El coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior (MI), Diego Sanjurjo, comenzó a aplicar las medidas de la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva, una nueva aproximación a la seguridad pública y la gestión del delito en Uruguay que da sus primeros pasos luego de una intensa discusión política.
Sanjurjo explicó a Sala de Redacción el argumento que hay por detrás de esta iniciativa. Detalló que tras analizar “literatura y experiencia local e internacional”, surge la necesidad de que una política de seguridad moderna combine represión con prevención, entendida esta última como “enfocarse en las causas inmediatas del delito” con el objetivo de “evitar aquellos que todavía no sucedieron”. Acotó que esto representa un debe, no sólo de Uruguay sino también de “casi toda América Latina”, que “invierte cada vez más en el crecimiento del aparato represivo” pero no hace énfasis en la prevención.
El paquete de medidas se estratificó en cuatro grandes grupos: sistemas de información, prevención social y comunitaria, prevención policial y prevención terciaria. La versión final se presentó en junio, en la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en la Cámara de Diputados, que se realizó por las cifras de homicidios en 2022 y 2023.
Datos y prevención en la comunidad
En el Parlamento, Sanjurjo explicó que la categoría de sistemas de información incluye tres medidas que buscan detener una discusión “histórica” por la veracidad de las cifras relacionadas a criminalidad y delito. Una de las políticas a destacar en este apartado es que el Instituto Nacional de Estadística (INE) será quien lidere las encuestas nacionales de victimización, lo que hará que el INE tenga, por primera vez, “una pata en la seguridad” con encuestas que “le van a pertenecer”, algo que “no es menor, porque si fuera propiedad del Ministerio -que le pasó al Frente Amplio- capaz que hacés una encuesta, los resultados son malos, y entonces la enterrás”. Por otro lado, el MI adoptará una “política de datos abiertos” y hará que “todas las bases de datos sean públicas” por intermedio de una nueva página web con la ayuda y la gestión de la de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información de Uruguay (AGESIC).
En el segundo gran apartado, entendido como “el corazón de la estrategia”, la idea central es “tener una coordinación interinstitucional de alto nivel” con fuerte presencia social e implica crear un nuevo “gabinete de seguridad integral” en Presidencia de la República, consejos barriales y centros de atención integral. Como novedades adicionales, Sanjurjo explicó a SdR que pretenden incluir contenidos de “Educación en la Prevención de la Violencia y el Delito” en la currícula educativa de la Administración Nacional de Educación Pública.
Además, este nuevo plan implica una colaboración con la ONG norteamericana Cure Violence, que “va a venir a Uruguay” en la primera misión para asistir junto al Mides y organizaciones de la sociedad civil en “la creación de un programa focalizado de prevención de homicidios”. Cure Violence es una organización cuyo germen surge del médico estadounidense Gary Slutkin y propone tratar la violencia como si fuera una enfermedad al utilizar estrategias similares a las que se emplean para contener una epidemia.
En su página web, Cure Violence plantea tres principales líneas de acción: “detectar e interrumpir situaciones violentas”, como venganzas o conflictos en marcha, “identificar a los transmisores de riesgo más peligrosos” y “cambiar las normas sociales en grupos que perpetúan el uso de la violencia”. Para ejecutar esas líneas, la ONG contrata personas que ofrezcan una ayuda “paraprofesional”, como personas que cometieron crímenes, líderes de la comunidad y referentes sociales que representen “interlocutores creíbles”, así como también los llamados “interruptores de la violencia”, personas con capacidad de mediación y negociación, además de respaldo barrial. El modelo se probó en Cali, Trinidad y Tobago, Chicago, Nueva York y Filadelfia, donde redujo significativamente las cifras de violencia. En un artículo que publicó en El Observador, Sanjurjo escribió que el modelo, que se ha “aplicado en más de 50 comunidades y barrios de una decena de países”, tiene el potencial de “salvar más vidas que cualquier otra política”.
Prevención policial y terciaria
Las dos últimas categorías de la estrategia recopilan medidas que proponen el engrosamiento de la contención psicológica para policías y sus familias, el fortalecimiento de la Unidad de Cibercrimen, la reforma del sistema penitenciario y de penas alternativas, además de un refuerzo a la atención de personas privadas de libertad que utilizan drogas. Para consolidar estos últimos tres puntos, el jerarca entiende que es preciso alejar el ámbito carcelario del MI, por lo que también se propuso la creación de un Ministerio de Justicia, puesto que “no se le puede pedir a quien tiene que atrapar a los delincuentes, que después los rehabilite”.
Sin embargo, Sanjurjo señaló que “la medida es un poco excepcional” porque no es para esta legislatura, sino para la siguiente, “y el hecho de que no se haya logrado consenso la dificulta mucho” aunque “la voluntad del Partido Nacional, Colorado e Independiente está, y además líderes del FA como [Yamandú] Orsi y [Carolina] Cosse han dicho públicamente que ven con buenos ojos la creación del Ministerio”.
Voluntades
Previo a la presentación en el Parlamento, la estrategia había transitado un largo proceso de elaboración que implicó una intensa discusión en reuniones entre todos los partidos con representación parlamentaria y una búsqueda de consenso para comprometerse a aplicar las políticas en eventuales gestiones, algo que no se logró.
Originalmente, las distintas facciones consultadas presentaron 79 propuestas que, tras compaginarlas, pasaron a ser 38 y eventualmente se convirtieron en 24 luego de descartar las que no pertenecían a la esfera de acción del MI. El documento final incluye un total de 16 de aquellas 24 propuestas provenientes desde distintos sectores de la política uruguaya.
Según Sanjurjo, en la búsqueda de consenso unánime el Partido Independiente, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido de la Gente apoyaron la totalidad de las medidas, pero el Frente Amplio no secundó ninguna, “ni siquiera las que ellos mismos propusieron y estaban incluidas en el documento”, subrayó, mientras que Cabildo Abierto “terminó apoyando siete”, lo que “descartó el consenso”.
Con este escenario, Sanjurjo opinó, en diálogo con SdR, que la falta de acuerdo “puede afectar” porque muchas medidas están pensadas “a largo plazo” y necesariamente deben implementarse “más allá de 2025”, por lo que, sin concordancia entre partidos “pueden detenerse o darse para atrás” bajo un nuevo mandato.
En suma, la propuesta está fuertemente marcada por la interinstitucionalidad y la dimensión social, e involucra por primera vez a organismos que no estaban directamente relacionados con la gestión de la seguridad pública. De esta manera, el MI pasará a “colaborar con otras instituciones del Estado” y de la sociedad civil que previamente ya abordaban las causas inmediatas del delito a través de medidas que ya “fueron discutidas con las autoridades de los distintos organismos que tienen que participar” y “la voluntad política está por parte de todos”, al margen de detalles que aún reste discutir.
