Desmonopolizar y alquilar

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en abril busca derogar la vigente Ley 19.307 y en simultáneo establecer un nuevo -y mejor- marco normativo para los servicios de difusión de contenido audiovisual. Entre sus 90 artículos el proyecto rescata iniciativas del gobierno vinculadas a Antel que, en su momento, fueron retiradas oportunamente de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Estas iniciativas están contenidas en el artículo número 48, que por un lado habilita a los titulares de licencias de televisión para abonados que operan mediante cable “a solicitar licencias para prestar simultáneamente servicios de banda ancha y acceso a internet” y por otro, le impone a “los operadores públicos de telecomunicaciones [Antel]” la obligación de prestar “servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes” a esos mismos titulares de licencias de televisión para abonados, con el propósito de “promover la inversión eficiente en el despliegue de redes”.

En otras palabras, el artículo 48 de la nueva ley de medios, heredero de los artículos 268 y 269 de la LUC, rompe el actual monopolio de Antel en el servicio de acceso a internet y al mismo tiempo fuerza a la empresa pública a alquilar su red nacional de fibra óptica a las empresas privadas para que estas puedan ingresar en el mercado. Por ahora, el proyecto de ley permanece bajo estudio en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes.

Un nuevo paradigma

Para el ministro de Industria, Omar Paganini, estos cambios en las reglas de juego favorecen la compartición de infraestructura -esto es, la fibra óptica de Antel- y permiten la generación de un ecosistema. “¿Por qué pretendemos generar un ecosistema? Porque lo que se viene en telecomunicaciones es un mundo distinto (…) que va a requerir, en nuestra opinión, la coparticipación público-privada”, manifestó el jerarca semanas atrás en el programa En Perspectiva. Antel se ubicaría en el centro de ese ecosistema.

En tanto para el ex ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, el artículo 48 representa nada más y nada menos que un cambio de paradigma. En diálogo con Sala de Redacción afirmó: “sin ninguna duda se trata de un cambio de un marco ideológico, donde las empresas públicas se consideran como una empresa más y no como parte de un ecosistema público de desarrollo”. Según Moncecchi, la apertura de la fibra óptica favorecería naturalmente a terceros y “como es un mercado en competencia”, acabaría perjudicando a Antel. 

Según Paganini, más temprano que tarde Uruguay tendrá que desplegar la tecnología 5G, lo cual demanda una inversión demasiado grande para Antel. Por eso mismo resulta clave generar un ecosistema que fomente la inversión del sector privado, explicó el jerarca en el programa En Perspectiva. Insertos en el mercado gracias a la desmonopolización de internet y al uso de la fibra óptica de Antel, los operadores de cable privados estarían dispuestos a invertir en nuevas instalaciones.

En conversación con Sala de Redacción, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos cuestionó dicho razonamiento: “hay una función social que cumple Antel como empresa pública de llevar la fibra óptica o la tecnología que sea a los pueblos perdidos del interior del país, que los privados no la van a hacer porque no es rentable”. Por su parte, Moncecchi opinó: “lo que imagino es que va a haber 5G en Punta del Este, seguro. Pero muy probablemente no haya 5G en el norte del país por mucho tiempo. (…) Por eso es que el rol de las empresas del Estado no es comparable al de las empresas privadas”.

El papel de las empresas públicas también es un tema presente en la Comisión de Industria que analiza el proyecto de ley en el Parlamento. “A nosotros no nos anima un Estado jugado al mercado. (…) Nosotros también somos defensores de las políticas sociales y del rol que cumplen las empresas públicas en lo social”, señaló en una sesión Omar Lafluf, diputado del Partido Nacional, según figura en la versión taquigráfica. No obstante, el legislador apuntó que tampoco sirve prohibirle la entrada a empresas que sí pueden brindar mejores servicios en beneficio de la población. 

¿Suma o resta?

En el programa En Perspectiva el ministro Paganini, refiriéndose a los costos que conlleva el desarrollo de la tecnología 5G, mencionó que Antel no tiene los recursos necesarios para afrontar semejante inversión porque ya invirtió en proyectos que aún “no están dando el retorno en el plazo que se precisa”. Los privados, entonces, complementarían la incapacidad del ente en materia de inversión.

Esto último fue replicado por Carolina Cosse, ex ministra de Industria y ex presidenta de Antel, durante una intervención en el Senado en plena discusión de la LUC. “El argumento de que Antel necesita revender su fibra para amortizar la inversión no es válido. (…) Porque, como empresa rentable que es, año a año está amortizando todas sus inversiones. Antel es una empresa de mil millones de dólares de ingresos”, aseguró Cosse. En ese sentido, Moncecchi agregó que “lo que recaudás por alquilar la fibra no te va a compensar la pérdida de clientes”, aludiendo a los efectos de la desmonopolización de internet a mediano plazo. 

