Una investigadora examina un test realizado a plantas transgénicas en Buenos Aires. AFP PHOTO / Juan Mabromata
La normativa de la IM obligará a las empresas a través de un decreto municipal a identificar aquellos alimentos que posean más de 1 por ciento de contenido transgénico. Los productos serán marcados con una T negra en un triángulo amarillo. Un transgénico es un ser vivo que ha sido modificado a partir de un proceso de ingeniería genética incorporándole información de otra u otras especies para resistir herbicidas y pesticidas que no toleran de manera natural. A nivel mundial los más comunes son la soja, el maíz, la canola y el algodón. En Uruguay solo está autorizado el cultivo de los dos primeros.
Luego de varios encuentros entre la sociedad civil organizada, académicos de la Universidad de la República (Udelar) y otras organizaciones, se redactó un proyecto de ley que presentaron en 2013 ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Laura Rosano, coordinadora de Sloow Food, una de las organizaciones que más ha impulsado esta iniciativa, cuenta que, luego de varias entrevistas en las que parecía haber receptividad, el proyecto fue archivado. Fue desencajonado por la IM, que tiene competencia departamental para reglamentar en cuestiones de salud, y a finales de 2013 se concretó el decreto 34.901, que adquiriría obligatoriedad a partir de este año.
Se usó el mismo logo y el mismo porcentaje máximo que Brasil exige para obligar a identificar estos productos, de manera que aquellos alimentos importados desde el país vecino -que hasta ahora son reetiquetados para tapar la advertencia- no tengan que volver a rotularse en Uruguay. Según explica Pablo Galeano, bioquímico y docente de la Facultad de Química (FQ) involucrado en la elaboración del proyecto inicial, la cifra de un 1 por ciento responde a la norma internacional pero también a la posibilidad de ser medido y detectado en un laboratorio.
Esta reglamentación es valorada positivamente por varios académicos y organizaciones sociales. Hasta el momento, lo único que existía era un decreto presidencial, firmado en 2008, que indicaba que el etiquetado era voluntario. Y, como era de esperarse, ninguna empresa había tenido esa voluntad. Con esta nueva normativa se identificarán los productos nacionales y se podrá controlar a aquellos que son importados, sobre los que el Estado no tenía ningún alcance hasta el momento. Si bien la reglamentación rige solo para Montevideo, Anzalone afirmó que varias empresas han informado que si tienen que etiquetar para un departamento, lo van a hacer para todos, ya que la capital es el principal mercado del país.
Rosano, al ser consultada acerca de qué aspectos contenidos en el proyecto inicial no fueron contemplados en el decreto de la IM, explicó que también se pretendía regular raciones y semillas transgénicas, debido a que es lo que se cultiva y lo que los animales consumen. Sin embargo, fue imposible de contemplar porque no está comprendido en el ámbito de lo que regula la IM. Es por este motivo que se intentó al principio darle carácter nacional a través de una ley, pero según la coordinadora “faltó compromiso de las autoridades, nadie se quiere meter con la soja”. A pesar de esto, las organizaciones no se rinden y ya están trabajando para extender la normativa a otros departamentos. Próximamente, según informó Rosano, se llevará la propuesta a Maldonado, donde han detectado una gran preocupación por parte de la población.
La implementación
Aunque aún no se ha multado a ninguna empresa, Anzalone sostuvo que la norma se está implementando y que, como todo proceso, es progresivo. Al preguntarle por la prórroga para la aplicación de esta norma que, según trascendió, se había dado a las empresas expresó que “no hubo ninguna prórroga, eso es una mala interpretación que se ha hecho a nivel de la prensa. Cuando se solicitó la prórroga se respondió negativamente”. Añadió que cada empresa será evaluada individualmente para establecer en qué plazo deberá ajustarse a la norma. Dependiendo del producto, los tiempos que se han manejado van de 30 a 90 días, por lo que los primeros etiquetados se estarían viendo en los próximos meses y se espera terminar el año con todos identificados.
Según detalló, los motivos de la demora han sido operativos. Por ejemplo, existen productos muy pequeños o empresas que desconocen si trabajan o no con materia prima de origen transgénica. En esos casos la intendencia será la que haga los análisis para saber si se debe etiquetar o no. También hubo quienes solicitaron el plazo para cambiar el origen de sus insumos de transgénicos a no transgénicos. Asimismo, afirmó que las empresas nacionales no están manifestando objeciones de tipo conceptual, las molestias de esta índole han sido escasas y más bien de carácter internacional. En ese sentido, trascendió el caso de una cámara empresarial argentina que hizo llegar su disgusto a través de Cancillería. Anzalone se manifestó al respecto muy tranquilo, ya que el resguardo de los derechos del consumidor es cada vez más una tendencia globalizada y actualmente hay 65 países que aplican esta norma.
