El grupo de 28 ex presas políticas que hace 11 años denunció ante la Justicia haber sufrido torturas y violencia sexual durante la dictadura uruguaya, fue escuchada en marzo de 2021 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia virtual. La denuncia involucra a más de 100 ex integrantes de las Fuerzas Armadas por desnudez forzada, humillación con connotación sexual, violación, amenaza de abuso sexual, explotación sexual, acoso sexual, embarazos y abortos, entre otras prácticas que se ejercieron sistemáticamente y de forma coordinada.
La CIDH interpeló al Estado uruguayo por la extensión del tiempo de la causa y los pocos avances logrados, además de haber realizado una serie de recomendaciones, entre ellas, que el Estado reafirme que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que cumpla con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman. Además, se comprometió con el grupo de denunciantes para brindar apoyo técnico y realizar una visita virtual.
Ivonne Klinger, una de las integrantes del grupo denunciante, en comunicación con Sala de Redacción, expresó que al momento de visita de la CIDH sólo había un procesado: Asencio Lucero. Durante el terrorismo de Estado, Lucero se desempeñaba como capitán 9° de caballería, y fue el primer procesado por la jueza Julia Staricco, cuando reconoció que “en el 9° se hacía submarino pero con agua limpia y no con agua sucia” y que “la picana no era en los genitales sino en las piernas”, como afirmaban las denunciantes. En este sentido, Klinger agregó que “la jueza no tuvo más remedio que procesarlo, porque realmente era justificar la tortura de una manera insólita”.
Sin embargo, a pocos días de la visita de la CIDH, Klinger afirmó que concluyó el procesamiento y se realizó la acusación completa, lo que derivó en la condena de Antranig Ohanessian y de Jorge “Pajarito” Silveira, que según la denunciante, “son dos personas que ya estaban detenidas por otra causa, pero que no estaban por la causa de las mujeres, cuando nosotras los habíamos acusado no sólo por torturas, secuestro, desapariciones, sino también por violencia sexual”.
Klinger sostuvo que 11 años después no han habido resultados concretos, solo el pedido de los abogados defensores de reinterrogar a las denunciantes de forma personal. El grupo busca concretar en el correr del año una reunión para resolver si se pasa a una segunda etapa que constaría de una denuncia formal a elevarse a la Corte Interamericana. Para las denunciantes es algo “sumamente importante” para lograr que se exija una pronta resolución. “La falta de auxiliares de trabajo, de recursos y demás es complicadísima, entonces la fiscalía hace lo que puede”, resaltó Klinger, poniendo en foco el retraso de los procesamientos y la falta de acción por parte del Estado.
Diego Gómez / María Olivera
