La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta Beatriz Argimón y la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente Matilde Rodríguez Larreta a principios de mes. En Torre Ejecutiva le plantearon a las autoridades la importancia de continuar con la búsqueda y se llevaron ese compromiso por parte del gobierno.
Luego de la Marcha del Silencio virtual del día 20 de mayo, Familiares pidió a Lacalle Pou una reunión para esclarecer cuáles serán los lineamientos de este gobierno. El integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Nilo Patiño, comentó a Sala de Redacción que la reunión giró en torno a la búsqueda y a dos puntos fundamentales: “el soporte económico y logístico, es decir el presupuesto para mantener las excavaciones”, y “la información brindada por la institución militar”.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), según la ley 19.822, es la encargada de la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas. Bajo su órbita está la investigación de la verdad sobre las circunstancias de desaparición y la ubicación de los restos. En el artículo 12 de la ley se expresa asimismo que Presidencia de la República es la encargada de digitalizar toda la información existente sobre la materia y entregarla a la INDDHH, que oficiará como repositorio.
En palabras de Patiño, la respuesta de Lacalle Pou a la petición de la organización fue reafirmar su compromiso y aclaró que “está dispuesto a colaborar”. A su vez, el presidente trasladó un mensaje: que la búsqueda se haga “sin mucha publicidad, trabajar calladamente”, informó el integrante de la organización.
Patiño hizo especial énfasis en la importancia de que la información que se brinde por parte del Ejército “debe ser seria y verdadera, y que en el terreno de las excavaciones se compruebe dicha veracidad”. Para esto, entiende que es fundamental el compromiso del Poder Ejecutivo y del presidente, quien es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Manini Ríos y una información falsa
La incertidumbre sigue formando parte del acontecer diario de la organización que reclama verdad y justicia. “Solo en una oportunidad la información dada por el Ejército fue verdadera, el resto de la información que dio es falsa”, señaló Patiño. “Insistimos que es la institución militar la que tiene la información”, agregó.
En 2017 la organización de Madres y Familiares constató que el entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, hoy senador, líder del partido Cabildo Abierto y socio en la coalición de gobierno, aportó información falsa. Se trataba del plano de una chacra en Pajas Blancas donde se marcó la ubicación de un presunto enterramiento, de desconocida identidad; al no hallarse restos, se confirmó su falsedad.
En esas instancias, los antropólogos encargados de las excavaciones habían solicitado reunirse con la fuente militar que aportó la información para confirmar la veracidad de los datos, pero “el comandante negó esta posibilidad, asumiendo así, personalmente, la denuncia”, informó Montevideo Portal. Anteriormente, en 2005 el ex comandante en jefe Ángel Bertolotti también brindó datos falsos acerca de la ubicación de los restos de María Claudia García de Gelman.
Las voces multicolores
Distintos representantes del gobierno multicolor han realizado declaraciones sobre hechos ocurridos en dictadura y acerca del régimen militar. En 2013 el actual presidente y por ese entonces aspirante al cargo opinó que no se debía continuar con la búsqueda de los desaparecidos y sostuvo que era necesario dar vuelta la página, pero luego retrocedió en sus dichos. Durante la última campaña electoral, Lacalle Pou afirmó que va a continuar con las investigaciones y va a “colaborar en todo lo posible”. Patiño aclaró que “hay que ver concretamente en qué van a colaborar y cuáles son los pasos que se van a dar”.
Previo a la Marcha del Silencio de este año, la organización había solicitado al Poder Ejecutivo el espacio de una cadena nacional de radio y televisión para transmitir el mensaje en virtud de que no podría haber una movilización presencial, pero fue negado por el gobierno. Finalmente, se emitió una conferencia de prensa de Madres y Familiares en todos los medios públicos.
Manini Ríos, al ser consultado en marzo por el diario O Globo de Brasil sobre la situación de los desaparecidos en Uruguay, expresó: “todos sabemos que no van a aparecer” y agregó que “tiene que haber una actitud de mirar todos hacia adelante de una vez por todas”. Asimismo, el senador de Cabildo Abierto aseguró la existencia de un informe publicado en 2005 por las Fuerzas Armadas “que dice que esos cuerpos fueron desenterrados y tirados al río”.
Declaraciones similares fueron la causa de su destitución como comandante en jefe del Ejército en 2019. En ese entonces, Manini se manifestó en contra del accionar de la justicia uruguaya y opinó que los juicios y las condenas a violadores de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado han sido sin las “garantías del debido proceso”.
Por otra parte, en los últimos días el ministro de Defensa Nacional, Javier García, declaró a la prensa que a él y al presidente Lacalle Pou les “preocupa” el reciente procesamiento de un soldado retirado, condenado por el asesinato de Nelson Berreta, integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Según el ministro, el soldado estaba “cumpliendo una orden”, y es un mensaje por parte del Poder Judicial que “afecta las tareas y el funcionamiento” de los soldados. En respuesta, el fiscal Ricardo Perciballe dijo que “es un delito de lesa humanidad, que no prescribe”, consignó La Diaria.
Otro episodio de los últimos días fue la decisión de recolocar una placa en el salón de actos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) del ex oficial de inteligencia en período de dictadura Víctor Castiglioni, reconocido por torturas a ex presos políticos. Esta distinción ya había sido colocada en 2016 y quitada por petición de ex presos políticos víctimas de los abusos.
Tras el reclamo por este hecho tanto de parte del Frente Amplio como del sindicato policial y distintas organizaciones, se supo que había sido restituida por orden del director nacional de Policía, Diego Fernández, quien dijo a El Observador que se trató de un caso de “justicia profesional que no tiene relación con la actuación de Castiglioni en dictadura”. Tras el rechazo y los pronunciamientos, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó que se retirará la placa.
