El fracking es una técnica de fractura hidráulica que facilita las extracciones subterráneas de gas y petróleo. En Uruguay, la ley 19.585 prohíbe la aplicación de la técnica en todo el territorio, pero tiene una vigencia de 4 años: al final del período, la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNECT) deberá presentar un informe especial que defina si la prohibición continúa en pie o si se admite su práctica. La ley se promulgó en diciembre de 2017, por lo que faltan pocos meses para que se cumpla el plazo. Sin embargo, el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Walter Verri, expresó el lunes que la línea del gobierno es extender la prohibición por un período de ocho a diez años. La decisión ya fue discutida con Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente (MA), aunque se espera el informe de la CNECT para enviar el proyecto de ley a la Asamblea General.
Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS), expresó con preocupación que de ponerse en práctica del fracking en Uruguay, Argentina, Brasil o Paraguay se “afectaría” al Acuífero Guaraní. Viñas sugirió que el Mercosur podría ser una herramienta provechosa para declarar a la región como “zona libre de fracking” y que Uruguay podría ser “abanderado” de esta iniciativa. Sin embargo, definió la situación argentina como el primer obstáculo para avanzar en una prohibición a nivel regional: el país vecino ha invertido tanto en la exploración como en la explotación de Vaca Muerta -la formación geológica de shale de la cuenca neuquina-, y lo señaló como un buen ejemplo de lo que no debe hacerse. “Ha gastado millones de dólares en empresas petroleras sin sacar ningún rédito”, agregó.
Ignacio Zavaleta, coordinador de la iniciativa “Legisladores x el ambiente” (LxEA), impulsada por la organización global 350.org, afirmó que el fracking “no es rentable bajo ninguna circunstancia”. La técnica funciona “a fuerza de imponer subsidios que se sacan de la calidad de vida de las personas”, dijo, y resumió a LxEA como una estrategia ante un “adversario difícil”, ya que la propuesta es crear leyes anti fracking en toda América Latina. Actualmente están trabajando con seis provincias argentinas y dos estados brasileños, e insisten en volver a instalar una ley nacional en Colombia, lo que sería propicio para generar una “conciencia continental”.
Zavaleta definió el Acuífero Guaraní como “un tesoro para la humanidad de agua potable y pura”, no sólo para los países implicados. Y es la posibilidad de tener agua a discreción lo que lo vuelve tan llamativo para el fracking, debido a que se requieren “millones de litros por perforación”. Pero aplicar esta técnica sobre el Acuífero Guaraní sería un acto criminal y de contaminación directa, consideró Zavaleta.
“En lo que somos ricos los uruguayos es en agua” y ponerla en riesgo sería “nefasto”, dijo con firmeza a Sala de Redacción Adriana Carabajal, integrante de la Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS). Afirmó que comenzaron a movilizarse, buscando la participación de aquellos que también tienen soberanía sobre el acuífero, para que “estuvieran atentos”. Desde ACAS quieren creer que no será posible aplicar el fracking en Uruguay, pero el peligro está latente.
Manos a la obra
ACAS es una de las organizaciones ambientalistas que firmaron una carta dirigida al ministro de Industria Energía y Minería, Omar Paganini, y al ministro de Ambiente, Adrian Peña, enviada el 24 de mayo. En ella expresaron su preocupación por “la cercanía de la finalización de la moratoria nacional del fracking dispuesta en la ley 19.585” y exigieron que se tomen “medidas urgentes”.
En vistas de la inquietud planteada, la Red Uruguaya de ONG’s Ambientalistas convocó el Primer Diálogo Regional -“¿Es el fracking una alternativa de desarrollo para nuestra región?”- para la tarde del 23 de junio a través de la plataforma Zoom. Contó con el apoyo de la CNECT, y estuvieron presentes aproximadamente 80 personas. Entre sus panelistas participaron especialistas, representantes de la CNECT, de ANCAP y de la sociedad civil. El diálogo inició con la presentación de Alicia Torres, ingeniera agrónoma y coordinadora de la CNECT, quien dio datos acerca del funcionamiento de la comisión, la cual lleva 23 reuniones desde su conformación.
“Desde el punto de vista técnico, el fracking está muerto” y lo mató el “conocimiento generado”, declaró Pablo Gristo Savornin, jefe de Geociencias en la Gerencia Exploración y Producción de ANCAP. Explicó que el foco está en la cuenca norte, ante la posibilidad de que allí se encuentren rocas capaces de producir gas y petróleo, las llamadas shale. Tomaron como base los últimos datos disponibles de las empresas que exploraron el terreno en los últimos años y concluyeron que “para ninguna de las rocas estudiadas hay potencial como reservorio no convencional”. Añadió que la técnica sólo es rentable en los lugares en los que existe una infraestructura previa de producción, lo cual no ocurre en Uruguay.