Explicó también que las sanciones serán leves, de 5 unidades reajustables aproximadamente, pero irán subiendo en caso de reincidencia. No está estipulado el monto y se evaluará en cada caso, pero la multa irá acompañada por la divulgación pública de la infracción, a través de un comunicado de prensa. Eso es “una pata fundamental, sobre todo para las grandes empresas que pueden afrontar tranquilamente las sanciones económicas” pero no tanto las que afectan a su imagen comercial, dijo Rosano, y sostuvo que “nosotros ni bien sepamos quien incumplió podemos empezar a difundir y a hacer los escraches pertinentes”. La fiscalización será realizada por el laboratorio de Bromatología, donde los análisis se harán en acuerdo con la Facultad de Ciencias. Las inspecciones tomarán los alimentos con maíz y/o soja que no estén identificados en los puntos de venta para enviarlos a analizar.
Uno de los mayores temores de las organizaciones sociales está vinculado al cambio de mando. Cruzan los dedos para que la nueva administración siga firme en la aplicación de esta normativa. Si bien es un decreto aprobado, el miedo es que se otorguen prórrogas, que no se fiscalice y no se sancione de manera transparente. Anzalone, al ser consultado por esta inquietud, dijo que existen procesos jurídicos para dejar sin efecto un decreto pero que, a pesar de no haberle podido dar carácter de ley, la norma ha sido muy respaldada por el Senado y diferentes sectores, lo que genera amplias expectativas en que no pierda relevancia con el cambio de intendente.
La polémica
La mayor polémica se encuentra en los riesgos que se asumen al consumir productos genéticamente modificados. Laura Rosano contó que la soja y el maíz tal cual son consumidos en Uruguay, en Europa no es más que es alimento para animales o biocombustible. Galeano explicó que las empresas realizan estudios de los efectos a corto plazo, pero los daños que pueden causar a futuro están muy poco estudiados. Hay organizaciones independientes que afirman, debido a estudios realizados con animales de laboratorio, que los transgénicos producen alteraciones en el metabolismo y favorecen el envejecimiento celular. Además, “al ser tolerantes a herbicidas y pesticidas altamente cancerígenos, son tratados con grandes cantidades de estos productos, lo que provoca que los residuos que queden en ellos sean mayores”, afirmó Galeano. (Véase nota Resistencia y debate).
Además explica cómo los nutrientes pueden variar y perderse si un organismo ha sido genéticamente modificado. Estudios de la Facultad de Química han comprobado que este tipo de organismos mutan en su reproducción: “es un ser vivo que se ha modificado y no sabemos hacia dónde puede evolucionar, puede ser bueno o malo, no tenemos forma de saberlo”, subrayó Galeano.
Otra de las consecuencias de la liberación de este tipo de organismos que la FQ ha constatado es lo que los expertos denominan “polinización cruzada”, la cual consiste en que semillas transgénicas polinicen semillas criollas, contaminando cultivos que no estaban modificados genéticamente. Esto constituye una de las principales preocupaciones porque se corre el riesgo de perder la semilla original.
Al momento no se aprueban eventos transgénicos desde el año 2012, ya que el Gabinete de Bioseguridad, organismo encargado de esta tarea, puso reparos respecto a cómo se hacían la evaluaciones de riesgo. Pero ahora con el cambio de mando el Gabinete es otro y hay gran temor de que todos los eventos que no han sido autorizados, sean aprobados. Galeano detalló que los eventos pendientes de aprobación son aquellos resistentes a pesticidas y herbicidas mucho más tóxicos.
Las aspiraciones son ambiciosas pero no imposibles. Las organizaciones creen que el etiquetado es el primer paso de un proceso mucho más amplio. Para ellos, con el tiempo el consumidor exigirá productos que no estén modificados genéticamente y debido a la demanda se ajustará la oferta. Para hacerlo será necesario que existan zonas libres de transgénicos. El objetivo es que la historia que comienza con las etiquetas termine con los cultivos transgénicos en Uruguay.
Daiana García
