En agosto de 2021 el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en coordinación con el Centro Hospitalario Pereira Rossel (CHPR) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), presentó un estudio elaborado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) donde se aborda e investiga sobre el estado de situación del derecho a la maternidad de las mujeres con discapacidad.
El estudio analiza 63 expedientes de niños o niñas cuyos casos fueron judicializados. Juan José Meré, asesor de UNFPA, señaló a Sala de Redacción que “es importante recalcar que el estudio no puede afirmar que estos casos fueron judicializados por la discapacidad de sus madres, sino que también inciden situaciones de pobreza, vulnerabilidad y violencia de género”.
Para Meré, el estudio evidencia que “llegamos tarde”. “Si se llega antes, no al momento del parto o luego del mismo, se puede paliar y trabajar sobre las dificultades que esas mujeres pueden tener para la crianza”, explicó. En este sentido, Meré afirmó que UNFPA y la Dirección Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social comparten miradas sobre la necesidad de una “armonización normativa y programática que hay que realizar en Uruguay”.
La Directora Nacional de Discapacidad, Karen Sass, explicó a Sala de Redacción que desde el MIDES se trabaja “en derribar todas las barreras que existen en torno a la maternidad en mujeres con discapacidad”. Sass afirmó que al día de hoy persisten conceptos equivocados sobre la discapacidad, como por ejemplo la “infantilización de la discapacidad, que va de la mano con las cuestiones de género: si uno identifica a una persona con discapacidad como un niño, no va a asociar a esta persona el derecho a la crianza o a la maternidad”.
El MIDES actualmente trabaja en el Programa de Apoyo a la Crianza, cuyo objetivo radica en abordar la problemática que presenta el ejercicio del derecho a la crianza de hijos e hijas de madres en situación de discapacidad, procura la autonomía e independencia de estas mujeres y busca garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. En este sentido, el MIDES posee una estructura residencial donde las mujeres que necesitan un apoyo de 24 horas pueden acceder a él.
A su vez, el MIDES desarrolla un abordaje territorial compuesto por “una persona de la Dirección de Discapacidad y de Uruguay Crece Contigo, que es nuestro co-ejecutante en este programa, porque son quienes trabajan la primera infancia dentro del MIDES”, aseguró Sass. La Directora Nacional de Discapacidad explicó que también hay un trabajo permanente junto con el Poder Judicial. Existen situaciones en donde el MIDES recibe casos y los deriva al Poder Judicial, otros en donde el propio Poder Judicial solicita al MIDES la intervención para tomar decisiones. “A partir de la solicitud de la justicia -por ejemplo- nosotros elaboramos un plan de apoyo individualizado, que es ajustado a la persona, a su situación, a sus redes. Y dependiendo de la situación se ve hacia dónde ir”.
El estudio, llevado adelante por la abogada Renata Scaglione, plantea una serie de recomendaciones; una de ellas es la necesidad de generar registros relacionados a la cantidad de nacimientos que existen de madres con discapacidad. En este sentido, Sass declaró que actualmente se trabaja en el Registro Nacional de Discapacidad cuyo objetivo es unificar parámetros y conceptos a través de los cuales cuantificar y hacer seguimiento a la cantidad de personas con discapacidad en Uruguay. Sin embargo, aclaró que no se está trabajando en la posibilidad de un registro específico de nacimientos de madres con discapacidad.
Tanto Sass como Meré adelantaron a Sala de Redacción que actualmente se trabaja en dos nuevas consultorías “clave” relativas a este tema. Una de ellas, a cargo de dos abogados, “aborda la necesidad de reformar todo el instituto de la curatela y de la interdicción, y por tanto reforzar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad con un sistema adecuado de apoyos”. La curatela es una medida judicial dictada por un juez, que busca dar apoyo a personas que no poseen plena capacidad, y se aplica cuando hay una declaración expresa de incapacidad. Es importante, en este sentido, aclarar que una discapacidad no implica necesariamente la incapacidad. Por otro lado, la interdicción tiene que ver con la suspensión de un derecho mediante orden judicial.
La segunda consultoría en curso está a cargo de una psicóloga, y su objetivo es el “diseño de sistemas de apoyo para la maternidad y la crianza en las mujeres con discapacidad”. Según afirmó Meré, al final de este año se espera poder presentar los primeros informes resultantes de dichos estudios.
Desde UNFPA se indicó a Sala de Redacción que el organismo elaboró una Estrategia Regional para América Latina y el Caribe de fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad que es la estrategia VIP, cuyas siglas significan “visibilizar, incluir y participar”. En este sentido Meré explicó que “el visibilizar tiene que ver con la generación y producción de informes y estadísticas que permitan mostrar la situación de las mujeres con discapacidad”.
Por otro lado, “incluir implica generar y promover el acceso de todas las mujeres con discapacidad a la salud sexual y reproductiva, a la educación”. Por último, el asesor del UNFPA planteó que “participar es parte del lema ético que se plantea en este caso: nada sobre nosotros sin nosotros”. Esto implica fortalecer y promover los espacios de generación de autonomía e independencia de las personas con discapacidad.
