Una nueva edición de la Semana de los Derechos de las Infancias y las Adolescencias se desarrolló del lunes 14 al viernes 18, organizada por la Plataforma Infancias y Adolescencias del Uruguay (PIAS). Bajo el lema «Ponete a la altura», se llevaron a cabo propuestas lúdicas, musicales y talleres de danza dirigidos al público joven que transcurrieron en las plazas 1º de Mayo y Cagancha. Con la participación de integrantes del sistema político, de la academia, del sistema educativo, de los medios de comunicación y de la sociedad, se abordaron temas como la salud mental, problema exacerbado a raíz de la emergencia sanitaria, puesto que la infancia y la adolescencia fue uno de los sectores más afectados -y los efectos recién empiezan a manifestarse-. Se hizo hincapié en las diferentes formas en que se manifiesta la violencia que sufren los jóvenes: intrafamiliar, basada en género, institucional, callejera, además de homicidios y suicidios. Se debatió en torno a la educación y las dificultades de acceso, y se reflexionó acerca de los derechos esenciales de adolescentes, niños y niñas, con el fin de informar sobre la normativa vigente.
“El aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño es la excusa o la oportunidad para invitar a la sociedad a una reflexión amplia sobre la situación de la infancia”, aseguró Teresa Supervielle, integrante y coordinadora de PIAS, en diálogo con Sala de Redacción . Supervielle manifestó su preocupación por los niños, niñas y adolescentes con dificultades en su bienestar social -sector en el que se concentra mayoritariamente la pobreza-, que tienen menos niveles de participación y acceso a la cultura. Por eso, planteó que el principal objetivo de las actividades fue “darles visibilidad y protagonismo que les corresponde a niñas, niños y adolescentes”.
Fabiana Condon, psicóloga e integrante de la ONG El Paso, comentó a Sala de Redacción que uno de los desafíos más importantes de las personas adultas es “saber reconocer y percibir que la situación de vulnerabilidad y violencia en los niños existe y se vive día a día”. Agregó que es fundamental acompañar a los jóvenes para generar “procesos de cuidados” y no optar por el desentendimiento y la omisión, “que también es violencia”, concluyó.
Cada 20 de noviembre, desde 1989, se celebra la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño, primer tratado de derechos humanos para niñas, niños y adolescentes, que les confirió el estatus de ciudadanos y les reconoció un conjunto de derechos a ser garantizados por el Estado, la familia y la comunidad. Si bien nuestro país convalidó la Convención en 1990, recién en 2004 ajustó la legislación al nuevo enfoque de derechos, con la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde asentó el compromiso de garantizar todos los derechos para todos los niños. Sin embargo, 33 años después de haberse aprobado la Convención, Supervielle lamentó que “no se aplica una política pública de Estado y objetivos en torno a la infancia y la adolescencia”, y señaló que esa es su preocupación a mediano y largo plazo.
Invisibilizados
Gurises Unidos es una organización que desde 1989 desarrolla acciones de atención directa, monitoreo, incidencia y vigilancia de derechos para y con los niños, niñas y adolescentes, sus familias y las comunidades de los sectores más vulnerables. Lía Fernández, integrante de la organización, dialogó con Sala de Redacción sobre la situación de niños y adolescentes que tienen un familiar responsable privado de libertad. “Uruguay está en el lugar número 12 en el mundo, en la lista de países con más personas en prisión”, planteó, y señaló que alrededor de 20.000 hijos están en una situación de “invisibilidad”, porque una de sus figuras responsables está presa.
“Los gurises hablan con naturalidad de cómo la cárcel los determina en su vida cotidiana”, afirmó Fernández. “Ellos traen mucho dolor, tristeza y mucha bronca con las instituciones policiales y centros penitenciarios, por sus malos tratos, y eso empieza a generar en ellos una subjetividad que los conforma como sujetos”, expresó. Otro de los problemas que conlleva el tener a un familiar directo privado de libertad, apuntó Fernández, es la situación económica de la familia, ya que “los gurises tienen que salir a buscar el mango para comer, las gurisas generalmente se quedan cuidando a sus hermanos y dejan de estudiar”, por lo que asumen roles que “no les corresponden”.
Finalmente, Fernández manifestó que hace 11 años el Comité de los Derechos del Niño, organización internacional que le sugiere recomendaciones a los Estados, hizo “autocrítica” y elaboró nuevas recomendaciones para tratar a los jóvenes que tienen su mamá o papá privado de libertad. Fernández mostró su descontento con la indiferencia que a su entender se tuvo en Uruguay respecto a la nuevas sugerencias: “tenemos un desafío muy grande de garantizar sus derechos, no sólo el Estado sino las organizaciones relacionadas a la salud y la educación, que se ven atravesados en el día a día por esta situación”, recordó.
¿Juzgar con la misma vara?
El tema de la violencia que sufren los adolescentes “se ha visibilizado de muy mal modo por parte de los medios, quienes se ocupan de ello con intención de hacer un espectáculo, más que de tomar esta realidad como un problema social para pensar en cómo resolverlo”, planteó a Sala de Redacción Nilia Viscardi, socióloga y docente de Universidad de la República.
Viscardi aseguró que “como sociedad no hemos logrado una mirada alternativa para tratar este tema desde un enfoque empático” y afirmó que la misión principal de la sociedad es tratar de “deconstruir la mirada de cómo circula y se interpreta el problema que sufren estos adolescentes”.
Por último, la socióloga hizo hincapié en que la propia desigualdad de la sociedad violenta los derechos humanos de los jóvenes, y que varios actores judiciales constantemente pasan “por arriba” la Convención: “carece de sentido que muchos de estos niños a los que se le vulneran constantemente los derechos, se los juzgue de las mismas maneras en los aparatos de la Justicia”, concluyó.
