiones en relación a los programas de estudio terminaron formando parte de la burocracia militar.
También afirmó que es necesario discutir en clave de diseño curricular, ya que está muy supeditado a los requerimientos del ascenso a la escala de oficiales. “Se sigue confundiendo la finalidad de una formación universitaria”, dijo el docente. Explicó que a su vez esto “margina la posibilidad de explorar otras dimensiones que se puedan dar más allá de estas cuestiones prácticas o netamente operativas”. Insistió en que se deben consolidar los perfiles académicos y profesionales en clave de asesoramiento de políticas: “ese es el rol que tienen que ejercer los militares en un gobierno democrático y republicano. No el de la conducción”, sostuvo.
Clavijo indicó que hay una mayor adecuación técnica, más acorde a las recomendaciones de las respectivas comisiones. “Ese es el mayor mérito que uno puede ver como cambio curricular”, expresó. También dijo que falta robustecer los aspectos relacionados con la calidad educativa, transitar por una formación universitaria integral, generar una optimización de recursos y un mayor tránsito y navegabilidad por la universidad.
*Para esta nota Sala de Redacción intentó entrevistar a funcionarios relacionados con la educación en la institución militar, sin ser posible hasta la presente publicación.
