Tras un decreto aprobado en diciembre de 2013 por la Junta Departamental de Montevideo, el 1 de julio comenzó a regir una nueva reglamentación para vendedores ambulantes y artistas callejeros que trabajan en el transporte capitalino. Ello ha ocasionado que muchas personas que aún no cumplen con los requisitos que plantea la regulación tengan comprometido su trabajo.
El proyecto fue presentado por el entonces edil Jorge Meroni, perteneciente a la bancada del Frente Amplio (FA), quién consideraba que había un vacío legal sobre los vendedores ambulantes y artistas callejeros, ya que el único decreto existente era de 1952, y permitía que pudieran trabajar vendedores de números de lotería y de diarios. La nueva regulación tiene la finalidad de ordenar la actividad en forma equitativa y dar garantías sobre el desarrollo económico y artístico. La normativa incluye a las empresas que brindan el servicio y a su personal de plataforma, a los vendedores, artistas y también a los usuarios. Por su parte, regirá para los ómnibus del sistema de transporte capitalino y también para los interdepartamentales en sus recorridos dentro de Montevideo.
Para la Intendencia de Montevideo (IM), este proyecto promueve la inclusión y los derechos de quienes trabajan en los ómnibus, y también el acceso a beneficios sociales y a una jubilación mediante los aportes que realicen. Sin embargo, organizaciones como la Unión de Vendedores Ambulantes del Transporte (UVAT) consideran que la realidad de los artistas y trabajadores implicados está alejada de lo que plantea la IM en el decreto, y que no contribuye a la inclusión sino a lo opuesto. La UVAT rechaza el monotributo, y que considera que va en contra de uno de los eslogan “que pague más el que tiene más”, promovido por el FA. Desde el gremio consideran que con el cambio normativo se exonera a empresas del pago de impuestos y las autoridades quieren recaudar a través de quienes tienen menos.
Contrapunto
Más allá de lo que plantea la intendencia, los trabajadores aseguran que el monotributo que deben aportar no les proporciona el acceso a Fondo Nacional de Salud (Fonasa), y que quien esté interesado en acceder, deberá abonar $1000 como mínimo, ya que la cifra varía según su núcleo familiar. Además, se quejan de que no cuentan con seguro por enfermedad ni tienen cobertura en caso de accidentes laborales, y de que tampoco se contempla el subsidio por maternidad. En suma, señalan que quienes tienen prestaciones del Banco de Previsión Social (BPS) o el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) las perderán en cuanto comiencen a aportar a través de empresas unipersonales. Los vendedores y artistas lamentan que el proyecto tampoco contempla a aquellos jubilados o pensionistas que optan por realizar esta actividad para complementar las bajas jubilaciones y pensiones que cobran.
Desde la UVAT estiman que solamente hay unas 70 u 80 tarjetas entregadas, y más de 600 vendedores sin haber realizado el trámite, quienes se verán comprometidos a traves de esta reglamentación. Según un comunicado emitido por el gremio, no hay un lugar físico dentro de la IM para sacar la trajeta magnética, sino que se adquiere a traves de un vendedor ambulante en el transporte público. Según denuncian, ello ha perjudicado a quienes han querido regularizarse, ya que el acceso al registro depende del vendedor y encargado de hacerlo, y señalaron irregularidades al respecto. Según la UVAT, el encargado del registro, designado por autoridades municipales, otorgó tarjetas a personas que no se dedican a estas actividades y de esa forma la utilizan como pase libre para viajar.
“Nosotros entendemos que está regularización trae encubierta la extinción de nuestros puestos de trabajo. Incluso los que hoy tienen acceso a la tarjeta, están teniendo dificultades para poder pagar el monotributo”, comentó a SdR Vanesa Méndez, integrante de UVAT. Además, se quejó de que en caso de no pagar el monotributo al segundo mes, la unipersonal cierra y la tarjeta se cancela, por lo que los trabajadores y artistas quedan inhabilitados a seguir con su trabajo en el transporte público.
“Estimamos que en no más de un año no van a quedar vendedores ambulantes arriba del ómnibus, extinguiéndose cerca de 800 puestos de trabajo. En un momento fueron más de 2000, ya que es el recurso que tiene la gente que se queda sin trabajo formal; salen a vender en el ómnibus, puerta por puerta, o ponen un puesto de artesanías”, afirmó Méndez.
Procedimiento
Para poder trabajar en el transporte capitalino, el trámite de la tarjeta magnética expedida por la IM es obligatorio. En el caso de los menores de edad, pueden trabajar quienes tengan 16 años cumplidos, sean jefes de hogar y cuenten con carné de habilitación de trabajo. Al momento de la solicitud se debe presentar carné de salud vigente y una constancia que acredite que están inscriptos en el BPS. Por su parte, los vendedores ambulantes deben tener también el carné de manipulación de alimentos que expide la IM. Una vez expedida, la tarjeta tiene validez por doce meses, que se cuentan a partir de que finalizan los trámites correspondientes para obtenerla. En el caso de los trabajadores extranjeros, se les otorga una tarjeta provisoria por el período legal de su estadía.
La tarjeta no se recarga sino que cada trabajador valida sus viajes directamente al subir al ómnibus y sirve para todos los urbanos, excepto para los diferenciales, entre las seis de la mañana y la una de la madrugada del día siguiente. La primera vez la tarjeta no tiene costo, pero en caso de pérdida, robo o suspensión se manejan los mismos costos que para el resto de los usuarios del transporte urbano.
En suma, el registro como monotributistas se realiza en el Mides, y está previsto que el primer año el trabajador abone 25% del impuesto, que actualmente es de $366 mensuales; el segundo año abonarán 50%, el tercero 75% y el cuarto año 100%. Como no todos los trabajadores y artistas ambulantes cumplen con los requisitos que se piden para acceder a monotributar a través del Mides, también lo pueden hacer a través de BPS, y en ese caso deben abonar $1600 mensuales.
El decreto prevé la creación de un Tribunal de Faltas para informar, resolver y sancionar en caso de recibir denuncias referentes a la actividad comercial o artística en el transporte urbano. El tribunal estará integrado por dos miembros designados por la IM, un miembro de cada empresa de transporte, otro por cada una de las asociaciones de artistas callejeros y de vendedores ambulantes. También habrá un miembro designado por la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte y un representante de la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo.
Eliana Vila
