El proyecto de creación de la academia, que se implementará en 2023, surge a partir de la cooperación internacional con el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO). Según surge de su página oficial, PAcCTO es un programa de la Unión Europea que “aborda toda la cadena penal desde una perspectiva integral a través de su trabajo en tres componentes: policial, justicia, penitenciario”.
En el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) existen diferencias con respecto al enfoque sobre el crimen organizado que tiene el programa, pero tanto la directora por el Frente Amplio, Andrea Venosa, como la presidenta Rossana de Olivera (Cabildo Abierto) en diálogo con Sala de Redacción coincidieron en que es posible adaptarlo a los cometidos de INISA, cuyo objetivo es aplicar medidas socioeducativas de reinserción.
A principios de abril se realizó en Uruguay el primer encuentro de la Red de Academias Penitenciarias (RAP), donde INISA presentó el proyecto. El cometido es brindar capacitación a los funcionarios que desempeñan la función de educadores -según se informó a través de la web de Presidencia- con el objetivo de profesionalizarlos “respecto al trato directo con los adolescentes, para ayudar al vínculo diario y a llevar adelante las medidas socioeducativas necesarias para insertarlos en sociedad”.
La directora de la institución declaró que se ha creado un equipo de trabajo para diseñar la currícula, que aún no está definida pero se espera que tenga un “enfoque en derechos humanos de forma transversal, teniendo en cuenta las distintas vulnerabilidades socioeconómicas que atraviesan los chiquilines”.
La incidencia del crimen organizado en la institución, según Venosa, es baja. Con respecto a esto dijo a Sala de Redacción que no se puede hablar de crimen transnacional organizado porque “los delitos que cometen los adolescentes se dan en el marco del microtráfico en los barrios”. Además, explicó que los menores “a veces ni siquiera saben por qué cometieron el delito o saben pero pertenecen a redes pequeñas que pueden desmantelarse más sencillamente”.
Según datos del Observatorio de INISA, en 2021 hubo 518 ingresos a las institución, de los cuales 28 fueron por delitos de estupefacientes y tres por tráfico de armas, delitos relacionados al crimen organizado. Por delitos como hurto o rapiña, el número asciende a 92 y 95 respectivamente, siendo estas las infracciones más frecuentes por las que los adolescentes cumplen medidas. Venosa declaró a Sala de Redacción que entre los problemas más graves que enfrenta la institución en cuanto al perfil de los internos se encuentra el consumo de sustancias: “el 80 por ciento de los adolescentes tienen problemas de adicciones”, dijo la jerarca.
Por su parte, De Olivera sostiene que es necesario el enfoque en crimen transnacional organizado por el hecho de que los menores entran a INISA con “problemas que traen de afuera por pertenecer a diferentes bandas más allá del delito” y esto genera “un conflicto en el cotidiano a la hora de manejar a los adolescentes que traen estas peleas desde los barrios y las incorporan al centro”. Además, argumentó que actualmente se atiende a nueve menores extranjeros -de origen brasilero según datos del Observatorio de INISA- “con todo lo que eso implica; no conocen el idioma y tienen que aprenderlo para poder incorporarse a las actividades y a la educación formal”. Y agregó: “los menores traen diferentes realidades a la institución a las que nos tenemos que adaptar para poder trabajar con todos de manera integral e individualizada, dependiendo del perfil”.
Un reclamo histórico
La formación de los funcionarios se dará a través de la directora de la Oficina III de la Dirección General de Formación del Departamento de la Administración Penitenciaria de Italia, Cira Stefanelli. Según explicó De Olivera, se seleccionará a un grupo de funcionarios que recibirán la formación directa de Stefanelli y luego la replicarán en el resto. En ese sentido, Venosa adelantó que se trabajará “desde el día uno” en el área de la salud mental y la reinserción a la sociedad y considera que todo esto “tiene que ser parte de la currícula ya que nosotros estamos obligados a ejecutar estas medidas en la institución”. El INISA, por su ley de creación (N°19.367), tiene como cometido la implementación de medidas socioeducativas a través del deporte, la recreación y la enseñanza formal y no formal con especial énfasis en el respeto por los derechos humanos, tal como lo establece el Código de la niñez y la adolescencia (Ley N°17.896).
Rodrigo Ayçaguer es estudiante de trabajo social en la UdelaR, coordinador del Proyecto Empatía, (colectivo que pertenece a la Cooperativa de Trabajo en Educación Integral COOTEI) y se desempeña en la Colonia Berro realizando distintos talleres socioeducativos. En diálogo con Sala de Redacción habló sobre el trabajo en la interna de los centros de INISA. Ayçaguer ve con buenos ojos la iniciativa de formar educadores en la institución, ya que “existe una necesidad de formar a los funcionarios” y considera que es difícil definir el rol del educador ya que “falta capital humano e idoneidad”.
Por otra parte explicó que la formación y capacitación “responde a un reclamo histórico de funcionarios y educadores que necesitan garantías, cuidado y atención”, y a la vez enfatizó que “los adolescentes también tienen necesidades y reclamos que deben ser escuchados, a la par de los funcionarios y educadores”. Aproximadamente 700 funcionarios cumplen este rol actualmente en INISA y según el directorio se espera “formar personas que quieran ser educadores y que quieran dedicarse a eso”.
