Manifestación de AFJU el miércoles 3 de junio en la calle Colonia. Foto: SdR / Germán Ires
Es menester recordar que este conflicto, derivó de la aprobación de la ley 18.719, “Ley de Presupuesto”, en la cual se equiparó el salario de los ministros de Estado con el de los senadores. Esta ley no tuvo en cuenta el “enganche salarial” entre el sueldo de los magistrados y los ministros de la Corte, que estaba impuesto en la Ley Orgánica de Judicatura, lo que implicó un aumento salarial para todos los jueces y cargos técnicos del Poder Judicial. Debido a esto, el Poder Ejecutivo pidió al Parlamento la aprobación de la Ley 18.738 interpretativa de la ley de presupuesto en donde se estableció que el aumento únicamente correspondía a los ministros y subsecretarios de Estado. Ante las críticas por el mecanismo que se utilizó, se aprobó mediante la Ley 18.996 (Ley de Rendición de Cuentas) el “desenganche salarial”.
A fines de 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley 18.378. Luego, la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) inició una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 18.996, que tuvo un fallo favorable por parte de la Suprema Corte de Justicia y dejó como resultado la derogación de los artículos 14, 15 y 16 de la misma, que consagraban el ya mencionado “desenganche salarial”.
SdR conversó con Gustavo Signorele, secretario de relaciones del Sindicato Judicial, quien habló sobre este y otros temas relacionados al reclamo salarial de los funcionarios judiciales.
-¿En cuántas ramas están divididos los funcionarios judiciales?
– Existen tres gremios y un sindicato. Está la Asociación de Magistrados, la Asociación de Defensores de Oficio y la Asociación de Actuarios, estos son gremios. Luego encontramos a la Asociación de Funcionarios Judiciales que es un sindicato y que nuclea al 90% de los trabajadores.
-¿Cómo es la relación del sindicato con los gremios?
– A veces es buena y a veces mala, depende del período. En este momento hay una intergremial funcionando, pero generalmente los intereses de los magistrados y los intereses de los defensores de oficio son muy distintos a los planteados por los trabajadores. Sobre todo cuando en el medio está una asociación de actuarios que termina siendo nada más ni nada menos que tu jefe. Esto hace que las diferencias sean profundas, por ejemplo, en lo que tiene ver con la conformación, nosotros como sindicato y ellos como asociación civil de profesionales. Este tema del 26% se comenzó como un reclamo colectivo y si bien hay declaraciones e intenciones no expresas de la asociación de magistrados y de los defensores de oficio, está claro que ellos estarían dispuestos a agarrar cualquier cifra que se pusiera sobre la mesa. Esto se debe también a que ellos no poseen un juicio por cobro en pesos, como si poseemos nosotros y el cual obliga al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia a pagar el 26 % de aumento salarial.
-El paro se realizó con guardia gremial. ¿Podría explicar mejor, qué implica que sea con guardia gremial?
– Quiere decir que mantenemos una guardia de trabajadores que toman los trámites de carácter urgente. Lo que tiene que ver con libertades, también algunos trámites de entrega de cuerpos de la morgue, la toma de declaraciones por parte de los receptores penales. En cuanto a los juzgados de familia, lo que tiene que ver con violencia doméstica, etc. Esto es en todo el país.
– ¿En qué situación está el dialogo con el ministro de Trabajo?
-Nosotros tuvimos una reunión con Murro y después un par de conversaciones telefónicas, en las cuales el Poder Ejecutivo nos dijo que en el mes de mayo iba a poner sobre la mesa dos propuestas de discusión para la salida del conflicto y todavía no hubo ninguna. Para nosotros la salida del conflicto con el Poder Ejecutivo tiene algunos bemoles. Tenemos una sentencia que nos da la razón y que los obliga a pagar el 26%, incluyendo la retroactividad. La propuesta tendría que ser muy buena para que el sindicato y su asamblea general la aprueben. No se está vislumbrando eso. Para el ejecutivo lo que antes era de urgencia, ahora se está tratando de alargar hasta el presupuesto que se realiza en octubre de este año. Además se cambió el discurso ya que ahora se les está planteando a la Asociación de Magistrados y de Defensores la posibilidad de que ellos presenten una propuesta, pero no a los actuarios ni a nosotros.
-¿Qué resultados se esperan de las movilizaciones y del conflicto?
– Creo que las movilizaciones no van a generar mucho, ya que hay una cuestión económica en el medio y va a depender también de lo que diga el ministro Danilo Astori. Además es una suma abultada de dinero, estamos hablando de que la deuda con los trabajadores judiciales implica 37,2 millones de dólares. Al Poder Ejecutivo no lo vamos a mover con una marcha y, a esta altura del partido, creo que ni con una huelga general.
Germán Ires
