SIN DIOS NI LEY

El domingo 14 de octubre de 2012, pasado el mediodía, en una plaza ubicada en el centro del barrio Marconi, Álvaro Nicolás Sosa murió desangrado por un disparo en el pecho. Si las cosas se hubieran dado de otra manera, bajo otras circunstancias, tal vez éste sería solo un caso más, un muerto más, en un barrio que está catalogado como “zona roja”. Pero no: a Álvaro lo ejecutó un oficial de policía, frente a su familia y por causas que aún no quedan claras. A pesar de los múltiples testigos, de un video y de que las pericias determinaron que la bala que mató al joven de 26 años pertenecía al arma reglamentaria de Daniel Martínez Rocha, el oficial fue liberado y el juez, aunque se manifestó en descuerdo, archivó el caso.

Casi dos años después, en junio de 2014, luego de una intensa investigación y de pedir en repetidas oportunidades al Ministerio del Interior información sobre el caso, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) emitió un informe denunciando el ocultamiento de información pública. Además, que las constantes demoras en las respuestas del ministerio atentan contra las leyes que regulan casos donde los derechos humanos fueron violados. El informe señala que “durante el proceso de investigación, las víctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables como en la búsqueda de una justa compensación”. En este caso no se ha cumplido con ninguno de estos derechos, no se ha esclarecido el hecho y la familia no ha recibido compensación.

Se dijeron muchas cosas en los días posteriores al asesinato del Bebe, el apodo con el que nombran a Sosa: que el barrio es difícil, que los vecinos agredieron a la policía y que los disparos fueron solo para “ahuyentar” a la multitud. La fiscal del caso, María Ángeles Camiño, declaró a El País que “se comprobó que la víctima se encontraba expuesta en el lugar de los hechos, participó de los incidentes en el momento que la Policía había llegado para hacer una investigación sobre una rapiña”.

 

Sin embargo parece que lo último que la policía hizo fue investigar. Según contaron los testigos, los agentes llegaron abruptamente hasta el anfiteatro que se encuentra frente a la plaza de la calle Trápani, donde les habían informado que se encontraba un grupo de chicos responsables de rapiñar minutos antes una panadería. Sin mediar palabra, los tres oficiales procedieron a reducir a los chicos que estaban sentados en las escaleras, frente a la mirada atónita de los vecinos que no entendían a qué respondía el operativo y el grado de violencia ejercida por la policía. El Bebe, que rondaba ese lugar juntando basura y fumando pasta base, poco tenía que ver con lo que se estaba gestando en la placita. A pesar de su adicción y de que tenía antecedentes penales por hurto, los que lo conocían dicen que era un “muchacho tranquilo, que no molestaba a nadie”. Cuál fue exactamente el detonante de lo que vino después, no se puede precisar; quizás fue el cansancio de los vecinos que decidieron decir basta a la represión policial, o el hecho de que ninguno de los ocho detenidos tuviera nada que ver con la rapiña (según entendió el juez Dos Santos que los liberó días después).

La gente reaccionó y comenzaron las pedradas, los insultos y forcejeos, que derivaron en disparos por parte de la policía. Se dijo que hubo “fuego cruzado”, pero el juez Homero Da Costa rechazó esta hipótesis ya que de haber sido así, existirían oficiales heridos o al menos marcas de balas en los vehículos policiales, cosa que no ocurrió. De los dos policías que recibieron asistencia médica, uno tenía un ataque de pánico y el otro lesiones leves ocasionadas por las piedras que les arrojaron.

El único que resultó gravemente herido fue quien paradójicamente no recibió ningún tipo de auxilio. El Bebe se murió en la calle, o en la caja de la camioneta del vecino que lo acercó a la policlínica de la calle Capitán Tula, en Maroñas. Sea como sea, se murió por falta de asistencia de las autoridades cuya labor principal es la de proteger a los ciudadanos. María Teresa Conde gritaba frente a las cámaras de Subrayado que a su hijo “lo mataron como a un perro” y como si fuera poco, cuando ella y su hija se acercaron a la policlínica, desesperadas por saber de él, la policía las recibió con agresiones físicas y verbales.

Todo lo que pasó después es conocido: la marcha de la cual la familia no participó, la quema de vehículos en protesta y otra vez la represión de la policía que mantuvo el barrio cercado toda la noche del 15 de octubre. Como si de una burla se tratara, el Bebe fue enterrado en el Cementerio del Norte, en medio de un operativo de la Guardia Republicana, que temía una “represalia” por parte de la familia, cosa que nunca sucedió. A pesar de chocar una y otra vez contra un sistema que la marginó, María Teresa no se rindió y ese mismo año presentó una denuncia en la INDDHH, alegando que la muerte de su hijo se debió a “la actuación irregular de los funcionarios mencionados, que no respetaron las normas sobre uso de la fuerza”. Por su parte, y según se desprende del expediente, la INDDHH solicitó al Ministerio del Interior, en reiteradas ocasiones, información referente a la causa, la cual demoró casi un año y medio en llegar, lo que se entiende como una negativa por parte del Estado a colaborar activamente y de buena fe. En cuanto al manejo de dicha información, la INDDHH exige que se cumpla lo expuesto en la Ley No 18.381 acerca del derecho de acceso a la información pública en casos de violaciones a los derechos humanos. La ley invalida la posibilidad de hacer uso de cualquier tipo de reserva, pero por sobre todas las irregularidades, demoras y omisiones, la INDDHH entiende que se ha violado un derecho humano, el primordial de todos, el derecho a la vida.

A Álvaro Sosa lo mataron dos veces, la primera cuando una bala que supuestamente debía apuntar al “cielo” le atravesó el torso; y la segunda, cuando se le negó la rápida asistencia médica que pudo haber marcado la diferencia.

La INDDHH, utilizando este caso como marco de referencia, recomienda que se revisen las conclusiones de la investigación, que se trabaje en los métodos de capacitación y formación de la Policía Nacional y que se controle el uso de la fuerza en los operativos.

Respecto a la familia, se propone una reparación integral y se menciona la necesidad de que se les brinde un trato “digno y respetuoso”. Cabe preguntarse si a esta altura, y con todo lo ocurrido, hablamos de derechos o simplemente de humanidad.

Valentina Basanta