En la recta final

Las firmas obtenidas por la campaña “Contra la usura y por una deuda justa” que lanzó Cabildo Abierto (CA) alcanzó 215.000 adhesiones este viernes, a una semana de finalizar el plazo para presentarlas ante la Corte Electoral (27 de abril). La campaña propone reformar el artículo 52 de la Constitución referido a la usura y refinanciar las deudas menores a 30.000 dólares. Para llegar a realizar un plebiscito en las elecciones nacionales de 2024, aún le faltan alrededor de 55.000 firmas. “El próximo miércoles 24, a falta de tres días para la fecha límite, se cerrará la recolección y se comenzará el conteo definitivo”, informó a Sala de Redacción el senador cabildante Guillermo Domenech.

La campaña se inició en julio de 2023 y se intensificó a partir de febrero, cuando se buscó masividad en las redes sociales y medios de comunicación con el fin de alcanzar el número de firmas requerido. Para esto han tenido a disposición 4.000 equipos que trabajan en casi 200 localidades a lo largo y ancho del país y trazaron estrategias como presentarse en eventos de alta concurrencia como el carnaval o la Patria Gaucha.

Consultado ante la posibilidad de no alcanzar las firmas, Domenech contestó que la Constitución “lo único que dice es que seis meses antes de una elección debe ser cerrada la recolección de firmas” por lo que pretenden seguir con la junta de firmas y “plantear un contencioso a la Corte Electoral” para hacerlas en “una hipotética segunda vuelta o en las elecciones municipales”. Lo mismo informó La Diaria este lunes, en una nota que recoge también la opinión de José Korzeniak, ministro de la Corte Electoral en representación del Frente Amplio, quien declaró a ese medio que “no hay unanimidad” en que la consulta popular pueda hacerse en las siguiente elecciones obligatorias a las de octubre y que si bien “podría hacerse” en las elecciones departamentales o en el balotaje (en caso de que haya segunda vuelta) “por razones históricas se puede sostener que sólo [puede ser] en las elecciones nacionales”.

Con la bandera a sus espaldas

Daniela se enteró por un amigo de que ofrecían trabajo y se presentó. Con una bandera blanca en su espalda con un logo que tiene el pabellón nacional y el lema “No + usura. Firmá por una deuda justa”, se para todos los días desde el mediodía hasta las nueve de la noche en la plaza de los Treinta y Tres, en Montevideo, con el objetivo de recolectar 80 firmas. Cuando conversó con Sala de Redacción eran las tres de la tarde y llevaba casi 20; su promedio diario oscila entre 40 y 50. Ella firmó pero no es militante de CA. “Lo podría haber hecho cualquier partido, es un bien social”, dijo, mientras entregaba folletos a las personas que pasaban por la plaza.

Anyela tampoco es cabildante, en realidad vota al Frente Amplio, pero necesitaba trabajar. De todas formas coincide en que “se tiene que hacer algo con los endeudados”. La zona que se le asignó para recolectar firmas es la plaza del Entrevero. Hace el mismo horario que Daniela. La semana pasada, el día del paro de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, le quedaban cuatro horas de trabajo y llevaba 25 firmas, pero atribuía el volumen conseguido a que “los días de paro está más tranquilo”. Ante la pregunta por la filiación política de los que capta, dijo que ha firmado gente de todo el espectro político. Desde la izquierda a la derecha: “Es algo que incumbe a todos los uruguayos más allá del partido”, afirmó.

Tanto Anyela como Daniela son parte de un grupo de 25 personas que fueron contratadas por Cabildo Abierto para la última etapa de recolección de firmas. Con la bandera de la campaña a sus espaldas recorren distintos puntos estratégicos del centro de Montevideo, como las plazas de la zona o la terminal de Tres Cruces, en busca de personas que se adhieran. El objetivo diario del grupo es alcanzar las 1.600 firmas.

Domenech expresó no saber con exactitud si les ha ido mejor en el interior o en Montevideo; sin embargó puntualizó que, en algunos departamentos del interior “tienen una mejor estructura” que facilitó la recolección. Reflexionó que el punto débil de la campaña fue la publicidad, a la que se debería haber destinado más esfuerzos, aunque reconoce que tuvieron que luchar contra una “conspiración del silencio” de los medios de comunicación que no fueron receptivos debido a que “los grupos que son acreedores de ese sector de la población tienen un gran poder económico”.

A su vez, concluyó que para ser la primera recolección de firmas de CA no lo han hecho “nada mal” y que la campaña ha servido además de “probar el funcionamiento de la máquina”, para concientizar a las personas sobre el problema y “hacerles ver que hay una solución posible”.

Lo que quieren cambiar

CA propone reformar el artículo 52 de la Constitución de la República que dice: “Prohíbese la usura. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de los préstamos. Esta determinará la pena a aplicarse a los contraventores. Nadie podrá ser privado de su libertad por deudas”. La modificación que pretende hacer es que “el límite máximo de la tasa de interés sea fijado por una nueva ley con mayorías especiales” y que “sea solo hasta de un 30%”. 

Desde la página web que publicita la recolección de firmas para el plebiscito argumentan que la ley 18.212, que regula las tasas de interés y usura, y fue aprobada en 2007 durante el primer gobierno del Frente Amplio, provocó que “privados e incluso el Estado cobren intereses y multas desproporcionadas, afectando el acceso a servicios básicos”. Esto llevó, entre otras cosas, a que “casi 700.000 uruguayos sean catalogados en la categoría 5 del Banco Central figurando como deudores irrecuperables” o que “hayan proliferado prestamistas clandestinos y oficinas recuperadoras de crédito que utilizan prácticas extorsivas”.

Pero esa no es la única propuesta. También se busca refinanciar las deudas menores a 30.000 dólares con el fin de cancelarlas en beneficio de ambos: tanto del deudor que se libera de ella como del acreedor que de otra forma no cobraría esa suma de dinero, que equivale al monto inicialmente acordado más “una Tasa Efectiva Anual del 4% por conceptos de intereses, multas, moras, recargos y cualquier otro tipo de gastos”. Además, se le restaría lo que el deudor pagó hasta la fecha. Esta medida aplicaría para todas las deudas contraídas hasta el 18 de julio del 2023 que no superen dicho monto.