Por otra parte, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) expresó preocupación por el futuro posicionamiento de Antel en el mercado. En su visita a la Comisión de Industria, Gabriel Molina, presidente del gremio, subrayó que “si no hay un control y decisiones políticas para que nuestra empresa de telecomunicaciones pueda seguir desarrollándose, estaríamos haciendo un regalo [de la fibra óptica]”. 

Puntos ciegos

Otra de las objeciones al artículo 48 es la diferenciación que fija entre operadores de cable y operadores de aire a la hora de solicitar permisos para prestar servicios de banda ancha y acceso a internet. En efecto, la normativa sólo explicita la habilitación de los titulares de licencias de televisión para abonados que operan mediante cable, excluyendo implícitamente a los que operan vía satélite, como por ejemplo la estadounidense Directv.

La ambigüedad de la redacción -que no aclara los derechos de los operadores de aire- ha suscitado, por lo menos dos fuertes críticas. En primer lugar; la prohibición a estas empresas privadas de proporcionar simultáneamente televisión y datos, prohibición que establecía la ley de medios vigente y que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional. De hecho, la posibilidad de volver a caer en una situación de inconstitucionalidad fue señalada expresamente por asesores de Directv durante una visita de la empresa a la Comisión de Industria. Y en segundo lugar, se reprocha la limitación al consumidor de obtener acceso a internet vía satélite, algo que si bien constituye un servicio muy inferior a la fibra óptica en términos de calidad, resulta fundamental para las poblaciones más remotas y aisladas del país. Sobre todo cuando uno de los argumentos esgrimidos a favor del artículo 48 es que ayudaría a garantizar una mayor conexión a internet en el medio rural.

Según el diputado Olmos, la única explicación a dicha separación entre cable y aire es que el proyecto de ley “responde a los intereses de los grupos económicos propietarios de los multimedios de comunicación en este país”. En cualquier caso, autoridades de Directv advirtieron en su intervención en el Parlamento que, aunque la tecnología satelital sí tiene capacidad para cubrir todos los puntos ciegos del territorio nacional, la empresa no tiene actualmente un plan concreto para la implementación de internet satelital en Uruguay. 

Hechos de la realidad

A modo de introducción del articulado, el proyecto de ley coloca a los medios de comunicación uruguayos en un contexto cambiante y delicado. La evolución de la tecnología -sostiene el texto de la nueva ley de medios-, ha configurado una “nueva realidad” que amenaza su supervivencia, “porque ha caído su demanda y sus modelos de ingresos” y porque además “son objeto de un marco legal muy restrictivo que no les permite adaptarse” y que compromete su viabilidad. 

“Estamos ante una verdadera crisis de viabilidad del sector que incluso ha llevado a que se estén devolviendo permisos”, manifestó Juan Andrés Lerena, asesor de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) ante la Comisión de Industria, según recoge la versión taquigráfica. Asimismo, Lerena informó a los diputados que los operadores de cable han perdido 53 mil clientes entre 2016 y 2019, bajando de 730 a 677 mil abonados.  

Del debate parlamentario se desprende que esta tendencia a la baja se profundizará en los próximos años, lo cual empujará a las empresas de televisión para abonados a migrar hacia plataformas de streaming que les permitan continuar en el mercado audiovisual. Y para que dicha reconversión resulte efectiva se torna imprescindible la obtención de licencias para prestar acceso a internet, lo que a su vez implica el fin del monopolio de Antel.

Tiempo al tiempo

Aún no hay una fecha prevista para la votación de la nueva ley de medios en el Parlamento. Consultado al respecto, el diputado Olmos comentó que el tratamiento viene “bastante lento” y no “parece que vaya a venir con mucho apuro”. La Comisión de Industria de la cámara baja ya ha recibido alrededor de una decena de delegaciones del Poder Ejecutivo, cámaras empresariales, sindicatos de trabajadores y organizaciones de la sociedad civil. Todavía resta que asista el directorio de Antel, encabezado por su nuevo presidente, Gabriel Gurméndez.

No pocas veces los legisladores que estudian el proyecto de ley han destacado que está sujeto a modificaciones. En cuanto al artículo 48, surge como antecedente inmediato lo que ocurrió durante el tratamiento de la LUC, donde tanto la desmonopolización de Internet como el alquiler de la fibra óptica fueron retirados por falta de consenso entre los integrantes de la coalición gobernante. Aunque, tal como se preocupó de subrayar el ministro Paganini ante la Comisión de Industria, “esto no es la victoria de un sector que protestó y por eso se sacaron dos artículos”.