En la segunda parte de la exposición de ANCAP, tomó la voz Santiago Ferro, quien afirmó que actualmente no existen contratos de exploración: el último fue el firmado con la empresa Schuepbach Energy, finalizado en abril. Destacó que toda la actividad debía pasar por la aprobación de ANCAP, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea). No obstante, aseguró que en la actualidad se detectaba poco interés por parte de la industria.
El ingeniero agrónomo Ivo Gregorio Lima, que participó en representación de Brasil, expresó que veía el tema con preocupación: “el agua subterránea es transfronteriza, cualquier cosa que se haga en Uruguay pasa a Brasil”, y concluyó que el tema debía estudiarse mucho más.
A partir de una pregunta del público, Torres contestó que no existe aún ninguna propuesta de resolución para el Parlamento y que les faltaba una “instancia de diálogo” para recoger las inquietudes de la sociedad civil. Según Torres, “el trabajo de la comisión está focalizado en describir el estado del conocimiento hasta el momento” y consideró que la información será “un aporte a la sociedad” una vez que el documento se publique.
Lo que ya se sabe
“No nos queda más que dudar de todo”, expresó Carabajal, quien se apoyó en el plural para representar a los vecinos que denunciaron los efectos de las exploraciones de la cuenca norte. “Nosotros no olvidamos”, manifestó, y agregó que recuerdan las “perforaciones” hechas en Cerro Padilla y Piedra Sola, de los incidentes y de las explosiones. En conversación con Sala de Redacción, la activista Ana Filippini, integrante del MOVUS, subrayó las consecuencias de los procesos exploratorios en la cuenca norte: “hubo un derrame químico que fue a dar con el Acuífero Guaraní y nadie hizo nada”. Además, la activista expresó su preocupación como ciudadana: “¿qué herramientas tenés para sacar la verdad de lo que está pasando? Ninguna”, concluyó.
Filippini comentó que tuvo la oportunidad de conversar con pobladores de la provincia argentina de Rio Negro y le comentaron que “la afectación de derechos es total”. Además, describió con disgusto la experiencia de terceros a los que les afectó directamente la contaminación del suelo y del agua y denunció que hay “muchísima cantidad de abortos registrados” y una “desaparición de sistemas médicos” en la medida en que muchos profesionales prefieren migrar del lugar. “Aparte de todo, la gente perdió sus medios de vida”, lamentó Filippini, al describir la forma en que las plantaciones se habían secado a causa de los derrames.
A considerar
Según el geógrafo argentino Roberto Ochandio, el pueblo uruguayo debe cuestionarse cuál será la táctica más conveniente: entrar en una deuda por la búsqueda de gas y petróleo, seguir comprando gas de afuera o pensar en alternativas nuevas, según dijo a Sala de Redacción. Para Ochandio, Uruguay posee características propicias para “cortar directamente el cordón umbilical que lo une a la industria del petróleo”, en lugar de apostar por un esquema que “está destruyendo el planeta”.
El geógrafo explicó que la financiación del Estado es lo que mantiene en pie el negocio en Argentina. “Sin eso el fracking se muere de entrada”, comentó, y agregó que el negocio en Vaca Muerta comenzó porque de antemano tenía “toda la infraestructura necesaria” que se usaba para yacimientos convencionales: acueductos, caminos o plantas de procesamiento. Ochandio también planteó el caso de Estados Unidos, en donde el negocio se mantiene porque las empresas petroleras tienen la facilidad de adquirir préstamos “con intereses casi nulos” y sin proveer “ni un solo centavo de ganancia a sus inversores”.
Vista de una fractura hidráulica en Vaca Muerta, en Neuquén. Foto: Juan Mabromata / AFP)
De avanzar con un proyecto de explotación, “el pueblo uruguayo quedaría atado a una deuda increíblemente grande” por un negocio que “beneficia a unos pocos: a las compañías de explotación, a las que venden la maquinaria, a las perforadoras y a los contratistas”. En lo que refiere a la contaminación, a Ochandio le preocupa el trato de los residuos tóxicos. “En el mundo entero no hay un solo pozo que no tenga filtraciones de fluidos o de gases”, subrayó Zavaleta. Además está el tratamiento del flowback, todo lo que regresa a la superficie. “El problema sería la contaminación con una multitud de productos químicos que ni siquiera se sabe cuáles son, porque la industria los oculta”, expresó Ochandio.
Según el geógrafo, no hay justificaciones para que Uruguay avance con el fracking. Por el contrario, el país está en condiciones de “pensar en un Uruguay sustentable en cuanto a demanda”, lo cual sería impensable para los países sobrepoblados.
