Jóvenes en la Colonia Berro del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, en el departamento de Canelones. Foto: Pedro Rincón. La diaria (archivo, noviembre de 2012).
El 3 de abril de este año la INDDHH (Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo) presentó en el Parlamento un informe completo del estado de situación de distintos centros de reclusión de menores de edad. En éste se hace una evaluación primaria con recomendaciones notificadas para cada centro y otras precisiones derivadas del seguimiento de esas recomendaciones para su cumplimiento.
En el informe se evalúan distintos puntos y los análisis son distintos según cada institución. En algunos centros se hace alusión a las condiciones nefastas de higiene, también se habla del uso excesivo de la fuerza “que no se corresponde a los criterios de excepcionalidad, proporcionalidad y racionalidad”. El derecho a la privacidad es uno de los puntos violados en algunos centros según los técnicos de la INDDHH, por ejemplo en el uso del teléfono y de otras instalaciones.
Si bien se reconoce el avance en alguno de los centros respecto a las recomendaciones realizadas por el grupo de técnicos, no se ven grandes avances en algunos casos, en particular en el centro de máxima seguridad SER de la colonia Berro.
Allí “no se está tratando con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano”, según dice el informe.
Dimes y diretes
SERPAJ y IELSUR, dos organizaciones defensoras de los DDHH que funcionan en nuestro país, salieron a apoyar al INDDHH a través de un comunicado público. En el comunicado ,presentado el 30 de abril en conferencia de prensa, se defiende el informe y se agregan algunos conceptos ante la respuesta cerrada del director del SIRPA, Ruben Villaverde, quien aclaró a la prensa: “Ya no sabemos en qué idioma decir que eso no es verdad”. Villaverde ha declarado en estas semanas que el informe de la INDDHH no dice la verdad respecto a lo que sucede en los centros que están bajo su responsabilidad. “Si los legisladores piensan que les estamos mintiendo en la cara que nos saquen de inmediato”. El director del SIRPA reconoce que en los casos en los que se comprobó el maltrato físico hubo sumarios y separación del cargo.
El comunicado de prensa de IELSUR (Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay) y SERPAJ, firmado por personalidades y organizaciones reconocidas por su lucha por los Derechos Humanos, expresa que “las dificultades, dinámicas y culturas institucionales condicionan los cambios en las instituciones, provocando retrasos sustanciales”. En ese mismo punto se reclama un cambio en la gestión del Sistema a la luz de muestras de desconfianza continuas y se pide relevar la actual dirección del SIRPA como “señal política clara y precisa”.
En el texto presentado a la prensa se puede analizar un especial enfoque en los maltratos físicos que las organizaciones han constatado en los centros de reclusión, producto del informe de la INDDHH que se suma a sus propias denuncias y a las realizadas por los familiares de las víctimas.
¿Ya firmó?
La firma del comunicado de prensa estuvo en discusión la semana del 30 de abril por varias organizaciones. Según fuentes de distintas organizaciones sociales, una de las discusiones que se ha dado a la interna son sobre la repercusión negativa que esto podría tener para la campaña en contra de la baja de la edad de imputabilidad penal. Consultado sobre el asunto, Federico Barreto, vocero de No a la Baja, dijo estar al tanto de la situación y que la comisión no puede decir hoy si afectará a la campaña el conocimiento público de las denuncias y agregó: “SERPAJ y IELSUR lo habrán evaluado” para tomar la decisión. “Si bien se tocan, es un tema en sí mismo”, dijo sobre la relación que había entre la campaña y las denuncias. Efectivamente las organizaciones promotoras del comunicado de prensa son miembros activos de la comisión No a la Baja y dedicaron un punto de la declaración a la necesidad de que el plebiscito tenga un resultado negativo.
La FEUU, por su parte, invitó a los funcionarios del INAU agrupados en SUINAU, a su federal para tratar el punto. Allí los funcionarios explicaron que, a su criterio, lo que hace IELSUR y SERPAJ es una interpretación del informe de la INDDHH que ellos no comparten. La federación de estudiantes decidió postergar el punto y no firmó el comunicado, entendiendo que ninguno de los allí presentes había leído el informe y no había información suficiente para votar la firma.
Según Mariana Mosteiro, integrante de SERPAJ, ahora resta esperar la respuesta del sistema político. Mosteiro explicó a SDR que el camino de los juicios penales inciados por las familias de los adolescentes sigue en curso y también la INDDHH está en estos días en la Corte de Ginebra, donde también fue citado Ruben Villaverde. De este organismo también se espera una declaración que dirima el asunto.
Gaberiela Pasturino
