Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la eutanasia es la “acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente”. Sala de Redacción se contactó con Federico Preve, neurólogo e integrante del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), quien aclaró que “la eutanasia la practica el profesional de la salud a solicitud de una persona”. Actualmente en Uruguay está prohibida. Nuestro país aprobó en 2013 la Ley de Voluntad Anticipada, que tiene el fin de evitar la “obstinación terapéutica” en pacientes con patologías terminales e irreversibles; cada persona puede llenar un formulario en el que deja por escrito que no quiere recibir ningún tratamiento o suspenderlo.
El primer país en despenalizar la eutanasia fue Holanda en el año 2002; también es legal en Bélgica, Suiza, Luxemburgo y varios estados de Estados Unidos. Colombia es el único país de Sudamérica que la ha legalizado. Preve dijo que Uruguay está en una etapa de debate público, “es bueno que la sociedad intercambie opiniones y que ponga el tema arriba de la mesa”, considera que la sociedad civil organizada se ha empoderado en materia de derechos, como por ejemplo con la interrupción del embarazo, los derechos de minorías y el matrimonio igualitario. “Creo que es momento de que la sociedad debata sobre la muerte digna a través del suicidio asistido, de la eutanasia y por eso es que está el debate en agenda”.
El SMU organizó un ateneo interdisciplinario abierto sobre cuestiones éticas, asistenciales y legales de la eutanasia. Participaron médicos, personas que forman parte del grupo de la sociedad civil que impulsa el debate sobre el tema y Fernando Sureda, ex dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica y quien busca lograr una ley que despenalice la eutanasia.
Un grupo conformado por alrededor de diez personas, entre ellos oncólogos, intensivistas y neurólogos, está estudiando la legalización de otros países y los proyectos de ley de Chile, España y Portugal. “Estamos comparando cuáles son los beneficios, los pro y los contra de cada una, y vamos a crear un anteproyecto de ley pero cuando tengamos estudiados bien el tema”, dijo Preve, aclarando que “todavía no tenemos nada escrito”.
Según Preve, la eutanasia es un tema tabú en toda la sociedad occidental, en donde la gran mayoría tiene una cultura judeo-cristiana y desde el punto de vista de la religión la muerte no es aceptada como un proceso natural. Considera que cuando se naturalice la muerte como la parte final de la vida, ahí se va a poder discutir el morir con dignidad, sin sufrimiento y sin dolor.
La eutanasia se aplicaría a pacientes que padezcan enfermedades que son incurables, que se tenga un sufrimiento insoportable y por voluntad de la persona que lo está padeciendo, “que uno pueda morir con dignidad cuando así lo resuelva según su sistema de creencias y de valores” afirmó Preve. Lo que buscan es tomar a la vida como un derecho y no a la vida como una obligación de ser vivida en cualquier situación, es ahí donde entra el derecho a la muerte digna.
Otros de los temas que se busca en la eventual regulación de la eutanasia es que “uno pueda firmar la voluntad anticipada para que en caso de que suceda un accidente y quede en estado vegetativo persistente, donde la persona no tiene la posibilidad de razonar, interactuar con el ambiente, etcétera se le aplique la eutanasia” si así lo desea, declaró el doctor.
Otra mirada
Delia Sánchez, médica y coordinadora de la Unidad de Bioética de la Facultad de Medicina, opinó, en diálogo con Sala de Redacción, que la eutanasia no es la solución a los problemas de los pacientes. “Como médicos tenemos que ser capaces de ofrecerles otra cosa a las personas, y como sociedad también”.
Para Sánchez, la eutanasia es un acto contra la ética médica. Afirmó que la vocación y formación del médico no es terminar voluntariamente con la vida humana, lo que se debe hacer es “salvar la vida cuando se puede, aliviar el dolor y cuando se trata de morir, acompañar para morir bien”.
Sánchez sostuvo que la bioética se vincula con la eutanasia desde el momento en que se preguntan si es correcto ayudar a morirse a una persona que lo pidió. “Cuando nos preguntamos eso y tratamos de resolver sí o no, quizás, estamos poniendo en juicio nuestros valores y la bioética trata de que no sea una reacción espontánea, única, una razón de por qué decimos eso, entender de dónde sale esa respuesta nuestra”, expresó.
La doctora comentó que el hecho de que algo sea legal o ilegal, no termina con la discusión ética sobre la cosa en sí. La eutanasia podría ser legal y aun así éticamente se podría considerar que está bien o mal. Más allá de lo que pueda definirse por ley, aclaró que “la objeción de conciencia existe siempre, como un derecho de todos los ciudadanos. a no obedecer una ley que entienda que va en contra de su conciencia, no sólo los médicos”.
Diferencias entre cuidados paliativos y suicidio asistido
Los cuidados paliativos son cuidados ante una enfermedad progresiva, incurable, son el acompañamiento, el alivio del sufrimiento y del dolor en el final de la vida, en un proceso de deterioro que se da de forma natural. Trabajan equipos interdisciplinarios que atienden al paciente y al núcleo familiar. Sánchez explicó que no es el cuidado del último día; lo que hacen es tratar de que la persona viva con el menor dolor posible los días que le quedan.
“En los lugares en que hay buenos sistemas de cuidados paliativos se ha demostrado que las personas piden menos suicidio asistido o eutanasia porque tienen la tranquilidad o el conocimiento de que se va a hacer algo para que no tengan un sufrimiento tal como el que podían haberse imaginado”, mencionó.
En Uruguay la cobertura de cuidados paliativos viene en aumento, accede a ellos una de cada dos personas.
El suicidio asistido consiste en la ayuda o asistencia a otra persona que desea dejar de vivir. La propia persona es asistida desde el punto de vista científico por profesionales de la salud para que ese suicidio se lleve adelante sin dolor y sufrimiento. Preve explica que se le brinda una medicación que se la administra la propia persona. Este proceso también es ilegal en Uruguay.
